CIMAC
Ciudad Juárez, Chi, 30 de noviembre 2010.- El Estado mexicano sólo necesita voluntad política para cumplir con la sentencia de «Campo Algodonero», que emitió en su contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por feminicidio en esta ciudad y no requiere de ninguna ley adicional para su ejecución, coincidieron especialistas.
Durante el foro «Justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres: a un año de la sentencia Campo Algodonero, que se realizó ayer aquí, Rosa María Álvarez, jueza ad hoc en el caso, aclaró que para que las autoridades del país lleven a cabo la sentencia «no hace falta otra legislación, porque se basa en los acuerdos de la Convención Americana de Derechos Humanos».
La participación de la jurista, contradice las declaraciones de funcionarios públicos como José Antonio Guevara Bermúdez titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación quien ha sugerido la creación de una ley que indique cómo deben aplicarse las sentencias de la CoIDH y argumentado la falta de recursos para aplicarla (Cimacnoticias 28 junio 10).
La integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, añadió que México, como Estado parte de la Convención, está comprometido a «acatar los fallos, sin que pueda escudarse en el derecho interno para dejar de cumplir con sus obligaciones».
Rosa María Álvarez mencionó que «de acuerdo con los tratados internacionales firmados por México, no hay ninguna excusa para no dar cumplimiento a esta sentencia».
J uan Pablo Albán Alencastro, abogado que coordinó el grupo de litigio de la CoIDH en el caso Campo Algodonero, refirió que para que el Estado mexicano cumpla «hace falta voluntad política», ya que no existe ningún mecanismo político o diplomático que pueda obligarlo.
El sistema de Europa es ejemplo de aplicación de políticos y diplomáticos de sanción efectivos, cuando incumplen alguna sentencia en materia de derechos humanos, uno de ellos es la suspensión del voto en las asambleas, lo que puede traer como consecuencia el término de relaciones comerciales o inclusive la exclusión de la comunidad europea.
El experto en derecho internacional de los derechos humanos explicó que al carecer de estos mecanismos, «el sistema interamericano queda a la buena voluntad de los Estados parte, que siendo también, incumplidores de las sentencias de la Corte, no quieren hacerle a los otros, lo que eventualmente les darán a ellos».
«La denuncia de incumplimiento acarrearía en el peor de los casos, un llamado de atención o una manifestación de preocupación de la CoIDH».
Ciudad Juárez, Chi, 30 de noviembre 2010.- El Estado mexicano sólo necesita voluntad política para cumplir con la sentencia de «Campo Algodonero», que emitió en su contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por feminicidio en esta ciudad y no requiere de ninguna ley adicional para su ejecución, coincidieron especialistas.
Durante el foro «Justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres: a un año de la sentencia Campo Algodonero, que se realizó ayer aquí, Rosa María Álvarez, jueza ad hoc en el caso, aclaró que para que las autoridades del país lleven a cabo la sentencia «no hace falta otra legislación, porque se basa en los acuerdos de la Convención Americana de Derechos Humanos».
La participación de la jurista, contradice las declaraciones de funcionarios públicos como José Antonio Guevara Bermúdez titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación quien ha sugerido la creación de una ley que indique cómo deben aplicarse las sentencias de la CoIDH y argumentado la falta de recursos para aplicarla (Cimacnoticias 28 junio 10).
La integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, añadió que México, como Estado parte de la Convención, está comprometido a «acatar los fallos, sin que pueda escudarse en el derecho interno para dejar de cumplir con sus obligaciones».
Rosa María Álvarez mencionó que «de acuerdo con los tratados internacionales firmados por México, no hay ninguna excusa para no dar cumplimiento a esta sentencia».
J uan Pablo Albán Alencastro, abogado que coordinó el grupo de litigio de la CoIDH en el caso Campo Algodonero, refirió que para que el Estado mexicano cumpla «hace falta voluntad política», ya que no existe ningún mecanismo político o diplomático que pueda obligarlo.
El sistema de Europa es ejemplo de aplicación de políticos y diplomáticos de sanción efectivos, cuando incumplen alguna sentencia en materia de derechos humanos, uno de ellos es la suspensión del voto en las asambleas, lo que puede traer como consecuencia el término de relaciones comerciales o inclusive la exclusión de la comunidad europea.
El experto en derecho internacional de los derechos humanos explicó que al carecer de estos mecanismos, «el sistema interamericano queda a la buena voluntad de los Estados parte, que siendo también, incumplidores de las sentencias de la Corte, no quieren hacerle a los otros, lo que eventualmente les darán a ellos».
«La denuncia de incumplimiento acarrearía en el peor de los casos, un llamado de atención o una manifestación de preocupación de la CoIDH».
