¿Y a mí qué?

En política, pocas palabras parecen resolver una discusión tan rápido como “encuesta”. Frente a varios aspirantes que buscan una candidatura, el método ofrece una salida aparentemente sencilla: preguntar a la gente, medir preferencias y reconocer a quien obtenga el mejor resultado. El problema es que podemos conocer al ganador y seguir sabiendo muy poco sobre las reglas que construyeron ese resultado.

Eso ocurre ahora en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027. Las primeras definiciones de coordinaciones estatales generaron inconformidades porque los resultados no fueron difundidos públicamente al momento de anunciar a los seleccionados, aunque, de acuerdo con la dirigencia, sí fueron mostrados a quienes participaron. La diferencia importa: una cosa es que los aspirantes conozcan determinados resultados y otra que el procedimiento pueda ser conocido y comprendido públicamente.

Claudia Sheinbaum explicó que el mecanismo utilizado no consiste simplemente en preguntar quién debería ser candidato. Se emplean diez preguntas con distintas ponderaciones y también importan aspectos como dónde se realiza el levantamiento, a quién se entrevista, cuántas personas participan y de qué manera se formulan las preguntas. Posteriormente, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que al concluir el proceso se darán a conocer los resultados entidad por entidad y que las casas encuestadoras explicarán la metodología utilizada.

El anuncio es relevante y habrá que valorar la información una vez publicada. Pero también permite formular una pregunta que trasciende a Morena: ¿qué significa realmente transparentar una encuesta utilizada para tomar una decisión política?

Una encuesta puede entregarnos un número muy sencillo como resultado de un procedimiento bastante complejo. Un aspirante obtiene determinado porcentaje y otro queda algunos puntos abajo. Entender esas cifras es fácil. Lo menos visible es todo lo que ocurrió antes: qué población se pretendía representar, cómo se seleccionó la muestra, cuántas personas fueron entrevistadas, cuándo se realizó el levantamiento, qué se preguntó y cómo se procesaron las respuestas.

El número de entrevistados, por sí solo, tampoco determina la calidad de una encuesta. Una muestra relativamente pequeña, correctamente seleccionada, puede representar adecuadamente a una población mucho mayor, mientras que miles de respuestas obtenidas mediante un procedimiento sesgado pueden producir una fotografía distorsionada. Por eso importa tanto el tamaño de la muestra como la manera en que fue construida.

En el proceso que hoy se discute existe un elemento todavía más relevante: las diez preguntas tienen diferentes ponderaciones. Eso significa que no todas aportan lo mismo al resultado final. Las ponderaciones no son un detalle estadístico. También expresan una decisión sobre qué significa estar “mejor posicionado”. Si una característica recibe mayor peso que otra, el método está definiendo qué atributos considera más relevantes para seleccionar a quien encabezará una candidatura. Eso puede ser perfectamente legítimo, pero precisamente por su importancia debería conocerse.

Saber cuáles fueron las preguntas y cuánto pesó cada una permitiría comprender qué estaba midiendo realmente el ejercicio. No es lo mismo medir únicamente intención de voto que construir un resultado a partir de varios atributos. Ninguna de las dos opciones es necesariamente incorrecta, pero responden a preguntas distintas. Por eso conocer las reglas permite interpretar correctamente el porcentaje final.

La discusión dejó además de ser solamente mediática. Esta semana llegó al Tribunal Electoral una impugnación relacionada con el proceso. Una aspirante de Baja California cuestionó la información que le fue proporcionada y solicitó conocer con mayor precisión la metodología utilizada. Corresponderá al Tribunal determinar lo jurídicamente procedente y si existió alguna irregularidad. La presentación de un recurso no demuestra que la encuesta haya sido manipulada. Lo que sí deja claro es que el método utilizado para definir una candidatura también puede convertirse en materia de controversia.

También han existido cuestionamientos de partidos aliados sobre las mediciones. Morena sostiene que se realizaron encuestas espejo y que, en los casos en que el Partido del Trabajo solicitó ejercicios adicionales, los resultados coincidieron. Estos elementos podrán evaluarse mejor una vez que se conozca la información que la propia dirigencia se comprometió a publicar.

Transparentar tampoco significa publicar información personal de quienes respondieron. Existe un punto razonable entre revelar únicamente al ganador y abrir indiscriminadamente las bases de datos. Conocer el cuestionario, las ponderaciones, la población objetivo, el diseño y tamaño de la muestra, las fechas y forma del levantamiento, los márgenes estadísticos y la manera en que se integraron las encuestas espejo permitiría comprender mucho mejor el procedimiento sin vulnerar la privacidad de los entrevistados.

Pedir esa información tampoco equivale a acusar fraude ni a desconocer anticipadamente los resultados. Hasta ahora no existen elementos suficientes para sostener una afirmación de esa naturaleza. La transparencia cumple precisamente otra función: permitir que una discusión política pueda apoyarse en información verificable y no solamente en sospechas, declaraciones o inconformidades.

Eso no significa que desaparecerán los conflictos. Un aspirante que pierde puede continuar cuestionando el resultado incluso después de conocer la metodología. También podría controvertir las propias reglas o sus ponderaciones. Transparencia no significa unanimidad ni convierte una decisión política en una operación puramente matemática. Lo que hace es permitir que sepamos exactamente qué estamos discutiendo.

Morena adoptó las encuestas como un mecanismo para que la selección de sus perfiles no dependiera exclusivamente de una decisión cupular. Si ese es el propósito, explicar cómo se construyen los resultados debería formar parte natural del procedimiento. Si una encuesta será determinante para legitimar una candidatura, resulta razonable que también puedan conocerse las reglas con las que se obtuvo el resultado.

Y esto no interesa solamente a quienes militan en Morena. Los partidos políticos cumplen una función pública y sus decisiones internas terminan determinando quiénes aparecerán en las boletas. Una persona seleccionada mediante estos procedimientos puede convertirse después en gobernadora, gobernador o titular de otra responsabilidad pública. Lo que comienza como una competencia partidista puede terminar teniendo consecuencias para millones de ciudadanos que nunca participaron en ella.

Por eso será importante revisar la información que Morena presente al cumplir su anuncio. Si confirma la consistencia del procedimiento, hacerlo público puede fortalecerlo. Si permite identificar aspectos susceptibles de mejorar, también habrá cumplido una función útil. La transparencia no debería utilizarse solamente para encontrar irregularidades; también sirve para acreditar que las reglas anunciadas fueron las que efectivamente se aplicaron.

Aquí termina el texto, pero empieza tu reflexión. Si una encuesta va a dar legitimidad a una decisión política, no basta con saber quién ganó. También necesitamos entender cómo llegó hasta ahí.