En las próximas semanas saldrá mi libro Seguridad, transparencia y derechos humanos, resultado de más de un año de trabajo como un punto de partida sobre una investigación más amplia. La idea del libro nace de un hecho evidente: cada vez hay más recursos públicos para seguridad y procuración de justicia y menos resultados desde la percepción de la comunidad. Se solicita confianza a la sociedad, pero no se le ofrecen argumentos racionales que justifiquen esa solicitud. Se apela a que como en la religión se haga de un sistema de responsabilidades y resultados un acto de fe dogmático.
Primero. Los sistemas institucionales de procuración de justicia y de seguridad pública han cobrado una importancia relevante en México. Es entendible si se parte de que la garantía de la convivencia pacífica y armónica de los gobernados es un presupuesto del Estado de derecho. El reto fundamental reside en la corrupción y en la impunidad. De entrada hay un caso de corrupción cuando se viola la ley. Pero es posible que actualice la hipótesis de la corrupción una conducta que no lesiona la norma jurídica, pero sí lastima la percepción racional de lo que es correcto o incorrecto. Como es sabido, una conducta puede ser legal, pero inmoral. En términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la impunidad es “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de derechos humanos”. En la parte más preocupante y básica que es la comisión de delitos, un estudio del CIDAC estima una cifra del 98.76% en los indicadores de la impunidad en México.
Segundo. Las medidas que se han llevado a cabo para reducir la brecha entre vigencia y eficacia de la ley se perciben inconexas, infructuosas, costosas y con grandes posibilidades de actos de corrupción e impunidad. No basta sólo con proponer una iniciativa legal bajo los estándares habituales habida cuenta que probablemente será letra muerte o, por lo menos, de una eficacia muy cuestionable. La cultura de la negociación de la ley y no su aplicación sin adjetivos sigue siendo un buen deseo. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE define como seguridad a: “una condición universal en la cual las personas y las comunidades viven en libertad, paz y seguridad, participan plenamente en el gobierno de sus países, disfrutan de la protección de los derechos fundamentales, tienen acceso a los recursos y a las necesidades básicas para vivir y habitan en un entorno que no sea perjudicial para su salud y bienestar”. No es esa definición la que orienta los esfuerzos del gobierno mexicano, sino relacionada con la “seguridad democrática” más cercana a las dictaduras latinoamericanas del siglo XX.Tercero. Es por las razones anteriores que el principio de “todo o nada” ha sido superado en esta materia. En Estados Unidos, el artículo 552 b 1 (A) de la FOIA dispone que en materia de información reservada por cuestiones que afecten a la seguridad nacional se debe atender a un decreto presidencial que establezca los criterios correspondientes. El decreto presidencial 12, 958 sobre clasificación de información de seguridad nacional establece un sistema para clasificar, resguardar y desclasificar la información de referencia. El propio decreto prescribe que: a) Si existe duda sobre si se debe clasificar información o no, se debe optar por liberar dicha información; b)La información que a juicio del decreto puede afectar la seguridad nacional es aquella relacionada con planes militares, sistemas de armamento u operaciones, información de gobiernos extranjeros, actividades de inteligencia, fuentes o métodos de inteligencia o criptología, relaciones exteriores o actividades externas de los Estados Unidos, incluyendo fuentes confidenciales, materias científicas, tecnológicas o económicas relacionadas con la seguridad nacional, programas del gobierno de los Estados Unidos para resguardar materiales nucleares o instalaciones, o vulnerabilidades o capacidades de sistemas, instalaciones, proyectos o planes relacionados con la seguridad nacional. Incluso en el más reciente Decreto Ejecutivo del Presidente de Estados Unidos número 13526 del 2 de enero del 2010 en materia de clasificación deja a salvo aquella información “que pueda suponer violaciones a la ley, ineficiencias o errores administrativos”.
Cuarto. En los últimos años se ha podido advertir el incremento sustancial en el Presupuesto de Egresos de la Federación a labores de seguridad pública y de procuración de justicia, pero ello no refleja resultados razonablemente aceptables. Cabe señalar que entre 1997 y 2007 se incrementaron en 700 por ciento los delitos vinculados al narcotráfico, según un estudio de Alejandro Gertz Manero (Seguridad y justicia p.9) La sociedad sigue sin confiar en la autoridad visto que sólo el 22 por ciento de los delitos se denuncian. (Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad ICESI. 2009) Las víctimas de delitos no denuncian porque lo consideran una “pérdida de tiempo” (39%) o desconfianza a la autoridad (16%). La mayor parte de las víctimas que sí presentó denuncia afirman que pasó “nada” (33%) o que “está en trámite” (23%). La percepción de los gobernados para el 2009 es que se han incrementado los delitos (58.5%) y que han dejado de hacer cosas que sí llevaban a cabo antes.El índice de impunidad asciende al 98.3%, de suerte que a quien cometa un delito sólo en el 1.7% de los casos será presentado ante un juez competente. (Índice de incidencia delictiva y violencia. CIDAC.2009).
Quinto. Es necesaria la adopción de criterios de regulación de accesibilidad y clasificación informativa. Asimismo se requiere la aplicación de criterios de medición de accesibilidad y clasificación informativa a los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia de manera periódica para evaluar el comportamiento de estas instituciones, generar incentivos para ajustar las conductas de los servidores públicos al mandato de la ley, exponer los casos presumibles de ilicitud, conciliar perfiles con personas en el servicio público y empezar a recobrar el camino perdido en el sexenio de Felipe Calderón donde no hay resultados, sí hay más gastos y persisten las condiciones para que la corrupción y la impunidad pemanezcan estables.
