Primero. El trabajo consistió en calificar 137 rubros derivados de las leyes de acceso a la información y reglamentos y/o acuerdos universitarios en materia de transparencia analizando los portales de transparencia de las universidades evaluadas y haciendo uso de la figura del usuario simulado para evaluar distintos servicios. Como era de esperarse los resultados arrojan muchas áreas de oportunidad para cumplir con la ley y generar mecanismos para promover la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Prácticamente ninguna universidad cumple al 100% de lo que la Constitución y la ley les ordenan. Con todo, entre las universidades con mayor cumplimiento en materia de acceso a la información se encuentra la Universidad Pedagógica Nacional la cual contiene todos los rubros en materia de información de oficio y cumple con el 75% de la información por lo que hace a gestión académica. Cuenta con el 90% de su información administrativa y arriba del 50% en su información financiera. Otro caso que llama la atención es la Universidad Autónoma de Nayarit que cuenta con accesibilidad en su página, información completa en términos generales. En información de gestión administrativa cuenta con 80% de la información y en información de gestión académica cumple con el 87.5%. También se localiza en un buen lugar la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual satisface el 100% de los rubros legales en su portal de transparencia. Por cuanto hace a su calidad de la información cumple con el 70% de su gestión académica y con el 80% de su gestión administrativa. Finalmente en el cuadro del honor se ubica la Universidad de Guadalajara con el 100% de los rubros generales de información pública en su portal de transparencia. Cuenta con el 80% en información de calidad en su gestión financiera y el mismo porcentaje en su gestión académica.
Segundo. Por el contrario, las universidades que tienen muchísimo por hacer son la Universidad Autónoma de Campeche, la cual sólo contiene el 30% de los rubros que por ley debe contar. En información sobre organización administrativa cuenta con el 40%. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene el 80% de los rubros en su portal, pero sólo el 8 % son datos útiles. Y finalmente la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual cumple sólo con el 41.46% de su gestión interna, y sólo satisface el 46% de la información de su gestión financiera. Asimismo, es la única universidad del país que previene al solicitante que recibe información en estos términos: “Cualquier mal uso para fines distintos a los establecidos en el Acuerdo para la Transparencia y Acceso a la Información en la UNAM, podrá ser sancionado atendiendo a la gravedad del daño ocasionado o que se pretenda ocasionar, y en los términos de las Leyes aplicables.” Esta prevención no tiene ningún efecto legal, pero sí constituye un disuasivo psicológico para hacer solicitudes de información. Esto manifiesta, por supuesto, ausencia de voluntad por cumplir con el derecho a saber. También es la única universidad que desde el 2008 se encuentra en desacato del mandato previsto en la adición del artículo 6º constitucional segundo párrafo por lo que su acuerdo de transparencia no ha sido reformado.
Tercero. Uno de los rubros donde se puede identificar un mayor índice de opacidad es en la entrega y el manejo de los recursos sindicales de las universidades públicas así como los recursos destinados a pensiones y jubilaciones. A partir de enero la Dra. Perla Gómez y yo haremos un estudio a profundidad de la transparencia en las universidades públicas del país que integrará tanto información de oficio como información a petición de parte. Le proyecto se alimentará también de los indicadores universitarios de la Unión Europea y de los principales organismos que elaboran rankings de las universidades en el mundo. Sobra decir que ninguna universidad mexicana figura en los primeros 150 lugares a nivel internacional a pesar de recibir recursos económicos iguales o mayores a las primeras 50 universidades consideradas como de “clase mundial”. De ahí por tanto la oportunidad y la pertinencia de medir no sólo el adecuado uso de los recursos públicos, sino los resultados por lo que hace a enseñanza universitaria, investigación, calidad de profesores e investigadores para determinar con el máximo de precisión posible si los recursos que reciben de la Cámara de Diputados se corresponden con datos e indicadores medibles y comparables para bien del interés público.
Evillanueva99@yahoo.com
