MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 02 DE JUNIO DE 2011.- A propuesta de la Senadora del PRD, Rosalinda López Hernández, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitó al Titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luegue Tamargo, remita a esa soberanía, un informe pormenorizado sobre el avance físico-financiero de cada una de las obras y estudios contemplados en el Plan de acción urgente, de acción inmediata, y en el de acciones de mediano plazo que forman parte del Plan Hídrico Integral de Tabasco, así como la modificación de los plazos originalmente estimados para la conclusión de las acciones referidas.
Así mismo en el punto de acuerdo que presentó la legislador tabasqueña, se pide a la Procuraduría General de la República, (PGR) entregue un informe que contenga el estado en que se encuentran las investigaciones ministeriales en relación con las denuncias de hechos presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, correspondientes a los contratos de obra pública y de servicios números SGIH-OCFS-TAB-09- TT-076-RF-13 Y SGIH-OCFS-TAB- 09-TT-061-RF-13, en relación con la auditoría de inversiones físicas: 09-0-16B00-04-0768, practicada a la Comisión Nacional del Agua y que constan en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. Una vez que se cuente con los informes que se han solicitado a las autoridades que han quedado identificadas, se remitirá copia de los mismos a la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y para los efectos a que hubiere lugar, en el ámbito de su competencia.
En entrevista Rosalinda López recordó que las obras de infraestructura hidráulica proyectadas en los últimos diez años, para proteger la vida y el patrimonio de los tabasqueños ante las recurrentes inundaciones, han padecido retrasos que han postergado muchas acciones que permitirían aminorar el impacto de los fenómenos naturales en las zonas más vulnerables del estado de Tabasco. También manifestó que la falta de acciones para reducir los riesgos de las lluvias e inundaciones, no sólo ha provocado pérdidas millonarias en la infraestructura pública y en el patrimonio de las personas, sino también ha encarecido y dificultado la ejecución de los planes y programas de protección, además de distraer recursos para acciones provisionales dirigidas a sustituir las funciones que debían realizar las obras que, indebidamente, en el momento de la emergencia estaban inconclusas o mal proyectadas. En este orden de ideas, señaló que existe una investigación, por parte del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, respecto de 52 contratos por un monto de 129 millones 483 mil pesos, cuyo objeto fue la colocación y retiro de costalera y su supervisión, en lugar de haber aplicado dichos recursos para rehabilitar y construir infraestructura hidráulica que resultó dañada por la presencia de lluvias e inundaciones. Explicó que la construcción de cauces de alivio y bordos de protección a base de colocación de costales rellenos de arena fueron acciones que forzosamente la autoridad tuvo que adoptar para proteger tanto a la población civil como a las áreas productivas ante la emergencia ocurrida en los años 2007 y 2008. A casi cuatros años de ponerse en marcha el Plan Hídrico Integral de Tabasco, denunció, los avances físicos de las obras y acciones contempladas para diciembre de 2010 no superaban el 20 por ciento, por lo que, en enero del presente año, el titular de la CONAGUA informó que el Plan Hídrico no sería terminado en el 2012, año en que originalmente se proyectó su conclusión. Citó que según el Informe de la Cuenta Pública de 2009, elaborado por la Auditoria Superior de la Federación, constan diversas irregularidades en la implementación de esta Plan, entre las que destacan: pagos indebidos a contratistas; falta de confiabilidad y veracidad de la información reportada; desviación de recursos; falta de información de los contratistas hacia la CONAGUA sobre el avance físicofinanciero de los contratos además de falta de proyectos. Es el caso, por ejemplo, -mencionó- de los pagos indebidos que la Dirección Local de la CONAGUA realizó a contratistas por un monto de 76 millones 992 mil pesos, al dar por cierto los avances de las obras consignados en las estimaciones presentadas por los residentes, superintendentes y supervisores de obra, siendo que no se habían ejecutado tales obras. Ante los argumentos sustentados por la Senadora del PRD, Rosalinda López Hernández, los integrantes de la Comisión Dictaminadora procedieron al estudio de los planteamientos hechos por la promovente y coincidieron plenamente con la preocupación manifestada, ya que la protección civil es una de las obligaciones fundamentales del Estado y a éste le corresponde tomar las medidas que resulten más eficientes y efectivas, para hacer frente a cualquier contingencia que se presente. No pasando por alto –advirtieron- que los fenómenos naturales son impredecibles, sin embargo, se pueden tomar medidas preventivas para aminorar las consecuencias de estos fenómenos y esta es, justamente, una de las principales obligaciones de la Comisión Nacional del Agua, en especial, en aquellas zonas que se encuentran más propensas a sufrir determinados fenómenos naturales, siendo, en el caso de Tabasco, las inundaciones.
