El registro nacional de telefonía: Sheinbaum garantiza privacidad y descarta vigilancia estatal
En un esfuerzo por despejar las dudas generadas en torno a la regulación de las telecomunicaciones en el país, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el registro de vinculación de los 158 millones de teléfonos celulares que operan en territorio nacional no tiene fines punitivos ni de espionaje, sino que se trata de una herramienta de inteligencia estrictamente judicial.
La mandataria fue enfática al señalar que la medida busca cerrar el paso a la impunidad en delitos como la extorsión y el secuestro, donde los dispositivos móviles suelen ser la herramienta principal.
A diferencia de un sistema de vigilancia activa, Sheinbaum explicó que el acceso a la información vinculada a los números telefónicos operará bajo un esquema de petición expresa:
- Causa Justificada: Solo podrá solicitarse información cuando exista una carpeta de investigación abierta y un delito de por medio.
- Control Judicial: La entrega de datos no será discrecional; deberá pasar por los protocolos de autoridad competentes para evitar el uso indebido de la información.
- Sin Espionaje: La Presidenta aclaró que no existe un "acceso libre" ni un monitoreo permanente de las conversaciones o metadatos de los ciudadanos.
Un punto clave en la aclaración de la mandataria fue el resguardo de la base de datos. Para evitar la centralización de información sensible en manos del Gobierno Federal, la responsabilidad del almacenamiento recaerá en las empresas operadoras de telefonía.
"El resguardo no está en manos del gobierno, sino de las empresas telefónicas, las cuales están obligadas por ley a cumplir con los más estrictos estándares de protección de datos personales", puntualizó Sheinbaum.
El registro de líneas telefónicas solo podrá usarse en investigaciones judiciales y no implica vigilancia permanente.
Esto significa que las compañías de telecomunicaciones seguirán siendo los custodios de la información de sus clientes, debiendo responder únicamente ante mandatos legales específicos.
Ante las preocupaciones de diversos sectores de la sociedad civil y organismos de transparencia, la Presidenta reiteró que el objetivo central es fortalecer la seguridad pública sin vulnerar las garantías individuales.
La estrategia se basa en tres pilares de control:
- Marco Legal Vigente: Aplicación estricta de las leyes de telecomunicaciones y protección de datos.
- Controles Anti-Abuso: Auditorías y protocolos para asegurar que ninguna autoridad solicite información fuera de los casos permitidos.
- Eficiencia en la Investigación: Facilitar que las fiscalías puedan identificar redes criminales de manera más rápida y efectiva.
