¿Y a mí qué?

El próximo lunes comenzará en el Senado una nueva ronda de comparecencias de integrantes del gabinete federal como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno. La primera corresponderá a la secretaria de Gobernación y después acudirán los titulares de otras dependencias, sin embargo, en la Cámara de Diputados este ejercicio ya comenzó.

Para quien no sigue cotidianamente la actividad legislativa, una comparecencia puede parecer un ritual conocido: llega un secretario, presenta cifras, los legisladores fijan posiciones, vienen las preguntas, las respuestas, algunos reclamos y, varias horas después, termina la transmisión. Al día siguiente, los medios recuperan las declaraciones más llamativas y la agenda política continúa.

Pero la Constitución le da a ese encuentro una importancia bastante mayor. Los artículos 69 y 93 establecen las bases para que las Cámaras analicen el Informe de Gobierno, citen a secretarios de Estado y otros servidores públicos, soliciten información y formulen preguntas e interpelaciones. Quienes comparecen deben rendir informes bajo protesta de decir verdad. No se trata, entonces, de una visita de cortesía entre poderes ni de una conferencia de prensa particularmente larga. Es uno de los instrumentos de control que tiene el Poder Legislativo sobre la actuación del gobierno.

El Congreso no sólo discute y aprueba leyes y presupuestos. También debe revisar, preguntar y obtener explicaciones sobre las decisiones de la administración pública. Una comparecencia permite precisamente colocar frente a los representantes populares a quien tiene la responsabilidad de explicar lo realizado desde una dependencia.

El Reglamento del Senado permite comprender mejor hasta dónde puede llegar ese ejercicio. Las preguntas deben referirse a asuntos de interés público y a las atribuciones del funcionario. Las respuestas deben estar directamente relacionadas con lo preguntado. Si el compareciente evade una pregunta o no responde satisfactoriamente, puede solicitársele que entregue por escrito la información faltante dentro de los cinco días siguientes. Si tampoco lo hace, previo acuerdo del Pleno, puede ser convocado nuevamente.

Las herramientas existen pero la discusión está en cómo se utilizan. Esta semana ocurrió algo en la Cámara de Diputados que ayuda a entender el problema. Durante la comparecencia del secretario de Hacienda, que se prolongó por más de seis horas, el tablero registraba la asistencia de 414 diputados, pero muchas curules estaban vacías. Entre los ausentes había legisladores de diferentes partidos.

El dato importa más allá de la imagen. La Cámara había citado a un funcionario para que explicara el trabajo de su dependencia y respondiera cuestionamientos. Por eso la responsabilidad de una comparecencia no recae únicamente en quien ocupa el lugar del compareciente. También debemos observar qué hacen los legisladores con la oportunidad de preguntar, revisar y obtener información.

Es natural que un diputado o senador tenga una posición política. Representa una plataforma, pertenece a un grupo parlamentario y participa en una disputa democrática. Pretender que llegue a una comparecencia sin posiciones previas sería desconocer la naturaleza misma del Congreso. Lo que sí podemos exigir es que esa posición no termine desplazando la función de control que justifica el ejercicio.

Hay intervenciones dedicadas principalmente a respaldar al gobierno, destacar sus logros o defender al funcionario de los cuestionamientos. También las hay centradas en acusaciones, consignas o frases que buscan llamar la atención de los medios y las redes sociales. La defensa de una política pública puede ser legítima y la crítica también es necesaria. Ninguna, por sí sola, sustituye una pregunta capaz de aclarar cómo se utilizó el dinero público, por qué no se alcanzó una meta, qué explica determinada cifra o cuáles fueron los resultados de una decisión.

Ahí hace falta responsabilidad política. No entendida como moderación ni como renuncia al debate, sino como la capacidad de utilizar una facultad constitucional para obtener información útil. Se puede cuestionar con firmeza y con sustento. También se puede pertenecer al partido en el gobierno y formular preguntas que permitan conocer mejor sus resultados. Fiscalizar no significa necesariamente atacar, y respaldar un proyecto político tampoco debería impedir preguntar.

Una comparecencia bien aprovechada exige preparación. El legislador puede contrastar lo informado con el presupuesto aprobado, revisar metas, identificar diferencias entre lo planeado y lo realizado, pedir explicaciones sobre decisiones concretas y solicitar evidencia que respalde los resultados presentados. Después puede regresar sobre aquello que no fue respondido y utilizar los mecanismos disponibles para obtener información adicional.

Del funcionario también debemos exigir algo más que una relación de actividades. Saber cuánto se gastó, cuántas reuniones se realizaron, cuántos operativos se desplegaron o cuántas personas recibieron un apoyo aporta información, pero todavía deja preguntas importantes. Interesa conocer qué se pretendía resolver, qué resultados se obtuvieron, qué dificultades aparecieron y por qué se tomaron determinadas decisiones.

Ahí está una diferencia importante entre informar y rendir cuentas. La rendición de cuentas incluye información, pero también explicación y justificación frente a quien tiene facultades para cuestionar. Esto no significa que una comparecencia sustituya una auditoría o una evaluación de política pública. Son instrumentos distintos. La comparecencia puede aportar información, detectar asuntos que requieren revisión y dejar preguntas que después deben tener seguimiento.

Ese último punto suele recibir menos atención. El trabajo legislativo no tendría que agotarse al terminar la transmisión. Una respuesta incompleta puede dar lugar a una solicitud posterior de información. Un dato puede contrastarse con otros documentos. Un compromiso expresado durante la comparecencia puede revisarse posteriormente. De poco sirve formular una buena pregunta si nadie vuelve a consultar la respuesta.

También nosotros, como ciudadanos, podemos mirar estos ejercicios de otra manera. No estamos obligados a quedarnos con el fragmento de treinta segundos que un partido, un legislador o un medio seleccionó para redes sociales. El Senado publica el Diario de los Debates, versiones estenográficas y registros de asistencia. Es información pública que permite conocer mejor qué ocurrió durante una sesión y qué hicieron nuestros representantes.

Podemos hacernos preguntas bastante sencillas. ¿Estuvieron presentes? ¿Qué preguntaron? ¿Su intervención ayudó a aclarar algún punto del informe? ¿Solicitaron información cuando una respuesta quedó incompleta? ¿Hubo seguimiento después?

La rendición de cuentas también alcanza al Poder Legislativo. El funcionario debe explicar su gestión, pero los representantes tienen que responder por la manera en que utilizan las facultades que recibieron. Para evaluar su trabajo no necesitamos adivinar sus intenciones. Podemos observar su actuación.

Las comparecencias ya cuentan con fundamento constitucional, reglas e instrumentos. La discusión no debería reducirse a cuántas horas duraron ni a quién protagonizó el momento más comentado. La pregunta importante es si sirvieron para conocer mejor la actuación del gobierno y para que el Congreso ejerciera realmente su responsabilidad de control.

Aquí termina el texto, pero empieza tu reflexión. La próxima vez que veas a un secretario sentado frente al Congreso, quizá no baste con mirar lo que responde. También habrá que mirar las curules y preguntarnos qué están haciendo quienes se sientan frente a él.