¿Y a mí qué?

Cada vez que se anuncia un nombramiento en el gobierno, la atención suele centrarse en la persona designada. Se habla de su cercanía con quien la nombró, de su trayectoria política o de los equilibrios que representa. Sin embargo, hay una pregunta que rara vez ocupa el centro de la conversación y que, quizá, sea la más importante: ¿qué acredita que esa persona cuenta con las capacidades necesarias para asumir esa responsabilidad?

Es probable que, al leer esto, alguien piense que se trata de un asunto exclusivo de la política o de la administración pública. Que los nombramientos son decisiones internas del gobierno y que poco tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. En otras palabras: ¿y a mí qué? Pues mucho, te lo explico:

La ciudadanía suele pensar que los nombramientos son asuntos internos del gobierno. No lo son. Cada designación determina quién autoriza una compra, quién supervisa un contrato, quién coordina una política pública y quién responde cuando algo falla. Por eso, el costo de un mal nombramiento nunca permanece dentro de una oficina; termina trasladándose a los ciudadanos en forma de servicios deficientes, decisiones tardías o recursos públicos desperdiciados.

Las mejores leyes y el mayor presupuesto sirven de poco si quienes deben ejecutarlos carecen de la capacidad para hacerlo.

La confianza es un componente legítimo en la integración de cualquier equipo de gobierno. Toda persona que encabeza una institución pública necesita rodearse de colaboradores en quienes confía. El problema no es la confianza. El problema comienza cuando la confianza sustituye al mérito, a la experiencia y a las competencias que exige el cargo. Cuando se convierte en el único factor de decisión. 

Gobernar exige confianza. Administrar exige competencia. Un buen gobierno necesita ambas; cuando una sustituye a la otra, quienes terminan pagando el costo son los ciudadanos.

No se trata de una preocupación menor. La medición más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestra que 53% de las personas en México manifiesta confianza alta o moderadamente alta en el Gobierno Federal, un nivel superior al promedio de los países que integran esa organización. Es una buena noticia. Precisamente por ello, esa confianza no debería entenderse como una autorización para relajar el escrutinio público sobre los nombramientos. La confianza fortalece a los gobiernos; el mérito fortalece a las instituciones. Cuando ambos caminan juntos, gana la ciudadanía.

México no parte de cero. Desde hace más de dos décadas cuenta con un Servicio Profesional de Carrera en nuestra legislación cuyo propósito es incorporar el mérito como criterio para ocupar determinados cargos de la Administración Pública Federal. Sin embargo, su alcance sigue siendo limitado. Solo aplica a una parte de la administración pública y la propia legislación contempla múltiples excepciones y cargos de libre designación.

Las excepciones legales que permiten la libre designación responden a la necesidad de que quienes gobiernan integren equipos de su confianza. Ese margen de decisión forma parte del diseño institucional. Sin embargo, cuanto mayor es la discrecionalidad para nombrar, mayor debería ser también el escrutinio público sobre la preparación de las personas designadas. La confianza política puede justificar quién llega; el mérito debe justificar por qué permanece.

La discusión volvió recientemente al espacio público cuando Morena anunció un doble filtro para seleccionar a sus candidatas y candidatos. Es una decisión interna que corresponde valorar a sus militantes y, en su momento, a la ciudadanía. Pero el tema deja una reflexión que trasciende a cualquier partido político: si consideramos razonable revisar el perfil de quienes aspiran a representarnos mediante el voto, ¿por qué no exigimos un escrutinio semejante para quienes administrarán instituciones, ejercerán recursos públicos o tomarán decisiones técnicas que impactan la vida cotidiana de millones de personas?

La administración pública lleva décadas estudiando este problema. Max Weber, considerado el padre de la burocracia moderna, sostenía que el servicio público debía sustentarse en la competencia técnica y en reglas impersonales, no únicamente en la confianza personal. Herbert Simon, Premio Nobel de Economía, desarrolló la teoría de la racionalidad limitada para explicar que quienes toman decisiones nunca disponen de toda la información; por eso, cuanto mayor sea su preparación, mejores serán los criterios con los que decidirán. Michel Crozier, uno de los principales estudiosos de las organizaciones, mostró que el poder suele concentrarse en las llamadas zonas de incertidumbre, aquellos espacios donde el conocimiento especializado o la ausencia de reglas claras permiten influir sobre decisiones estratégicas. Cuando quienes ocupan esos espacios carecen de capacidad técnica, la incertidumbre deja de administrarse y comienza a convertirse en errores. Desde enfoques distintos, los tres llegan a una misma conclusión: las decisiones públicas son tan buenas como la preparación de quienes las toman.

Cada vez que se anuncie un nombramiento, la ciudadanía, los medios de comunicación y quienes ejercen el control institucional deberían formular, al menos, cinco preguntas. ¿Conoce técnicamente la materia que va a dirigir? ¿Ha demostrado capacidad para tomar decisiones? ¿Su trayectoria refleja integridad y respeto por la legalidad? ¿Tiene orientación al ciudadano y a los resultados? ¿Ha dirigido equipos y organizaciones con eficacia? Ninguna garantiza el éxito, pero omitirlas incrementa considerablemente la probabilidad del fracaso. Y cuando las respuestas sean insuficientes, el escrutinio no debería terminar con el anuncio. Debe acompañar la gestión, documentar sus resultados y exigir responsabilidades cuando la improvisación termine traduciéndose en servicios deficientes, decisiones equivocadas o recursos públicos desperdiciados. Lo que no se cuestiona el primer día suele convertirse en la queja de todos unos meses después.

No se trata de eliminar los nombramientos de confianza ni de desconocer la naturaleza política de un gobierno. Se trata de recordar que la confianza puede justificar la cercanía, pero nunca sustituir la preparación. Cuando eso ocurre, las consecuencias no aparecen primero en los discursos ni en las conferencias de prensa. Aparecen en hospitales, escuelas, oficinas públicas, carreteras y servicios que funcionan por debajo de lo que la sociedad merece.

Aquí termina el texto, pero empieza tu conciencia. Porque la confianza puede abrir la puerta del servicio público, pero solo el mérito, la competencia y los resultados le dan legitimidad para permanecer abierta.