Seguramente pasaron horas después de iniciada la fuga de combustible en un ducto de casi un metro de diámetro (30 pulgadas), para que a las 5:30 de la mañana una chispa desde algún apagador o una estufa en alguna vivienda o un vehículo a centenas de metros, diera paso al infierno, que calcinaría y daría muerte a por lo menos 27 seres humanos del municipio poblano de San Martín Texmelucan.
El incendio se extendió a lo largo de kilómetro y medio debido a que el hidrocarburo se derramó en el río Atoyac, convertido en un rio de llamas que incendiaron su paso casas, negocios y oficinas asentadas en sus márgenes.
Esa noche del sábado y madrugada del domingo ni trabajadores ni quienes se percataron del suceso supieron que hacer, no entendieron que de inmediato había que evacuar a la población y acordonar la zona para suspender el paso de vehículos, suspender el bombeo, taponar la fuga aunque fuera con un palo, meterse bajo chorros de agua.
Cualquier hidrocarburo es peligroso. En el caso de las fugas de hidrocarburos líquidos, sea combustóleo, diesel y sobre todo si es de condensados amargos o gasolinas, se difunden lenta y silenciosamente y a diferencia del gas, no se eleva ni se dispersa de inmediato en la atmósfera, sino se esconde a ras del suelo, sobre las calles, bajo los autos, se mete a los drenajes y por las hendiduras de las puertas, debajo de las camas; y sin desaparecer sus charcos, comienza a desprender vapores fatales que se elevan y sustituyen el aire y envuelven no solo lo material sino a los seres humanos, que inermes, dormidos, irremediablemente lo respirarán, quedando sofocados antes de morir destrozados o calcinados por la explosión y el fuego.
Un director técnicamente inepto, incapaz de concebir el riesgo de transportar hidrocarburos, que por su razonamiento neoliberal solo atiende asuntos de lucro, de cómo hacer negocios y se ocupa en justificar viajes y cómo darse vida de rico; 18 horas después de la tragedia, con precipitación y siguiendo un guión, declaraba que “el tubo” había “pasado” su revisión en el 2008 y que el accidente había sido producto de “la ordeña de combustóleo”.
Aún si esto fuese cierto, el señor director de PEMEX no comprende que la empresa por lo menos desde ese 2008, estaba obligada a actuar frente al reporte que también debe existir, de que el derecho de vía estaba invadido y que cruzaba de manera peligrosa en una zona densamente poblada.
La administración Petróleos Mexicanos, actualmente reducida a la labor de ordeñar la renta de la producción de crudo y a dedicarse a encontrar “oportunidades de negocio” para las familias en el poder, compinches de gobierno, partidos y sus nuevos cómplices trasnacionales; desdeña de entre sus múltiples obligaciones estratégicas la previsión responsable, que no mediática, de los impactos y riesgos que se derivan del manejo de combustibles, para con sus trabajadores pero sobre todo para las pequeñas y gigantescas poblaciones que circundan y se sobreponen en el paso de una red que transporta gas natural, aceite crudo, gasolina, diesel, propano licuado y hasta metanol, como es el caso de en esta ciudad poblana.
Debía haber considerado de inmediato, al igual que Calderón, que existen responsables de haber emplazado e iniciado la desviación del trayecto de ese derecho de vía (ante la costosa reubicación de tan cuantiosa población de San Martín Texmelucan); y aún más, responsabilizar de inmediato al gobierno municipal, estatal y funcionarios federales que aceptaron esta situación anómala y continuaron autorizando la edificación de viviendas, comercios, escuelas e industrias; infringiendo la más elemental norma de seguridad en los derechos de vía de transporte de fluidos.
En Tabasco, tuvo que ocurrir la desgracia en Huimango, para que se escandalizarán por la inexistencia de información sobre la localización, estado operativo y de mantenimiento de las instalaciones y ductos de PEMEX
Diputados, gobernador y presidentes municipales se rasgaron las vestiduras para exigir, sin entender como los ocuparían, los famosos Atlas de Riesgo. Muy pocos exigieron recursos y un cabal funcionamiento en tareas preventivas de la Protección Civil. Dos años después, a algunos senadores y funcionarios les entregaron lujosos libros con los supuestos Atlas, que hoy solo les sirven para adornar sus libreros.
