El Fideicomiso de Cobertura Laboral y de Vivienda (Ficolavi) fue constituido como fideicomiso en 1989, identificado con el número F/21042 ó F/21042-7, con Pemex como fideicomitente, diversos trabajadores sindicalizados (jubilados y activos) como fideicomisarios y Santander como fiduciaria, posteriormente se cambió a BBVA Bancomer.
El Fondo Laboral de Pensiones (Folape) fue constituido como fideicomiso (F/29564) el 1 de junio de 1998 por Pemex y sus organismos subsidiarios, como fideicomitentes, y Bancomer, S.A., como fiduciario.
Éste concentra transferencias presupuestales destinadas a las jubilaciones, transferencias del fondo de compactación y los ingresos por la venta de activos improductivos, entre otras fuentes de ingreso.
Según las reglas de operación de los fideicomisos, el traslado de recursos a inversiones o proyectos ajenos a su naturaleza contraviene la normatividad, lo que implica responsabilidades administrativas tanto de los funcionarios que lo autorizaron como de quienes han dado visto bueno a este tipo de operaciones.
“Implica también la violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública”.
El expediente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) destaca la compra de títulos carreteros adquiridos para financiar, a cuenta de Pemex, obras carreteras privadas que entraron al esquema de privatización de Carlos Salinas de Gortari; refinanciadas luego con dinero del erario por Ernesto Zedillo y Vicente Fox mediante el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac), y que hoy nuevamente reprivatiza Felipe Calderón.
Conocido como el “Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) carretero”, dicho rescate fue ideado por Francisco Gil Díaz (exjefe de Juan José Suárez Coppel en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), cuando los principales beneficiados con la privatización argumentaban que, derivado de la crisis de 1994, no podían sostener sus costos financieros de los créditos que contrajeron al otorgárseles las concesiones. Se declararon en suspensión de pagos para que el gobierno federal se hiciera cargo de su deuda, convirtiéndola en la segunda deuda pública más grande, después del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (antes Fobaproa).
El Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac) se constituyó en agosto de 1997 en el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), en su doble carácter de fiduciario y fideicomitente, con el número F/1936. Su objeto: cubrir la indemnización a los concesionarios y administrar los recursos provenientes de los caminos y puentes rescatados, explotar, administrar y operar las autopistas de cuota rescatadas, así como emitir títulos de crédito para solventar las obligaciones del rescate carretero.
El Fondo Laboral de Pensiones (Folape) fue constituido como fideicomiso (F/29564) el 1 de junio de 1998 por Pemex y sus organismos subsidiarios, como fideicomitentes, y Bancomer, S.A., como fiduciario.
Éste concentra transferencias presupuestales destinadas a las jubilaciones, transferencias del fondo de compactación y los ingresos por la venta de activos improductivos, entre otras fuentes de ingreso.
Según las reglas de operación de los fideicomisos, el traslado de recursos a inversiones o proyectos ajenos a su naturaleza contraviene la normatividad, lo que implica responsabilidades administrativas tanto de los funcionarios que lo autorizaron como de quienes han dado visto bueno a este tipo de operaciones.
“Implica también la violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública”.
El expediente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) destaca la compra de títulos carreteros adquiridos para financiar, a cuenta de Pemex, obras carreteras privadas que entraron al esquema de privatización de Carlos Salinas de Gortari; refinanciadas luego con dinero del erario por Ernesto Zedillo y Vicente Fox mediante el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac), y que hoy nuevamente reprivatiza Felipe Calderón.
Conocido como el “Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) carretero”, dicho rescate fue ideado por Francisco Gil Díaz (exjefe de Juan José Suárez Coppel en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), cuando los principales beneficiados con la privatización argumentaban que, derivado de la crisis de 1994, no podían sostener sus costos financieros de los créditos que contrajeron al otorgárseles las concesiones. Se declararon en suspensión de pagos para que el gobierno federal se hiciera cargo de su deuda, convirtiéndola en la segunda deuda pública más grande, después del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (antes Fobaproa).
El Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac) se constituyó en agosto de 1997 en el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), en su doble carácter de fiduciario y fideicomitente, con el número F/1936. Su objeto: cubrir la indemnización a los concesionarios y administrar los recursos provenientes de los caminos y puentes rescatados, explotar, administrar y operar las autopistas de cuota rescatadas, así como emitir títulos de crédito para solventar las obligaciones del rescate carretero.
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