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  • Miércoles 04 de Marzo de 2026

Tabasco: tierra de “torturas, feminicidios y violaciones a los derechos de migrantes”

Expuso Angela Mendoza, responsable del área de comunicación e investigación del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab)

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CECILIA VARGAS


Angela Mendoza sostuvo que  el estado sufre importantes retrocesos en la  defensa y protección de los derechos humanos de la población. (Foto: Joel Arias) Angela Mendoza sostuvo que el estado sufre importantes retrocesos en la defensa y protección de los derechos humanos de la población. (Foto: Joel Arias)
Nada alentador es el panorama de los derechos humanos en Tabasco, expuso ayer Angela Mendoza, responsable del área de comunicación e investigación del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, quien calificó a la entidad como “tierra de tortura, feminicidios, violaciones a los derechos de los migrantes y  de aguda contaminación ambiental.”.
       Expuso lo anterior, la socióloga al leer el documento, en conferencia de prensa,  que contiene la posición de dicha organización civil, en cuanto a la situación  de los derechos humanos en Tabasco, en el marco de la celebración del día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se conmemora este 10 de diciembre.
     Durante la reunión con los medios de comunicación locales, primero la directora de Codehutab, Lorena Sánchez  Martínez  recordó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple en esa fecha 62 años y que se ha convertido en la carta magna de la dignidad humana y en el documento declarativo adoptado por la Asamblea de las Organización de Naciones Unidas
       Mencionó que contiene 31 artículos en donde queda de manifiesto que todos los seres humanos somos iguales, que tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad  a igual protección de la  ley  y a no ser detenidos arbitrariamente ni objeto de injerencias arbitrarias en nuestra vida  privada, familia o domicilio y a no ser objeto de tortura.
      También otorga a los seres humanos, el derecho a la propiedad, a la libertad de reunión y asociación pacífica, a un nivel de vida adecuado que asegure a las personas salud, alimentación, vivienda y servicios sociales necesarios.
      Posteriormente Sánchez Martínez cedió la palabra a su compañera Angela Mendoza que leyó, a nombre de Codehutab,  un documento que contenía un informe general de la situación de los derechos humanos en Tabasco.
       Angela Mendoza sostuvo que  el estado sufre importantes retrocesos en la  defensa y protección de los derechos humanos de la población.
      La situación “es terrible”, afirmó porque el gobierno, por acción u omisión incumple con su tarea de respetar, proteger y defender los derechos humanos.
       La tortura y los atropellos a personas detenidas son constantes, así como la violación de los derechos de los migrantes, los desalojos arbitrarios, las restricciones a la libertad de expresión, la contaminación al medio, se encuentran, entres otros hechos graves, afirmó.
      Todo esto debe ser motivo de preocupación no sólo de las organizaciones civiles, sino de la población en general.
       Al enumerar algunos ejemplos de violaciones a los derechos humanos en Tabasco, dio a conocer que, de  enero a noviembre de 2010, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reportó haber recibido 49 quejas por torturas.
      En tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha informado que,  de enero a agosto de 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado ocupó el cuarto lugar a nivel nacional  por las 14 quejas ciudadanas por detenciones arbitrarias y 11 por trato cruel, inhumano y degradante.
       Ejemplo de lo anterior, mencionó,   fue lo ocurrido el 23 de abril de 2010, en la comunidad ejido Cumuapa segunda, del municipio de Cunduacán, Tabasco, cuando policías ministeriales detuvieron a 12 campesinos.
       Los policías, aseguró Angela Mendoza, iban vestidos de overol aparentando ser trabajadores de una compañía; los detenidos fueron llevados a la procuraduría del estado, donde se les sometió a maltratos físicos e intimidaciones, caso por el cual, se interpuso queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
      En cuanto a la violencia contra las mujeres, la investigadora informó que del           
2005 a la fecha, han ocurrido un total de 150 homicidios de mujeres, en los cuales  la autoridad ha actuado de manera lenta en la investigación de los casos.
      Por año, afirmó, la Procuraduría General de Justicia del Estado, solo ha logrado resolver un 33 por ciento y de los 12 asesinatos reportados por esa dependencia en octubre del  2010, sólo en  dos casos logró detener a los presuntos responsables.
     La situación “es grave”, sostuvo,   porque en 10 de los asesinatos de mujeres, las víctimas fueron sometidas a una serie de torturas, lo cual significa que en Tabasco, en los últimos cinco años, se han cometido, por lo menos 10 feminicidios.
      “El estado ha sido cómplice de la multiplicación de asesinatos a mujeres porque hay un vacío de leyes que contribuye a reforzar el silencio en beneficio de agresores y asesinos, y porque no ha sido capaz de diseñar una política integral encaminada a erradicar la violencia contra las mujeres”.
