México ganó. La gente salió a celebrar. El país volvió a reconocerse en una camiseta, en una bandera, en un grito compartido. Pero la noche terminó con muertos. Y cuando una fiesta termina así, ya no basta decir que “la gente debe cuidarse”. Tampoco basta ofrecer condolencias, anunciar apoyos o prometer que ahora sí se reforzarán los protocolos.
La pregunta es otra: ¿quién diseñó el riesgo? La referencia más visible está en la Ciudad de México, particularmente en el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma. Ahí murieron cuatro personas durante los festejos por el pasado triunfo de la Selección. Tres fallecieron por asfixia en inmediaciones del Ángel. También hubo reportes de alcohol, pirotecnia, empujones y una multitud que rebasó los controles.
Ese es el caso central de esta discusión: no solo por la tragedia, sino porque hubo una decisión pública previa. El gobierno capitalino colocó pantallas, cerró vialidades, habilitó espacios de concentración y convirtió Reforma en un punto de celebración masiva. Por eso la pregunta no puede limitarse a si la gente se comportó bien o mal. También debe preguntarse si el diseño institucional ayudó a reducir el riesgo o terminó alimentándolo.
La capital muestra el riesgo del espacio saturado, pero el mapa nacional revela otras aristas del mismo fenómeno. En Cabo San Lucas, Baja California Sur, el problema estuvo más asociado a vialidad, vehículos y violencia de la multitud. En Chihuahua e Hidalgo se reportaron lesionados durante festejos. En Villahermosa hubo disturbios y daños materiales. En Mérida se registraron concentraciones numerosas. En La Paz, las autoridades hablaron de medidas preventivas para evitar desbordes en el Malecón.
No todos esos casos responden a la misma causa. No es lo mismo una asfixia por aglomeración que un atropellamiento, una riña o un acto de vandalismo. Pero juntos muestran algo que los gobiernos municipales, estatales y federal no pueden ignorar: cada victoria de la Selección altera la vida de la ciudad, concentra personas en puntos simbólicos, presiona la movilidad y puede convertir la emoción colectiva en riesgo cuando no hay control suficiente.
Eso exige prevención diferenciada, no explicaciones después del desastre. Tampoco significa culpar a la afición, significa comprenderla. Porque las multitudes no se comportan como una suma de personas aisladas. La psicología advierte que en la masa cambia la conducta: se diluye la responsabilidad personal, aumenta la sensación de anonimato, se imita lo que hace el grupo, baja el autocontrol y cualquier estímulo puede encender una reacción en cadena.
Si además hay alcohol, pirotecnia, calor, empujones, calles saturadas y vehículos atrapados, la fiesta deja de ser fiesta. Se vuelve riesgo previsible.
Por eso no basta pedir “celebración responsable”. Esa frase suena bien, pero llega tarde cuando el propio diseño institucional empuja a la gente al mismo punto o permite que la concentración crezca sin control. Cuando un gobierno coloca pantallas, cierra vialidades, monta escenarios y convierte el espacio público en punto de concentración, deja de ser espectador. Se vuelve parte del evento. Y si participa en el diseño del festejo, también debe asumir la responsabilidad del riesgo.
El Gobierno de la Ciudad de México, informó que no se pueden prohibir los festejos. Tiene razón, la alegría social no se cancela por decreto, pero gobernar no es prohibirlo todo ni permitirlo todo, gobernar es prever, cuidar y ordenar.
Ese principio vale para la Ciudad de México, para Baja California Sur, para Yucatán, para Tabasco, para Chihuahua, para Hidalgo y para cualquier municipio donde una victoria deportiva pueda convertirse en concentración masiva.
La autoridad no puede presumir afluencia como éxito y después reducir el desastre a falta de responsabilidad ciudadana. En comunicación política, una multitud sirve para la foto. En protección civil, una multitud es riesgo: salidas bloqueadas, ambulancias sin paso, pánico, asfixia, estampida.