Para ellos, esto fue suficiente para que se les olvidara que en Cunduacán fallecieran cinco campesinos y resultaran 10 personas con quemaduras; que entre ellos quedaron varios niños con el cuerpo y la cara marcados por terribles cicatrices y con sus vidas predestinadas al permanente señalamiento.
Con ello olvidaron que fueron compañías de prestanombres de funcionarios estatales y que, junto las autoridades de PEP, permitieron que la autopista de Dos Bocas-La Isla, la mayor obra de sexenio anterior, opere montándose en diferentes segmentos sobre un derecho de vía de PEMEX heredando a las futuras generaciones una bomba de tiempo.
Menos de tres años después, el gobierno estatal aplaudió las licitaciones y asignaciones de millonarios contratos de mantenimiento a las redes de ductos e instalaciones que se asientan y cruzan Tabasco. Contratos que fueron entregados a compañías extranjeras, que a su vez subcontrataron a empresas improvisadas, con tal la incapacidad técnica e insolvencia que desde julio del 2009, una de ellas (EMS en el “Sistema 4”) fue declarada incompetente, quedando a la deriva el mantenimiento de instalaciones y ductos de la región sur (ya desde el cierre del primer año de sus actividades se reportó un magro avance de 40 % de los programas). Hoy en el 2010, tan indispensable y estratégica labor, está en el limbo, es presa no solo del relajamiento de la disciplina operativa y la seguridad, sino del abandono.
¿Será que el gobierno de Tabasco y los presidentes municipales quieren hacerse expertos internacionales en acciones de contingencia, romper sus records en declaraciones de zonas de desastre y gestión de FONDENes, en brillar por sus estadísticas de entierros y hospitales de clase mundial para quemados de tercer grado?
¿Será que a estas alturas no comprenden las consecuencias económicas, sociales y humanas de la privatización de PEMEX y en su momento también se acogerán a los ordeñadores clandestinos y a la complicidad del gobierno federal?
20 de diciembre del 2010
El incendio se extendió a lo largo de kilómetro y medio debido a que el hidrocarburo se derramó en el río Atoyac, convertido en un rio de llamas que incendiaron su paso casas, negocios y oficinas asentadas en sus márgenes.
Esa noche del sábado y madrugada del domingo ni trabajadores ni quienes se percataron del suceso supieron que hacer, no entendieron que de inmediato había que evacuar a la población y acordonar la zona para suspender el paso de vehículos, suspender el bombeo, taponar la fuga aunque fuera con un palo, meterse bajo chorros de agua.
Cualquier hidrocarburo es peligroso. En el caso de las fugas de hidrocarburos líquidos, sea combustóleo, diesel y sobre todo si es de condensados amargos o gasolinas, se difunden lenta y silenciosamente y a diferencia del gas, no se eleva ni se dispersa de inmediato en la atmósfera, sino se esconde a ras del suelo, sobre las calles, bajo los autos, se mete a los drenajes y por las hendiduras de las puertas, debajo de las camas; y sin desaparecer sus charcos, comienza a desprender vapores fatales que se elevan y sustituyen el aire y envuelven no solo lo material sino a los seres humanos, que inermes, dormidos, irremediablemente lo respirarán, quedando sofocados antes de morir destrozados o calcinados por la explosión y el fuego.
Un director técnicamente inepto, incapaz de concebir el riesgo de transportar hidrocarburos, que por su razonamiento neoliberal solo atiende asuntos de lucro, de cómo hacer negocios y se ocupa en justificar viajes y cómo darse vida de rico; 18 horas después de la tragedia, con precipitación y siguiendo un guión, declaraba que “el tubo” había “pasado” su revisión en el 2008 y que el accidente había sido producto de “la ordeña de combustóleo”.