      En Tabasco como estado de tránsito de migrantes centroamericanos,  tampoco se garantiza la protección de los derechos de este grupo vulnerable, aseguró.
      La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, según ha informado, tiene abiertas 42 quejas del 2008 a octubre de 2010, de las cuales 10 se presentaron este año contra policías municipales de Tenosique, Balancán y Macuspana, por abuso, extorsión y maltrato a centroamericanos internados en el país.
     Otras  40 quejas existen contra agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por las mismas causas.
      Angela Mendoza  recordó que 16 de marzo de 2010, en la ranchería de Santuario, Macuspana, en un operativo de elementos del Instituto Nacional de Migración, con el apoyo de la Policía Federal y la policía municipal de Macuspana; se ordenó la detención del tren que venía de Apasco con destino a Coatzacoalcos, Veracruz.
      Los migrantes se vieron en la necesidad de saltar  antes de que el tren se detuviera y fueron perseguidos por los elementos de seguridad pública.
      Algunos de esos centroamericanos afirmaron haber escuchado que la policía disparó armas de fuego y que observaron como fueron golpeados algunos de los capturados, en tanto los vecinos del lugar, se quejaron de intimidación de parte de las fuerzas policíacas ya que las acciones se realizaron cuando los niños salían de clases.
      Un tema trascendental para el goce de derechos de las generaciones futuras es el medio ambiente, dijo Mendoza quien mencionó al respeto que laa delegada de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Tabasco, María Yolanda Cabal Gómez ha informado que el estado existen  mil 80 empresas generadoras de residuos peligrosos.
      De ese total, continuó, 144 fueron registradas en el 2010 y  producen más de 176 mil 300 toneladas de residuos peligrosos.
       Entre las empresas generadoras de materiales tóxicos destaca Petróleos Mexicanos y todos los servicios asociados, que producen, un promedio el  60 por ciento  del total de residuos reportados.
      La misma encargada de la SEMARNAT Tabasco, admite que tiene un 99 por ciento  de residuos tratados.  Ese dato no es convincente, expuso  Angela Mendoza, porque hay casos que la gente ha denunciado y las autoridades ambientales hacen caso omiso, un ejemplo es el Consorcio de Arquitectura y Ecología (CARESA), empresa que desde hace cinco años, deposita desechos tóxicos a ras de suelo sin ser tratados y no ha sido clausurada.
      A cinco años de la primera denuncia solo se ha logrado de parte de las autoridades ambientales, una resolución parcial, pero no definitiva.
      Otro ejemplo es lo que sucede en Torno Largo, ranchería ubicada en el municipio de Paraíso, dijo, en donde hay siete mechones de PEMEX quemando gas natural las 24 horas del día y la autoridad no hace nada.
      Angela Mendoza también denunció, como violación a los derechos Humanos, la destrucción de viviendas y del patrimonio de más de 12 comunidades, ordenada por el gobernador Andrés Granier Melo en septiembre de este año, “escudándose en la impunidad que le brinda el ser juez y parte”.
      Los afectados, sostuvo,  no tuvieron ninguna instancia a la cual acudir para  ejercer sus derechos, porque el gobierno de Tabasco y el gobierno federal tienen cooptadas todas las instituciones.
      Luego del despojo de sus bienes, prosiguió, esas familias fueron “reubicadas” en un fraccionamiento que está muy lejos de brindar una vida digna a los habitantes, sin  otorgar la propiedad y derechos reales de esas casas.
      Estas serie violaciones a los derechos humanos no son propicias para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de la población y la falta de voluntad política del gobierno para ponerles fin y la ineficacia de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, dificultan el goce de los mismos.
     Las reflexiones anteriores, dijo Angela Mendoza al leer las conclusiones del informe, indican que en Tabasco hace falta de implementar mecanismos de respeto a los derechos humanos, luego mencionó las acciones que lleva a cabo.
      Para atender las necesidades de este grupo vulnerable, realiza acciones en cinco municipios y este 10 de diciembre será inaugurado el Centro de Atención al Migrante en la comunidad de Santuario que es  donde se brinda el apoyo humanitario y jurídico.
      En los casos de tortura, el CODEHUTAB ha brindado 12 asesorías en este año y está documentando algunos casos.
      La práctica de la tortura en Tabasco es tan evidente, que ha llamado la atención a nivel nacional e internacional de organismos como Human Righs Wach y del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México quienes han visitado al CODEHTUAB para documentar los casos.
     También está asesorando y acompañando a las personas víctimas de desalojos y en cuanto a la violencia en contra de las mujeres, trabaja en la línea de la denuncia pública y  elaboración de propuestas para las diversas instituciones encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos de las mujeres y la impartición de justicia.
      En cuanto a la lucha por un medio ambiente sano, agregó, el CODEHUTAB junto con la Asociación Ecológica Santo Tomás, brindan asesoría y acompañamiento jurídico  en los casos de CARESA y Torno Largo.