Regeneración, 30 de octubre de 2024.- Portales destacan que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia que absolvió a Rosario Robles del caso Estafa Maestra.
Y es que se trata de la ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo territorial con Peña Nieto, con cargos por el caso de desvío de recursos de la llamada Estafa Maestra por 5 mil millones de pesos.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró por completo este miércoles el caso en contra de Robles por el delito del ejercicio indebido de la función pública.
Mismo en se le acusó de omisiones en un fraude entre dependencias, “empresas fantasma” y universidades.
Cabe destacar que el resolutivo en sesión y por unanimidad de votos, con proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Y mismo que desechó el amparo directo en revisión que interpuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de la sentencia de un juez federal que absolvió originalmente a Rosario Robles.
Seguidamente, se indica que se trata de la tercera y ultima instancia legal para tratar el caso.
Así, el amparo de la ASF intentó echar atrás el fallo del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, Roberto Paredes Gorosrieta Femat.
Mismo que el 24 de febrero de 2023 decretó el sobreseimiento de la causa penal contra la ex funcionaria de Peña Nieto.
Dicho fallo fue impugnado por la Fiscalía General de la República (FGR) ante el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal de la Ciudad de México.
Sin embargo, el 5 de diciembre del año pasado perdió el juicio y luego vino la impugnación perdida en comento.
Cabe destacar que el conocido caso es recordado por la wiki donde indica que, la Estafa Maestra, es el nombre de una investigación periodística.
La cual publicó Animal Político el 5 de septiembre de 2017, con un sistema de 128 empresas fantasma a través de las cuales el Gobierno de Enrique Peña Nieto, desvió más de 400 millones de dólares.
Esto, a través de una red de desvíos de dinero que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos.
El origen fue el informe de la ASF sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013-2014 y supuso un escándalo político sin precedentes, que a la fecha no ha tenido ningún cargo criminal individual.
La presunción del desvío de recursos mediante universidades públicas fue hecha por la ASF desde, al menos, 2010.