Aún si esto fuese cierto, el señor director de PEMEX no comprende que la empresa por lo menos desde ese 2008, estaba obligada a actuar frente al reporte que también debe existir, de que el derecho de vía estaba invadido y que cruzaba de manera peligrosa en una zona densamente poblada.
La administración Petróleos Mexicanos, actualmente reducida a la labor de ordeñar la renta de la producción de crudo y a dedicarse a encontrar “oportunidades de negocio” para las familias en el poder, compinches de gobierno, partidos y sus nuevos cómplices trasnacionales; desdeña de entre sus múltiples obligaciones estratégicas la previsión responsable, que no mediática, de los impactos y riesgos que se derivan del manejo de combustibles, para con sus trabajadores pero sobre todo para las pequeñas y gigantescas poblaciones que circundan y se sobreponen en el paso de una red que transporta gas natural, aceite crudo, gasolina, diesel, propano licuado y hasta metanol, como es el caso de en esta ciudad poblana.
Debía haber considerado de inmediato, al igual que Calderón, que existen responsables de haber emplazado e iniciado la desviación del trayecto de ese derecho de vía (ante la costosa reubicación de tan cuantiosa población de San Martín Texmelucan); y aún más, responsabilizar de inmediato al gobierno municipal, estatal y funcionarios federales que aceptaron esta situación anómala y continuaron autorizando la edificación de viviendas, comercios, escuelas e industrias; infringiendo la más elemental norma de seguridad en los derechos de vía de transporte de fluidos.
En Tabasco, tuvo que ocurrir la desgracia en Huimango, para que se escandalizarán por la inexistencia de información sobre la localización, estado operativo y de mantenimiento de las instalaciones y ductos de PEMEX
Diputados, gobernador y presidentes municipales se rasgaron las vestiduras para exigir, sin entender como los ocuparían, los famosos Atlas de Riesgo. Muy pocos exigieron recursos y un cabal funcionamiento en tareas preventivas de la Protección Civil. Dos años después, a algunos senadores y funcionarios les entregaron lujosos libros con los supuestos Atlas, que hoy solo les sirven para adornar sus libreros.
Para ellos, esto fue suficiente para que se les olvidara que en Cunduacán fallecieran cinco campesinos y resultaran 10 personas con quemaduras; que entre ellos quedaron varios niños con el cuerpo y la cara marcados por terribles cicatrices y con sus vidas predestinadas al permanente señalamiento.
Con ello olvidaron que fueron compañías de prestanombres de funcionarios estatales y que, junto las autoridades de PEP, permitieron que la autopista de Dos Bocas-La Isla, la mayor obra de sexenio anterior, opere montándose en diferentes segmentos sobre un derecho de vía de PEMEX heredando a las futuras generaciones una bomba de tiempo.
Menos de tres años después, el gobierno estatal aplaudió las licitaciones y asignaciones de millonarios contratos de mantenimiento a las redes de ductos e instalaciones que se asientan y cruzan Tabasco. Contratos que fueron entregados a compañías extranjeras, que a su vez subcontrataron a empresas improvisadas, con tal la incapacidad técnica e insolvencia que desde julio del 2009, una de ellas (EMS en el “Sistema 4”) fue declarada incompetente, quedando a la deriva el mantenimiento de instalaciones y ductos de la región sur (ya desde el cierre del primer año de sus actividades se reportó un magro avance de 40 % de los programas). Hoy en el 2010, tan indispensable y estratégica labor, está en el limbo, es presa no solo del relajamiento de la disciplina operativa y la seguridad, sino del abandono.
¿Será que el gobierno de Tabasco y los presidentes municipales quieren hacerse expertos internacionales en acciones de contingencia, romper sus records en declaraciones de zonas de desastre y gestión de FONDENes, en brillar por sus estadísticas de entierros y hospitales de clase mundial para quemados de tercer grado?
¿Será que a estas alturas no comprenden las consecuencias económicas, sociales y humanas de la privatización de PEMEX y en su momento también se acogerán a los ordeñadores clandestinos y a la complicidad del gobierno federal?
20 de diciembre del 2010
