TLATELOLCO, EL ALCONAZO Y ATENCO, EL MISMO ADN Lénin Bocanegra Priego*
Cómo olvidar la represión del 2 de octubre de 1968 ordenada por el sanguinario presidente Gustavo Díaz Ordaz, salido de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Cómo olvidar “El Alconazo del 10 de junio diseñado por Luis Echeverría Álvarez, también presidente del mismo partido.” Mucho menos podemos olvidar la represión del 4 de mayo del 2006 ordenada por el gobernador priista de EDOMEX, Enrique Peña Nieto, en contra de los pobladores de Salvador Atenco.
De esos 3 hechos, el más reciente fue el de Salvador Atenco y estos son los antecedentes: En 2001, siendo presidente el pusilánime panista Vicente Fox y EPÑ Secretario de Administración del gobierno mexiquense presidido por su tío Arturo Montiel, aquel anunció la construcción de un aeropuerto en Texcoco, considerando como el mayor proyecto de inversión pública y privada de ambos gobiernos. El monto de la inversión era de 2,863 millones de dólares y como se estila en México, lo involucrados en ese proyecto tenían contemplado obtener jugosos dividendos de esa cuantiosa cantidad. La corrupción por delante.
Para llevar adelante ese proyecto era necesario expropiar miles de hectáreas, entre las que se encontraba el pueblo de Salvador Atenco, por lo que una “empresa” fantasma se apresuró a adquirir esos terrenos a precios mínimos, para revenderlos después a un precio mucho mayor. Los pobladores de Atenco se organizaron en el Frente Popular de Defensa de la Tierra (FPDT) y pararon la construcción del aeropuerto. Ello enfureció a los empresarios y políticos interesados en la obra. El 3 de mayo del 2006, siendo ya Enrique Peña Nieto gobernador de EDOMEX, se incumplió un acuerdo celebrado con anterioridad y el FPDT protestó tomando las carreteras.
La policía del hoy candidato del PRI a la presidencia de la República, con el apoyo de cuerpos policiacos federales, quisieron desalojarlos violentamente y se armó un zafarrancho. Televisa difundió una y otra vez la imagen de un atenquense pateando la entrepierna de un granadero tirado en el suelo, lo que sirvió de pretexto para justificar la brutal represión del día siguiente. El 4 de mayo de 2006, mil 815 granaderos de EDOMEX y 700 agentes de la Policía Federal irrumpieron en Atenco con violencia. Hubo decenas de allanamientos y cateos ilegales, se detuvo arbitrariamente a más de 200 personas y muchos de ellos fueron torturados, humillados y acusados por delitos que no cometieron. En el traslado que duró horas, hubo abuso contra los detenidos y 47 mujeres sufrieron abuso sexual, entre ellas 5 extranjeras. Los dirigentes del FPDT fueron acusados de crimen organizado y secuestro y encerrados en Almoloya, imponiéndoseles penas de hasta 75 años de cárcel por defender sus tierras. Después se vieron obligados a dejarlos en libertad.
Los abusos de Atenco no fueron “incidentes” aislados como dijo Peña Nieto. Ahí hubo represión sistemática y brutal planeada desde el Estado. Fue el mismo esquema que después se usó contra la APPO en Oaxaca. Peña dijo que utilizó el uso de la fuerza pública para “restablecer el orden y la paz”, pero sobran razones para suponer que la represión fue un escarmiento y venganza contra el pueblo que le hecho a perder un jugoso negocio a empresarios y políticos del Estado de México, en particular a Peña y a Fox. Se advierte desde entonces como los intereses económicos mantenían ligados a Peña y Fox y es por eso que éste hoy se abre apoyando al candidato contrario al partido que lo hizo presidente.
Peña asegura que los “incidentes” fueron debidamente sancionados y los responsables consignados ante el Poder Judicial, pero eso es falso porque por meses él y sus funcionarios negaron sistemáticamente los abusos. Peña dijo que las denuncias por violación eran una “estrategia para descalificar a sus autoridades y el titular de Seguridad Pública, Wilfrido Robledo Madrid (¿se acuerdan?), dijo que en los autobuses donde trasladaron a los reos no paso nada. Pero organismos de derechos humanos denunciaron repetidas veces la complicidad de las autoridades para darle impunidad a agentes y mandos policiacos. Finalmente, por la presión internacional y las evidencias, el gobierno de Peña se vio obligado a consignar a algunos policías ante la justicia mexiquense. De los más de 2,500 policías que participaron en los abusos y las arbitrariedades, solo 22 elementos fueron consignados por delitos menores. De los cuales 18 fueron liberados después, 5 fueron más fueron absueltos en marzo de 2010. El último de los policías consignados fue liberado definitivamente sin mayor problema.
