Grupo Elektra, la empresa de Ricardo Salinas Pliego, ha sufrido un nuevo y significativo revés legal en su disputa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), marcando su tercera derrota en un lapso de apenas dos meses.
Esta última resolución eleva el monto total de créditos fiscales confirmados en contra de la compañía a más de 8,500 millones de pesos.
El más reciente fallo fue emitido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que por unanimidad ratificó la sentencia previa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de noviembre de 2022.
Esta decisión judicial confirma que Grupo Elektra debe al SAT la suma de 4,916 millones de pesos por impuestos que la empresa omitió pagar durante el ejercicio fiscal de 2011.
La notificación oficial de esta sentencia se realizó el 14 de agosto de 2025, solidificando la postura del fisco.
Este veredicto se suma a dos resoluciones anteriores, dadas a conocer en junio de este mismo año.
El 19 de junio, se dictaminó que la empresa tenía un adeudo de 1,603 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal de 2012.
Apenas cinco días después, el 24 de junio, se confirmó otro adeudo por 2,004 millones de pesos relacionado con el ejercicio fiscal de 2010.
“Las recientes derrotas en tribunales derivan de conflictos políticos más que legales.” — Directiva de Elektra
Con la acumulación de estos tres fallos, el total confirmado de créditos fiscales a favor del SAT asciende a 8,523 millones de pesos
Reacción de Grupo Elektra y Estrategia Legal
En un comunicado, Grupo Elektra ha manifestado su desacuerdo con los fallos, denunciando lo que califican como “presiones políticas” dirigidas hacia los magistrados encargados del caso: Ana María Ibarra, Alfredo Báez y Yaremi Penagos.
La empresa argumenta que las sentencias no se basan en fundamentos legales sólidos, sino que son resultado de un clima adverso en su contra.
Para defender sus intereses, Grupo Elektra ha implementado una estrategia legal que busca dilatar el proceso.
La empresa ha presentado recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluyendo recusaciones e impedimentos para que ciertos ministros no puedan participar en el caso.
El objetivo de esta maniobra es que el litigio sea revisado por la nueva integración de la Corte, que entrará en funciones a partir del 1 de septiembre de 2025.
Con esta acción, la compañía busca una nueva oportunidad para revertir las sentencias que, hasta ahora, le han sido desfavorables.
