La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo algunas disposiciones de la Ley del ISSET por considerar que violaban el principio de certeza y seguridad jurídica, así como el derecho a la seguridad social de los trabajadores del estado. Le enmendó la plana al Congreso local una vez más.
Sin embargo, no invalidó el polémico artículo 89 del referido ordenamiento que aumenta los plazos de jubilación en mujeres a 30 años y en hombres a 35, que era una de las principales demandas de quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial.
Tampoco modificó la aportación del 16 por ciento del sueldo base mensual del trabajador al servicio del estado.
¿Qué modificó la Corte?
Invalidó el artículo 6, fracción VII, en lo referente a la prestación médica, que establecía en la legislación impugnada que “el asegurado deberá convenir con el ISSET, el incremento de la cuota de su sueldo base en un porcentaje adicional, mismo que será establecido en el Reglamento de la ISSET”.
La disposición, señala la Corte, preveía el pago de una cuota adicional al ISSET, como condición para considerar como beneficiarios al padre y/o a la madre de la persona asegurada.
Lo anterior, refiere el resolutivo, “violaba el principio de reserva de ley, conforme al cual, la regulación corresponde al Poder Legislativo mediante una ley y no al Poder Ejecutivo a través de un reglamento”.
Además, añade, dicho reglamento no precisa el monto a que se refería la ley ni los elementos a considerar para su determinación, lo cual resultaba contrario al principio de certeza y seguridad jurídica.
Los ministros también invalidaron el artículo octavo transitorio del Decreto 294 porque Ese precepto “vulneraba el núcleo esencial del derecho humano a la seguridad social, al dejar de proteger en forma absoluta las legítimas expectativas de derechos de los trabajadores”.
Ello, consideraron, negaba la protección a quienes al momento del cambio legislativo habían cotizado, por ejemplo, la mitad o más de su vida laboral en términos de la legislación anterior y que, por tanto, tenían una expectativa de pensionarse bajo las condiciones vigentes cuando iniciaron la relación laboral.
PRIMERA PARADA
La Ley del ISSET fue aprobada en 2015 por el Congreso local, que en ese periodo el PRD tenía la mayoría y el gobernador, Arturo Núñez Jiménez, era del mismo partido. Dos de esos diputados ocupan una curul en la actual legislatura, Javier Cabrera Sandoval y Verónica Castillo Reyes, hoy legisladora de Morena.
Ahora la actual Cámara de Diputados tendrá que hacer los cambios correspondientes a la Ley del ISSET, porque así se lo ordena la SCNJ en su resolutivo, para garantizar que los empleados que cotizaron gran parte de su vida laboral bajo el régimen anterior mantengan sus derechos.
Hubo cierta confusión sobre el alcance del fallo de la Corte y eso provocó que el presidente de la Mesa Directiva, Marco Rosando Medina Filigrana, patinara con sus declaraciones.
El miércoles por la tarde, dijo a reporteros de la fuente que el resolutivo de la SCJN tendría un impacto presupuestal importante. Ayer cambió su versión y declaró todo lo contrario, que no tendrá “un impacto económico significativo” en el gobierno de Javier May Rodríguez. ¿Entonces, en qué quedamos?
SEGUNDA PARADA
Siguiendo con el tema del ISSET, en su conferencia matutina de este miércoles, el gobernador Javier May Rodríguez planteó crear una “comisión de la verdad” para que se investigue en manos de quién o quiénes quedaron los fondos del fideicomiso del instituto, pues solamente cuenta con poco más de 50 millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones.
Eso ha obligado al gobierno a tener que destinar parte de los recursos presupuestales y a usar las cuotas de los trabajadores para garantizar a pensionados y jubilados el pago de su dinero.
En ese sentido, adelantó que presentarán las denuncias contra los responsables de esta irregularidad en la Fiscalía General del Estado (FGE), pues aseguró que “no habrá impunidad”.
De ese fondo se esfumaron “miles de millones de pesos” en administraciones anteriores, y el proceso de entrega-recepción en el ISSET aún no concluye y se puede obtener más información sobre este quebranto y de ello el mandatario informará al pueblo.