El proceso, el castigo y las declaraciones de Peña fueron una burla para todos los mexicanos. Ufanamente, Peña dijo que el uso de la fuerza pública en Atenco había sido validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero eso es mentira, porque el dictamen previo de la SCJN señaló que se usó la fuerza pública de manera ilegítima y desproporcionada.
*Presidente de la Asociación de Abogados Progresistas
[email protected]
De esos 3 hechos, el más reciente fue el de Salvador Atenco y estos son los antecedentes: En 2001, siendo presidente el pusilánime panista Vicente Fox y EPÑ Secretario de Administración del gobierno mexiquense presidido por su tío Arturo Montiel, aquel anunció la construcción de un aeropuerto en Texcoco, considerando como el mayor proyecto de inversión pública y privada de ambos gobiernos. El monto de la inversión era de 2,863 millones de dólares y como se estila en México, lo involucrados en ese proyecto tenían contemplado obtener jugosos dividendos de esa cuantiosa cantidad. La corrupción por delante.
Para llevar adelante ese proyecto era necesario expropiar miles de hectáreas, entre las que se encontraba el pueblo de Salvador Atenco, por lo que una “empresa” fantasma se apresuró a adquirir esos terrenos a precios mínimos, para revenderlos después a un precio mucho mayor. Los pobladores de Atenco se organizaron en el Frente Popular de Defensa de la Tierra (FPDT) y pararon la construcción del aeropuerto. Ello enfureció a los empresarios y políticos interesados en la obra. El 3 de mayo del 2006, siendo ya Enrique Peña Nieto gobernador de EDOMEX, se incumplió un acuerdo celebrado con anterioridad y el FPDT protestó tomando las carreteras.
La policía del hoy candidato del PRI a la presidencia de la República, con el apoyo de cuerpos policiacos federales, quisieron desalojarlos violentamente y se armó un zafarrancho. Televisa difundió una y otra vez la imagen de un atenquense pateando la entrepierna de un granadero tirado en el suelo, lo que sirvió de pretexto para justificar la brutal represión del día siguiente. El 4 de mayo de 2006, mil 815 granaderos de EDOMEX y 700 agentes de la Policía Federal irrumpieron en Atenco con violencia. Hubo decenas de allanamientos y cateos ilegales, se detuvo arbitrariamente a más de 200 personas y muchos de ellos fueron torturados, humillados y acusados por delitos que no cometieron. En el traslado que duró horas, hubo abuso contra los detenidos y 47 mujeres sufrieron abuso sexual, entre ellas 5 extranjeras. Los dirigentes del FPDT fueron acusados de crimen organizado y secuestro y encerrados en Almoloya, imponiéndoseles penas de hasta 75 años de cárcel por defender sus tierras. Después se vieron obligados a dejarlos en libertad.
Los abusos de Atenco no fueron “incidentes” aislados como dijo Peña Nieto. Ahí hubo represión sistemática y brutal planeada desde el Estado. Fue el mismo esquema que después se usó contra la APPO en Oaxaca. Peña dijo que utilizó el uso de la fuerza pública para “restablecer el orden y la paz”, pero sobran razones para suponer que la represión fue un escarmiento y venganza contra el pueblo que le hecho a perder un jugoso negocio a empresarios y políticos del Estado de México, en particular a Peña y a Fox. Se advierte desde entonces como los intereses económicos mantenían ligados a Peña y Fox y es por eso que éste hoy se abre apoyando al candidato contrario al partido que lo hizo presidente.
Peña asegura que los “incidentes” fueron debidamente sancionados y los responsables consignados ante el Poder Judicial, pero eso es falso porque por meses él y sus funcionarios negaron sistemáticamente los abusos. Peña dijo que las denuncias por violación eran una “estrategia para descalificar a sus autoridades y el titular de Seguridad Pública, Wilfrido Robledo Madrid (¿se acuerdan?), dijo que en los autobuses donde trasladaron a los reos no paso nada. Pero organismos de derechos humanos denunciaron repetidas veces la complicidad de las autoridades para darle impunidad a agentes y mandos policiacos. Finalmente, por la presión internacional y las evidencias, el gobierno de Peña se vio obligado a consignar a algunos policías ante la justicia mexiquense. De los más de 2,500 policías que participaron en los abusos y las arbitrariedades, solo 22 elementos fueron consignados por delitos menores. De los cuales 18 fueron liberados después, 5 fueron más fueron absueltos en marzo de 2010. El último de los policías consignados fue liberado definitivamente sin mayor problema.
El proceso, el castigo y las declaraciones de Peña fueron una burla para todos los mexicanos. Ufanamente, Peña dijo que el uso de la fuerza pública en Atenco había sido validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero eso es mentira, porque el dictamen previo de la SCJN señaló que se usó la fuerza pública de manera ilegítima y desproporcionada.
*Presidente de la Asociación de Abogados Progresistas
[email protected]
