La confrontación entre el gobierno federal y el empresario Ricardo Salinas Pliego escaló esta semana. Tras ser llamada “gobiernícola” y amenazada con demandas en México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una serie de preguntas públicas sobre el origen de la fortuna del dueño de Grupo Salinas.
En su conferencia matutina, Sheinbaum cuestionó cómo adquirió TV Azteca, ADN40 y parte de Mexicana de Aviación, además de cuánto se benefició del rescate bancario del Fobaproa en los noventa. La mandataria también recordó las deudas fiscales y financieras que arrastra el empresario.
Según Bloomberg, Salinas Pliego pagó 25 millones de dólares como fianza en Estados Unidos para evitar ser detenido por una demanda de AT&T. Además, acumula un adeudo de 565 millones de dólares con acreedores en ese país y 74 mil millones de pesos con el SAT en México.
“¿Por qué no se investiga cómo compró la televisora? ¿Cuánto fue beneficiado por el Fobaproa? Es pregunta, son preguntas”.
El enfrentamiento no solo afecta la relación entre gobierno y uno de los empresarios más influyentes del país. Para la ciudadanía, está en juego la transparencia sobre cómo se han construido y sostenido algunos de los grandes consorcios nacionales.
Grupo Salinas acusó a Sheinbaum de persecución política y anunció que evalúa demandas por difamación y daño moral. El empresario sostiene que los señalamientos buscan desviar la atención de otros temas nacionales.
Este choque abre un debate sobre la relación entre poder económico y poder político, con posibles repercusiones en futuras investigaciones fiscales y judiciales.
