Violencia obstétrica en Guanajuato: 24 quejas y solo dos resoluciones en seis años

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) abrió 24 expedientes de queja entre 2020 y 2026 por violencia obstétrica, esterilización forzada o negligencia durante el embarazo, pero emitió únicamente dos resoluciones con recomendaciones, según una investigación de Yajaira Gasca Ramírez y Melissa Esquivias publicada por POPLab el 13 de abril de 2026.

El reportaje, titulado Maternidad sin voz: prácticas médicas sin consentimiento persisten en Guanajuato, documentó testimonios de mujeres que vivieron intervenciones médicas sin autorización y encontraron obstáculos para acceder a la justicia. Las prácticas descritas incluyen episiotomías sin consentimiento, tactos vaginales sin información previa y colocación de métodos anticonceptivos en contra de la voluntad de las pacientes.

Tres testimonios que ilustran el patrón

La investigación recoge el caso de Elena, quien se enteró de que le habían practicado una episiotomía cuando escuchó al médico comentar el procedimiento con un colega, sin que nadie le hubiera solicitado autorización. Después del parto, el mismo médico cuestionó su decisión de optar por un método anticonceptivo definitivo por considerarla joven.

Alejandra, otra de las mujeres entrevistadas, relató que le colocaron un dispositivo intrauterino (DIU) tras el parto pese a que no lo había solicitado. El personal médico justificó la intervención como parte de una política de natalidad de la institución, según su testimonio. La colocación le ocasionó complicaciones de salud y enfrentó dificultades para conseguir una cita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para retirarlo.

Julieta, quien tenía 18 años en su primer embarazo, denunció comentarios que cuestionaban su edad y su decisión de embarazarse, intervenciones sin consentimiento y presión para aceptar anticonceptivos después del parto.

Resoluciones tardías y quejas desechadas

Los tiempos de resolución reflejan otra dimensión del problema. Una mujer atendida en el Hospital Materno Infantil de Irapuato presentó una queja en 2021 por haber sido obligada a desvestirse en un espacio público y sometida a tactos vaginales sin explicación previa; la PRODHEG resolvió el caso hasta 2024. La Procuraduría acreditó vulneraciones a su derecho a la salud y a una vida libre de violencia, aunque desechó otros señalamientos por falta de pruebas.

En otro expediente relacionado con la atención de un recién nacido prematuro en el Hospital General de León, los hechos ocurrieron en 2019, la queja se formalizó en 2022 y la resolución llegó en octubre de 2025.

“El problema tiene un carácter estructural” — Alhelí Balderas, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2024 una recomendación por un caso de violencia obstétrica y negligencia médica en una unidad del IMSS en Irapuato, donde la mujer atendida perdió a su hija días después del parto. La CNDH acreditó violaciones a los derechos a la vida y a la salud de madre e hija, al interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia obstétrica y al acceso a la información en salud.

Además de los 24 expedientes de la PRODHEG, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Guanajuato registró 28 quejas clasificadas como atención de embarazo, parto y puerperio entre 2020 y 2026. El Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato informó haber recibido 17 quejas relacionadas con violencia obstétrica o atención médica durante el embarazo entre 2019 y 2025, sin precisar el seguimiento dado a esos casos.

Un problema estructural, según especialistas

Alhelí Balderas, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló en la investigación que el problema tiene un carácter estructural. Advirtió sobre deficiencias en la capacitación del personal sanitario y la falta de condiciones adecuadas para brindar atención, como disponibilidad de especialistas, personal e insumos.

Jimena Meillón, psicóloga del colectivo Tejiendo Comunidades para Ellas, explicó a POPLab que las experiencias de violencia obstétrica pueden derivar en ansiedad, depresión posparto y estrés postraumático, y afectar la confianza de las mujeres para tomar decisiones sobre su cuerpo y sus derechos reproductivos.

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 establece el respeto a la dignidad de las pacientes y el consentimiento informado para los procedimientos médicos durante el embarazo, parto y puerperio.

#TomaNota

• Entre 2020 y 2026, la PRODHEG abrió 24 expedientes por violencia obstétrica o negligencia en el embarazo y emitió solo dos recomendaciones.
• La Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Guanajuato registró 28 quejas de atención de embarazo, parto y puerperio en el mismo periodo.
• El Instituto de Salud Pública del estado recibió 17 quejas relacionadas con violencia obstétrica entre 2019 y 2025, sin precisar su seguimiento.
• La investigación fue publicada por POPLab el 13 de abril de 2026.