Evillanueva99@yahoo.com
Primero. Los sistemas institucionales de procuración de justicia y de seguridad pública han cobrado una importancia relevante en México. Es entendible si se parte de que la garantía de la convivencia pacífica y armónica de los gobernados es un presupuesto del Estado de derecho. El reto fundamental reside en la corrupción y en la impunidad. De entrada hay un caso de corrupción cuando se viola la ley. Pero es posible que actualice la hipótesis de la corrupción una conducta que no lesiona la norma jurídica, pero sí lastima la percepción racional de lo que es correcto o incorrecto. Como es sabido, una conducta puede ser legal, pero inmoral. En términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la impunidad es “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de derechos humanos”. En la parte más preocupante y básica que es la comisión de delitos, un estudio del CIDAC estima una cifra del 98.76% en los indicadores de la impunidad en México.
Segundo. Las medidas que se han llevado a cabo para reducir la brecha entre vigencia y eficacia de la ley se perciben inconexas, infructuosas, costosas y con grandes posibilidades de actos de corrupción e impunidad. No basta sólo con proponer una iniciativa legal bajo los estándares habituales habida cuenta que probablemente será letra muerte o, por lo menos, de una eficacia muy cuestionable. La cultura de la negociación de la ley y no su aplicación sin adjetivos sigue siendo un buen deseo. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE define como seguridad a: “una condición universal en la cual las personas y las comunidades viven en libertad, paz y seguridad, participan plenamente en el gobierno de sus países, disfrutan de la protección de los derechos fundamentales, tienen acceso a los recursos y a las necesidades básicas para vivir y habitan en un entorno que no sea perjudicial para su salud y bienestar”. No es esa definición la que orienta los esfuerzos del gobierno mexicano, sino relacionada con la “seguridad democrática” más cercana a las dictaduras latinoamericanas del siglo XX.Tercero. Es por las razones anteriores que el principio de “todo o nada” ha sido superado en esta materia. En Estados Unidos, el artículo 552 b 1 (A) de la FOIA dispone que en materia de información reservada por cuestiones que afecten a la seguridad nacional se debe atender a un decreto presidencial que establezca los criterios correspondientes. El decreto presidencial 12, 958 sobre clasificación de información de seguridad nacional establece un sistema para clasificar, resguardar y desclasificar la información de referencia. El propio decreto prescribe que: a) Si existe duda sobre si se debe clasificar información o no, se debe optar por liberar dicha información; b)La información que a juicio del decreto puede afectar la seguridad nacional es aquella relacionada con planes militares, sistemas de armamento u operaciones, información de gobiernos extranjeros, actividades de inteligencia, fuentes o métodos de inteligencia o criptología, relaciones exteriores o actividades externas de los Estados Unidos, incluyendo fuentes confidenciales, materias científicas, tecnológicas o económicas relacionadas con la seguridad nacional, programas del gobierno de los Estados Unidos para resguardar materiales nucleares o instalaciones, o vulnerabilidades o capacidades de sistemas, instalaciones, proyectos o planes relacionados con la seguridad nacional. Incluso en el más reciente Decreto Ejecutivo del Presidente de Estados Unidos número 13526 del 2 de enero del 2010 en materia de clasificación deja a salvo aquella información “que pueda suponer violaciones a la ley, ineficiencias o errores administrativos”.
Cuarto. En los últimos años se ha podido advertir el incremento sustancial en el Presupuesto de Egresos de la Federación a labores de seguridad pública y de procuración de justicia, pero ello no refleja resultados razonablemente aceptables. Cabe señalar que entre 1997 y 2007 se incrementaron en 700 por ciento los delitos vinculados al narcotráfico, según un estudio de Alejandro Gertz Manero (Seguridad y justicia p.9) La sociedad sigue sin confiar en la autoridad visto que sólo el 22 por ciento de los delitos se denuncian. (Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad ICESI. 2009) Las víctimas de delitos no denuncian porque lo consideran una “pérdida de tiempo” (39%) o desconfianza a la autoridad (16%). La mayor parte de las víctimas que sí presentó denuncia afirman que pasó “nada” (33%) o que “está en trámite” (23%). La percepción de los gobernados para el 2009 es que se han incrementado los delitos (58.5%) y que han dejado de hacer cosas que sí llevaban a cabo antes.El índice de impunidad asciende al 98.3%, de suerte que a quien cometa un delito sólo en el 1.7% de los casos será presentado ante un juez competente. (Índice de incidencia delictiva y violencia. CIDAC.2009).
Quinto. Es necesaria la adopción de criterios de regulación de accesibilidad y clasificación informativa. Asimismo se requiere la aplicación de criterios de medición de accesibilidad y clasificación informativa a los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia de manera periódica para evaluar el comportamiento de estas instituciones, generar incentivos para ajustar las conductas de los servidores públicos al mandato de la ley, exponer los casos presumibles de ilicitud, conciliar perfiles con personas en el servicio público y empezar a recobrar el camino perdido en el sexenio de Felipe Calderón donde no hay resultados, sí hay más gastos y persisten las condiciones para que la corrupción y la impunidad pemanezcan estables.
Evillanueva99@yahoo.com
