¿Y a mí qué?

La política de la dádiva se resiste a desaparecer. Han cambiado las leyes, se han fortalecido los controles sobre el ejercicio de los recursos públicos y durante años hemos intentado sustituir el favor por el derecho, la voluntad del gobernante por la institución y el agradecimiento por la rendición de cuentas. Sin embargo, una vieja práctica permanece: servidores públicos que presentan acciones gubernamentales como muestras de generosidad y encuentran en la necesidad de una persona una oportunidad para promocionar su propia imagen.

Las redes sociales no inventaron esta forma de hacer política. Le dieron un escaparate permanente. Antes era el gobernante entregando despensas, láminas o apoyos frente a la cámara. Hoy puede ser cualquier funcionario cargando una silla de ruedas, barriendo una calle, pintando una banqueta o realizando personalmente cualquier actividad susceptible de producir una buena fotografía. Cambió el medio pero la concepción paternalista del poder parece mucho más difícil de erradicar.

Supongamos un caso. Una familia solicita al gobierno una silla de ruedas. El apoyo no deriva de un programa social específico, sino de una petición ciudadana como tantas que reciben alcaldes, presidentes municipales o gobernadores. La necesidad se considera procedente y la silla se adquiere con recursos públicos. Hasta ahí existe una respuesta gubernamental concreta. El problema comienza cuando un titular cuyas atribuciones nada tienen que ver con salud, asistencia o desarrollo social encuentra en la entrega una oportunidad para hacerse visible y de repente aparece bajando la silla del vehículo, cargándola, caminando hacia la vivienda y entrando incluso a la habitación de la persona beneficiaria. Después publica las fotografías en sus propias redes acompañadas de mensajes sobre sensibilidad, compromiso, servicio y bienestar.

La publicación pretende demostrar que trabaja. Paradójicamente, puede terminar demostrando algo muy distinto. ¿Con qué atribución realiza esa actividad? ¿Por qué un titular especializado entrega personalmente un apoyo correspondiente a otra materia? ¿Por qué la institución queda relegada mientras su imagen ocupa el centro de la comunicación? ¿Y qué relación guarda esa fotografía con los resultados por los cuales realmente debería rendir cuentas?

Lo más sorprendente es que el propio servidor público publica la evidencia. Pretende presumir vocación y puede terminar exhibiendo desconocimiento de la función que desempeña. La administración pública se organiza mediante competencias precisamente porque gobernar no consiste en que cada funcionario haga aquello que considere políticamente atractivo. Existen áreas responsables de seguridad, desarrollo social, obras, servicios urbanos, salud o finanzas porque cada una tiene atribuciones y responsabilidades determinadas. La coordinación y la supervisión interinstitucional son perfectamente válidas e incluso necesarias; lo que resulta absurdo es desplazar en la narrativa pública al área responsable para convertir una acción institucional en mérito personal de quien aparece en la fotografía.

Además, si la silla fue adquirida con recursos públicos, el funcionario no regaló nada. Tampoco el alcalde ni el gobernador. La pagamos entre todos. Presentar el ejercicio de recursos públicos como manifestación de generosidad personal nos devuelve a la vieja política de la dádiva que precisamente hemos intentado superar.

No es casual que el artículo 134 constitucional establezca límites a la promoción personalizada en la propaganda gubernamental. Eso no significa que cada fotografía de un servidor público constituya automáticamente una infracción. El Tribunal Electoral ha establecido que deben analizarse los elementos personal, objetivo y temporal para determinarla. Pero la existencia misma de ese límite constitucional expresa un principio democrático elemental: el ejercicio de los recursos y la comunicación gubernamental no deberían convertirse en instrumentos para engrandecer a quien temporalmente ocupa un cargo público.

Hay otro límite que debería preocuparnos: la dignidad de quien recibe el apoyo. Para demostrar que se entregó una silla de ruedas no hace falta introducir una cámara hasta la recámara de una persona, mostrar su cama o exhibir las condiciones en las que vive. La protección de datos personales obliga a las autoridades a tratar con especial cuidado la información sensible. Pero incluso suponiendo que exista consentimiento para publicar una fotografía, permanece una pregunta ética mucho más sencilla: ¿era necesario mostrarla?

La necesidad ciudadana no debería convertirse en escenografía política. En los últimos años también se ha popularizado una expresión que sirve para justificar buena parte de esta obsesión por la exposición: “hay que caminar territorio”. La idea original puede ser correcta. Quien gobierna debe salir del escritorio, conocer problemas, escuchar a la población y supervisar servicios. Pero “caminar territorio” se degrada cuando termina significando acumular fotografías que demuestren que el funcionario estuvo ahí. Entonces aparecen servidores ansiosos por cargar la caja, tomar la escoba, sostener la brocha, entregar personalmente el apoyo y obtener la fotografía que después permita presumir cercanía.

Caminar territorio no constituye por sí mismo un resultado. Si alguien dirige seguridad pública, evaluémoslo por seguridad. Si conduce servicios urbanos, revisemos los servicios urbanos. Si encabeza desarrollo social, evaluemos cobertura, acceso y resultados. El cargo determina la responsabilidad; la fotografía no puede sustituirla.

Y aquí la ciudadanía tiene una responsabilidad que quizá hemos ejercido poco. Mientras sigamos premiando estas escenas con aplausos,”likes”, comentarios aduladores y demás, algunos funcionarios seguirán encontrando rentabilidad política en producirlas. Hay que cambiar la mirada.

Cuando veamos a un servidor público cargando una silla de ruedas, no deberíamos apresurarnos a felicitarlo. Preguntemos qué cargo ocupa y cuáles son sus atribuciones. Si el apoyo se pagó con recursos públicos, preguntemos de dónde salió. Si corresponde a una acción gubernamental, exijamos saber cómo puede acceder otra persona. Si está realizando funciones ajenas, cuestionemos por qué. Y, sobre todo, contrastemos la fotografía con los resultados del área que verdaderamente tiene bajo su responsabilidad.

Pero no tenemos que quedarnos en el comentario de redes. Existen instrumentos ciudadanos para preguntar formalmente. Una solicitud de acceso a la información puede permitir conocer de qué partida salió el recurso, qué autoridad autorizó su adquisición, bajo qué mecanismo se entregó y qué unidad administrativa intervino. Y si de esa información surgen elementos que hagan presumir una irregularidad, existen órganos internos de control y otras instancias competentes ante las cuales puede presentarse la denuncia correspondiente. Fiscalizar también es participar.

Hay que señalar estas incongruencias, cuestionarlas públicamente y negarles el rendimiento político que buscan. No mediante insultos, sino mediante algo mucho más difícil de enfrentar: atribuciones, documentos, resultados, transparencia y rendición de cuentas.

Un servidor público tiene derecho a comunicar su trabajo. Lo que no debería hacer es convertir el recurso público en dádiva, la vulnerabilidad en escenografía y una acción gubernamental en promoción personal.

Aquí termina el texto, pero empieza tu reflexión: La próxima vez que veas a un funcionario cargando una silla, entregando una despensa o sosteniendo una escoba frente a la cámara, no preguntes primero qué tan cercano parece. Pregunta qué cargo ocupa, cuáles son sus atribuciones y qué resultados entrega. “Quizá la fotografía con la que pretende presumir su vocación sea precisamente la que mejor exhibe todo lo que todavía no comprende sobre el servicio público”.