Así mismo en el punto de acuerdo que presentó la legislador tabasqueña, se pide a la Procuraduría General de la República, (PGR) entregue un informe que contenga el estado en que se encuentran las investigaciones ministeriales en relación con las denuncias de hechos presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, correspondientes a los contratos de obra pública y de servicios números SGIH-OCFS-TAB-09- TT-076-RF-13 Y SGIH-OCFS-TAB- 09-TT-061-RF-13, en relación con la auditoría de inversiones físicas: 09-0-16B00-04-0768, practicada a la Comisión Nacional del Agua y que constan en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. Una vez que se cuente con los informes que se han solicitado a las autoridades que han quedado identificadas, se remitirá copia de los mismos a la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y para los efectos a que hubiere lugar, en el ámbito de su competencia.
En entrevista Rosalinda López recordó que las obras de infraestructura hidráulica proyectadas en los últimos diez años, para proteger la vida y el patrimonio de los tabasqueños ante las recurrentes inundaciones, han padecido retrasos que han postergado muchas acciones que permitirían aminorar el impacto de los fenómenos naturales en las zonas más vulnerables del estado de Tabasco. También manifestó que la falta de acciones para reducir los riesgos de las lluvias e inundaciones, no sólo ha provocado pérdidas millonarias en la infraestructura pública y en el patrimonio de las personas, sino también ha encarecido y dificultado la ejecución de los planes y programas de protección, además de distraer recursos para acciones provisionales dirigidas a sustituir las funciones que debían realizar las obras que, indebidamente, en el momento de la emergencia estaban inconclusas o mal proyectadas. En este orden de ideas, señaló que existe una investigación, por parte del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, respecto de 52 contratos por un monto de 129 millones 483 mil pesos, cuyo objeto fue la colocación y retiro de costalera y su supervisión, en lugar de haber aplicado dichos recursos para rehabilitar y construir infraestructura hidráulica que resultó dañada por la presencia de lluvias e inundaciones. Explicó que la construcción de cauces de alivio y bordos de protección a base de colocación de costales rellenos de arena fueron acciones que forzosamente la autoridad tuvo que adoptar para proteger tanto a la población civil como a las áreas productivas ante la emergencia ocurrida en los años 2007 y 2008. A casi cuatros años de ponerse en marcha el Plan Hídrico Integral de Tabasco, denunció, los avances físicos de las obras y acciones contempladas para diciembre de 2010 no superaban el 20 por ciento, por lo que, en enero del presente año, el titular de la CONAGUA informó que el Plan Hídrico no sería terminado en el 2012, año en que originalmente se proyectó su conclusión. Citó que según el Informe de la Cuenta Pública de 2009, elaborado por la Auditoria Superior de la Federación, constan diversas irregularidades en la implementación de esta Plan, entre las que destacan: pagos indebidos a contratistas; falta de confiabilidad y veracidad de la información reportada; desviación de recursos; falta de información de los contratistas hacia la CONAGUA sobre el avance físicofinanciero de los contratos además de falta de proyectos. Es el caso, por ejemplo, -mencionó- de los pagos indebidos que la Dirección Local de la CONAGUA realizó a contratistas por un monto de 76 millones 992 mil pesos, al dar por cierto los avances de las obras consignados en las estimaciones presentadas por los residentes, superintendentes y supervisores de obra, siendo que no se habían ejecutado tales obras. Ante los argumentos sustentados por la Senadora del PRD, Rosalinda López Hernández, los integrantes de la Comisión Dictaminadora procedieron al estudio de los planteamientos hechos por la promovente y coincidieron plenamente con la preocupación manifestada, ya que la protección civil es una de las obligaciones fundamentales del Estado y a éste le corresponde tomar las medidas que resulten más eficientes y efectivas, para hacer frente a cualquier contingencia que se presente. No pasando por alto –advirtieron- que los fenómenos naturales son impredecibles, sin embargo, se pueden tomar medidas preventivas para aminorar las consecuencias de estos fenómenos y esta es, justamente, una de las principales obligaciones de la Comisión Nacional del Agua, en especial, en aquellas zonas que se encuentran más propensas a sufrir determinados fenómenos naturales, siendo, en el caso de Tabasco, las inundaciones.
