Noticias de Reforma

La discusión del Plan B electoral en el Senado fue aplazada y su avance sigue en duda por ajustes al dictamen y la falta de respaldo definido del PT.

La revocación de mandato podría realizarse en el tercer o cuarto año de Gobierno y permitir que el Ejecutivo hable del proceso sin las restricciones aplicadas en 2022.

El Plan B reforma electoral podría aprobarse antes del 29 de marzo. 

La propuesta plantea recortes de gasto en congresos y ayuntamientos, además de cambios en revocación de mandato.

La reforma electoral 2026 enviada al Senado plantea bajar gasto en órganos electorales, congresos locales y municipios. El cambio aún debe discutirse y, por ahora, no modifica reglas vigentes para la ciudadanía.

La reforma electoral constitucional propone reducir gasto en congresos locales, Senado y organismos electorales, con cambios que impactarían la integración municipal y la revocación de mandato.

El Plan B electoral sumó respaldo en el Senado por parte de Morena, PT y PVEM. El apoyo ocurre mientras continúan las negociaciones sobre una reforma que, según sus promotores, busca recortar costos del sistema político.

La aparición de lonas contra legisladores del PT en Oaxaca abrió una denuncia pública por presunta intimidación política tras su voto contra la reforma electoral.

El Plan B de Sheinbaum recibió respaldo público de gobernadores y jefes de gobierno afines a la 4T, quienes lo presentan como una reforma para recortar gasto político y fortalecer la participación ciudadana.

El rechazo a la reforma electoral mantiene sin cambios el financiamiento y las curules plurinominales que benefician a PVEM y PT. La decisión impacta en el uso de recursos públicos y en la forma en que sus dirigencias llegan al Congreso.

El plan b reforma electoral de Claudia Sheinbaum aún no tiene apoyo asegurado de PT y PVEM, un respaldo clave para que avance en el Congreso.

La presidenta sostuvo que la reforma electoral no aprobada exhibió cómo votó cada bancada y adelantó que planteó una alternativa a partidos aliados.

La reforma constitucional fija un límite de hasta la mitad del salario presidencial para pensiones de altos mandos de confianza. 

El cambio aún debe pasar por congresos estatales.