Será inédita la calificación presidencial del 2012
Marco Antonio Zavala Arredondo, secretario general de acuerdos del TEPJF, señala que se aplicarán por primera vez las reformas Constitucional de noviembre de 2007 y del Cofipe de enero de 2008
México, DF. La calificación de la elección presidencial ha sido diferente en cada caso desde 1996, con excepción de la de 2000, siempre se ha cuestionado su calidad, y la de este año no es diferente, señaló Marco Antonio Zavala Arredondo.
El secretario general de Acuerdos del TEPJF, explicó que para calificar el proceso electoral presidencial de 2012 se aplicarán por primera vez las reformas Constitucional de noviembre de 2007 y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) de enero de 2008.
Además de las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, también de julio de 2008, añadió el funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Esas nuevas disposiciones hacen que se esté ante un proceso inédito, cuyas especificidades definirán los magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF, en particular la comisión designada para preparar el proyecto de calificación y de declaración de presidente electo.
Y es que, por vez primera se resolverá un juicio en el que se analizará la validez de la elección en su conjunto a la luz de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, que lo hacen un proceso muy complejo, subrayó Zavala Arredondo en una de las cápsulas informativas del TEPJF.
Para resaltar lo inédito de la situación, recordó que en la elección de 2000, cuando ganó por vez primera un partido de oposición, sólo se presentaron dos juicios de inconformidad contra algunos cómputos distritales que se tradujeron en la anulación de la votación en dos casillas.
Entonces, para los primeros días de agosto de ese año ya se había emitido un dictamen del cómputo final, la calificación de la elección de Presidente de la República y la declaración de Presidente electo, detalló.
En aquella ocasión, añadió, se hizo el cómputo final de los conteos distritales a partir de la revisión de los expedientes de registro de los distintos candidatos contendientes, y se efectuó una evaluación para revisar la elección en su conjunto.
De ese modo se resolvió, sin mayor problema, el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos y se decretó que el proceso se había llevado en condiciones de regularidad y normalidad, en términos de lo que establecen la Constitución y la ley.
Para la elección de 2006 el escenario se complicó, la variante fue que hubo inconformidad respecto a las condiciones cualitativas del proceso electoral y de sus resultados, que se alegaron en 240 juicios de inconformidad, de los 370 que se presentaron.
En ese año, los integrantes del tribunal determinaron que todos los cuestionamientos sobre la calidad de la elección, es decir, lo que no tiene nada que ver directamente con los cómputos parciales o distritales, se escindieran, se reservaran y se remitieran al expediente de calificación de la elección de Presidente.
Una vez resueltas las inconformidades, al momento de proceder a hacer el cómputo final de la elección, en ese mismo dictamen se estudiaron las distintas impugnaciones, con las pruebas aportadas, con las que se alegaba que el proceso electoral no cumplía con todos los requisitos que establecía la Constitución.
Posteriormente, con el señalamiento de las irregularidades se hizo la declaratoria de presidente electo en el mismo dictamen y, a raíz de esas experiencias, se aprobaron las reformas constitucionales y legales que ahora se aplicarán por primera vez.
Zavala Arredondo agregó que por lo anterior, ahora se prevé la posibilidad de un juicio exprofeso para cuestionar la validez de la elección.
Este, explicó, es precisamente el llamado “juicio madre” promovido por la coalición de partidos que integró el Movimiento Progresista, que falta por resolverse, una vez que ya se desahogaron los más de 300 que se presentaron contra los conteos distritales de la elección presidencial. Puede decirse que lo cuantitativo ya está resuelto y sólo falta lo cualitativo, declaró el funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La forma en que se procede al desahogo de este juicio, como es nuevo, se está construyendo paso a paso, fase a fase y en función de los acuerdos que van tomando los magistrados de la Sala Superior.
Acuerdos que toma, sobre todo, a partir de las propuestas respectivas de la Comisión de Magistrados encargada de presentar el proyecto de calificación de la elección presidencial, destacó el secretario general de acuerdos del máximo tribunal electoral.
El secretario general de Acuerdos del TEPJF, explicó que para calificar el proceso electoral presidencial de 2012 se aplicarán por primera vez las reformas Constitucional de noviembre de 2007 y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) de enero de 2008.
Además de las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, también de julio de 2008, añadió el funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Esas nuevas disposiciones hacen que se esté ante un proceso inédito, cuyas especificidades definirán los magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF, en particular la comisión designada para preparar el proyecto de calificación y de declaración de presidente electo.
Y es que, por vez primera se resolverá un juicio en el que se analizará la validez de la elección en su conjunto a la luz de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, que lo hacen un proceso muy complejo, subrayó Zavala Arredondo en una de las cápsulas informativas del TEPJF.
Para resaltar lo inédito de la situación, recordó que en la elección de 2000, cuando ganó por vez primera un partido de oposición, sólo se presentaron dos juicios de inconformidad contra algunos cómputos distritales que se tradujeron en la anulación de la votación en dos casillas.
Entonces, para los primeros días de agosto de ese año ya se había emitido un dictamen del cómputo final, la calificación de la elección de Presidente de la República y la declaración de Presidente electo, detalló.
En aquella ocasión, añadió, se hizo el cómputo final de los conteos distritales a partir de la revisión de los expedientes de registro de los distintos candidatos contendientes, y se efectuó una evaluación para revisar la elección en su conjunto.
De ese modo se resolvió, sin mayor problema, el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos y se decretó que el proceso se había llevado en condiciones de regularidad y normalidad, en términos de lo que establecen la Constitución y la ley.
Para la elección de 2006 el escenario se complicó, la variante fue que hubo inconformidad respecto a las condiciones cualitativas del proceso electoral y de sus resultados, que se alegaron en 240 juicios de inconformidad, de los 370 que se presentaron.
En ese año, los integrantes del tribunal determinaron que todos los cuestionamientos sobre la calidad de la elección, es decir, lo que no tiene nada que ver directamente con los cómputos parciales o distritales, se escindieran, se reservaran y se remitieran al expediente de calificación de la elección de Presidente.
Una vez resueltas las inconformidades, al momento de proceder a hacer el cómputo final de la elección, en ese mismo dictamen se estudiaron las distintas impugnaciones, con las pruebas aportadas, con las que se alegaba que el proceso electoral no cumplía con todos los requisitos que establecía la Constitución.
Posteriormente, con el señalamiento de las irregularidades se hizo la declaratoria de presidente electo en el mismo dictamen y, a raíz de esas experiencias, se aprobaron las reformas constitucionales y legales que ahora se aplicarán por primera vez.
Zavala Arredondo agregó que por lo anterior, ahora se prevé la posibilidad de un juicio exprofeso para cuestionar la validez de la elección.
Este, explicó, es precisamente el llamado “juicio madre” promovido por la coalición de partidos que integró el Movimiento Progresista, que falta por resolverse, una vez que ya se desahogaron los más de 300 que se presentaron contra los conteos distritales de la elección presidencial. Puede decirse que lo cuantitativo ya está resuelto y sólo falta lo cualitativo, declaró el funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La forma en que se procede al desahogo de este juicio, como es nuevo, se está construyendo paso a paso, fase a fase y en función de los acuerdos que van tomando los magistrados de la Sala Superior.
Acuerdos que toma, sobre todo, a partir de las propuestas respectivas de la Comisión de Magistrados encargada de presentar el proyecto de calificación de la elección presidencial, destacó el secretario general de acuerdos del máximo tribunal electoral.
