Ciudad de México, 2 de marzo de 2025.- El próximo 5 de marzo de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará para reconocer a la madre y padre de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, víctima de violencia feminicida en el estado de México, como víctimas indirectas por el feminicidio de su hija. Se trata de un proyecto de sentencia de la ministra Margarita Ríos Farjat que podría marcar un precedente en materia de reparación del daño y medidas de no repetición en casos de feminicidios en México.
La Primera Sala votará el proyecto de sentencia en el Amparo Directo en Revisión 5363/2023, un caso de feminicidio emblemático de 2015, del cual representa una década de lucha por justicia para Fátima y su madre y padre, quienes no solo se han enfrenado al dolor de su perdida, sino también a amenazas, desplazamiento forzado y a la muerte de su hijo, Daniel Quintana Gutiérrez en noviembre de 2020 por una negligencia médica y estatal mientras se encontraba en una medida de protección en Monterrey, Nuevo León.
Cuando ocurrió el feminicidio, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito negó reconocer a la madre y padre de Fátima como víctimas indirectas del delito de feminicidio, provocando que no pudieran acceder a la reparación del daño. Ahora, la SCJN tiene la oportunidad de hacer una sentencia histórica para que la calidad de «victima indirecta» no dependa de formalismos, sino del vínculo con la víctima y el impacto en sus familiares.
Por ello, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) -una red conformada por organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos, colectivos y familiares de víctimas de violencia feminicida- hizo un llamado a las y los ministros de la Primera Sala de la SCJN para votar a favor del proyecto que además, reitera la inconstitucionalidad de los topes normativos para establecer reparaciones y señala la responsabilidad del Estado por incumplir su obligación de prevenir el delito de feminicidio en México.
De ser aprobado, además de reconocer a los padres de Fátima como víctimas indirectas, el Máximo Tribunal ordenará medidas de satisfacción y de no repetición a cargo del estado de México, por su responsabilidad solidaria ante la persistencia del contexto de violencia feminicida en la entidad y el incumplimiento a la obligación de prevenir estas violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.
«Aprobar este proyecto no solo haría justicia para la familia de Fátima, sino que también sentaría un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad y la violencia feminicida en México. Garantizar la reparación integral del daño en casos de feminicidio es un paso indispensable para reconocer el sufrimiento de las familias, dignificar la memoria de las víctimas y asegurar que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.» -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
EL FEMINICIDIO DE FÁTIMA Y LA LUCHA DE SU FAMILIA
Fátima Varinia Quintana Gutiérrez tenía 12 años cuando tres hombres, entre ellos un menor de edad, la agredieron sexualmente y perpetraron en su contra violencia física indecible que culminó en su feminicidio el 5 de febrero de 2015, en la comunidad Lupita Casas Viejas, en Lerma, Estado de México.
Tras el crimen, la familia se vio amenazada por las familias de los presuntos feminicidas; situación que obligó a las y los 12 miembros de su hogar a huir para salvar la vida. Actualmente se encuentran en su cuarto desplazamiento luego de que en la tercera medida de protección Daniel, hermano de Fátima, perdiera la vida como consecuencia de negligencia institucional y médica.
Por el feminicidio de Fátima fueron detenidos los hermanos Misael y Luis Ángel Atayde, junto a José Juan Hernández Tecruceño, quienes eran vecinos de la niña en Lerma, Estado de México.
Luis Atayde fue sentenciado a 73 años y cuatro meses de prisión, José Juan recibió prisión vitalicia, mientras que Misael Atayde fue sentenciado a cinco años de cárcel, ya que el feminicidio de Fátima lo perpetró cuando él era menor de edad.
Fue el pasado mes de junio de 2024 cuando el feminicida salió de prisión, a punto de cumplir 25 años de edad. Sin embargo, Lorena Gutiérrez, madre de Fátima y Daniel, acusa que desde un inicio el proceso estuvo plagado de irregularidades.
Cuando Misael fue ingresado al Centro De Internamiento Para Adolescentes «Quinta Del Bosque» Zinacantepec ya tenía 20 años. Sin embargo, cuando asesinó a Fátima estaba a tres meses de cumplir 18 años, no era mayor de edad, por lo que únicamente se le sentenció a cinco años.
El día que se dictó su sentencia su madre estaba presente junto a él. Se le indicó que debía pagar una reparación del daño a la familia Quintana Gutiérrez, pero tanto él como su mamá aseguraron que no contaban con recursos económicos para cubrir la cantidad solicitada, por lo que pidieron una prórroga e incluso la posibilidad de “pagar en abonos chiquitos”.
El 29 de noviembre de 2024, José Juan solicitó un amparo para reducir la pena vitalicia ante el Poder Judicial del Estado de México que fue aprobado por tres magistrados que resolvieron a favor, de los cuales dos de ellos se jubilaron un día después de esta resolución. Sin embargo, nadie le notificó a la familia cuando las audiencias se llevaron a cabo.
El 5 de febrero de 2025 se cumplió una década del feminicidio de Fátima.
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