Sin embargo, no invalidó el polémico artículo 89 del referido ordenamiento que aumenta los plazos de jubilación en mujeres a 30 años y en hombres a 35, que era una de las principales demandas de quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial.
Tampoco modificó la aportación del 16 por ciento del sueldo base mensual del trabajador al servicio del estado.
¿Qué modificó la Corte?
Invalidó el artículo 6, fracción VII, en lo referente a la prestación médica, que establecía en la legislación impugnada que “el asegurado deberá convenir con el ISSET, el incremento de la cuota de su sueldo base en un porcentaje adicional, mismo que será establecido en el Reglamento de la ISSET”.
La disposición, señala la Corte, preveía el pago de una cuota adicional al ISSET, como condición para considerar como beneficiarios al padre y/o a la madre de la persona asegurada.
Lo anterior, refiere el resolutivo, “violaba el principio de reserva de ley, conforme al cual, la regulación corresponde al Poder Legislativo mediante una ley y no al Poder Ejecutivo a través de un reglamento”.
Además, añade, dicho reglamento no precisa el monto a que se refería la ley ni los elementos a considerar para su determinación, lo cual resultaba contrario al principio de certeza y seguridad jurídica.
Los ministros también invalidaron el artículo octavo transitorio del Decreto 294 porque Ese precepto “vulneraba el núcleo esencial del derecho humano a la seguridad social, al dejar de proteger en forma absoluta las legítimas expectativas de derechos de los trabajadores”.
Ello, consideraron, negaba la protección a quienes al momento del cambio legislativo habían cotizado, por ejemplo, la mitad o más de su vida laboral en términos de la legislación anterior y que, por tanto, tenían una expectativa de pensionarse bajo las condiciones vigentes cuando iniciaron la relación laboral.
PRIMERA PARADA
La Ley del ISSET fue aprobada en 2015 por el Congreso local, que en ese periodo el PRD tenía la mayoría y el gobernador, Arturo Núñez Jiménez, era del mismo partido. Dos de esos diputados ocupan una curul en la actual legislatura, Javier Cabrera Sandoval y Verónica Castillo Reyes, hoy legisladora de Morena.
Ahora la actual Cámara de Diputados tendrá que hacer los cambios correspondientes a la Ley del ISSET, porque así se lo ordena la SCNJ en su resolutivo, para garantizar que los empleados que cotizaron gran parte de su vida laboral bajo el régimen anterior mantengan sus derechos.
Hubo cierta confusión sobre el alcance del fallo de la Corte y eso provocó que el presidente de la Mesa Directiva, Marco Rosando Medina Filigrana, patinara con sus declaraciones.
El miércoles por la tarde, dijo a reporteros de la fuente que el resolutivo de la SCJN tendría un impacto presupuestal importante. Ayer cambió su versión y declaró todo lo contrario, que no tendrá “un impacto económico significativo” en el gobierno de Javier May Rodríguez. ¿Entonces, en qué quedamos?
SEGUNDA PARADA
Siguiendo con el tema del ISSET, en su conferencia matutina de este miércoles, el gobernador Javier May Rodríguez planteó crear una “comisión de la verdad” para que se investigue en manos de quién o quiénes quedaron los fondos del fideicomiso del instituto, pues solamente cuenta con poco más de 50 millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones.
Eso ha obligado al gobierno a tener que destinar parte de los recursos presupuestales y a usar las cuotas de los trabajadores para garantizar a pensionados y jubilados el pago de su dinero.
En ese sentido, adelantó que presentarán las denuncias contra los responsables de esta irregularidad en la Fiscalía General del Estado (FGE), pues aseguró que “no habrá impunidad”.
De ese fondo se esfumaron “miles de millones de pesos” en administraciones anteriores, y el proceso de entrega-recepción en el ISSET aún no concluye y se puede obtener más información sobre este quebranto y de ello el mandatario informará al pueblo.