Una ciudad no se gobierna con ánimo de festival permanente. En el caso de la Ciudad de México, la pregunta es inevitable: ¿deben volver a colocarse pantallas en Reforma para el próximo partido de México? La duda no nace del miedo ni del deseo de prohibir la alegría. Nace de los datos. La asistencia ha ido creciendo conforme avanza la Selección: de cientos de miles de personas en el debut a más de un millón tras la victoria frente a Ecuador. La euforia va en ascenso, el siguiente partido será todavía más atractivo y el Ángel ya mostró que puede convertirse en punto de saturación y de muerte.
La respuesta no tendría que ser cancelar los festejos. Pero sí retirar el estímulo del punto más riesgoso. Si el Ángel y Reforma ya son imanes naturales, poner ahí más pantallas no necesariamente ordena: atrae más gente al mismo corredor.
Lo responsable sería descentralizar la celebración en sedes controlables, distribuidas en alcaldías, municipios o zonas metropolitanas. No se trata de mover el riesgo de un monumento a otro, sino de llevar las pantallas a espacios delimitados, con accesos identificables, rutas de salida, atención médica, seguridad, transporte cercano y capacidad real de cierre cuando el lugar llegue a su límite.
La pregunta queda al aire para el Gobierno de la Ciudad de México: después de una tragedia y con una asistencia en aumento, ¿tiene sentido volver a alimentar la concentración en Reforma o llegó el momento de mover el festejo hacia puntos más seguros?
La misma pregunta vale para todos los gobiernos: ¿qué se gana reuniendo a tanta gente en un solo lugar?
Puede haber convivencia, identidad, comercio, consumo y foto política. Pero nada de eso vale una vida.
Normas hay, protección civil existe, programas especiales para eventos masivos existen y operativos también. El problema es que los festejos deportivos de esta escala no caben del todo en el molde tradicional de un concierto, una marcha o una feria. Son concentraciones reactivas, parcialmente espontáneas, pero muchas veces estimuladas por la propia autoridad.
Ahí hace falta una política pública específica: protocolos estatales, municipales y, en el caso de la Ciudad de México, una estrategia de coordinación vinculante entre Gobierno central y alcaldías para celebraciones deportivas en espacio público, integrados a las leyes locales de gestión integral de riesgos y protección civil. Estas herramientas obligan a distinguir riesgos: aglomeración en monumentos, atropellamientos, violencia de multitud, alcohol, pirotecnia, bloqueo de ambulancias y saturación del transporte.
La medición tampoco puede quedarse en cuántas personas asistieron. Lo importante es la densidad: cuánta gente cabe realmente en una zona sin que moverse, respirar, salir o recibir auxilio se vuelva imposible. Sin esa medición, el gobierno solo presume afluencia; no administra riesgo. Un buen gobierno no se mide por cuántas personas logró juntar, se mide por cuántas logró cuidar.
Celebrar no es el problema. El problema es convertir la celebración en espectáculo público sin asumir todo lo que eso implica. La gente también tiene responsabilidad porque nadie tiene derecho a empujar, agredir, lanzar pirotecnia, conducir entre multitudes, subirse a estructuras o poner en riesgo a otros. Pero la responsabilidad individual no borra la responsabilidad institucional.
Los gobiernos tienen más información, más capacidad y más obligación. Si saben que la gente irá al Ángel, al malecón, a la plaza central, al monumento o a la avenida principal, deben evitar que todos lleguen al mismo punto. Si saben que habrá alcohol, vehículos atrapados y emoción desbordada, deben diseñar para contenerla, no para usarla como postal.
La Selección ganó. Eso puede alegrar a millones, pero como sociedad perdemos cuando una noche de fiesta termina con familias esperando cuerpos, autoridades explicando lo inexplicable y gobiernos descubriendo tarde que la multitud no era solo alegría: también era riesgo, también era muerte.
Aquí termina el texto, pero empieza una exigencia elemental para todos los gobiernos locales: que la próxima celebración no sea organizada para la foto, sino para cuidar la vida.
