¿Y a mí qué?

El Gobierno federal celebra, con razón, que los homicidios dolosos se redujeron a la mitad. Sin embargo, millones de mexicanos todavía sienten miedo. Esta aparente contradicción no es un capricho social ni necesariamente una postura política: refleja la realidad de un país donde disminuye la violencia letal, pero persisten delitos que rara vez llegan a investigarse. Las estadísticas muestran avances que merecen reconocerse, aunque la tranquilidad también depende de poder caminar por las calles sin temor a ser víctima de un delito.

El 10 de noviembre, el Gobierno federal informó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 50% entre septiembre de 2024 y octubre de 2026, al pasar de 86.9 a 43.4. Son aproximadamente 43 homicidios menos cada día, una reducción significativa en uno de los delitos más graves del país.

Cada homicidio evitado representa una vida que puede continuar y una familia que no tendrá que enfrentar una pérdida irreparable. La estrategia gubernamental contempla inteligencia, investigación, coordinación institucional y combate a organizaciones criminales. También se reportó una disminución del 36% en el promedio diario de delitos de alto impacto.

Pero hay otra cifra que merece atención: La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI el 23 de octubre de 2026, reveló que el 58.1% de la población adulta encuestada en 91 áreas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad.

También existe una mejoría: en septiembre de 2025 ese porcentaje alcanzaba el 63%. Por tanto, disminuyen tanto los homicidios como la percepción de inseguridad, aunque ambas mediciones representan fenómenos distintos.

¿Por qué persiste entonces el miedo? Porque los homicidios constituyen solamente una parte de la violencia que experimenta la población. Una persona puede vivir en una ciudad donde disminuyen los asesinatos y continuar preocupada por sufrir un asalto, una extorsión o una agresión durante sus desplazamientos.

Según la ENSU, el 68.7% de las personas encuestadas manifestó sentirse inseguro en cajeros automáticos ubicados en la vía pública, mientras que el 61.8% expresó esa preocupación al transitar por las calles. Los porcentajes corresponden a espacios distintos y muestran cómo la inseguridad acompaña actividades cotidianas, desde retirar dinero hasta regresar del trabajo.

Pero existe un problema menos visible: muchos delitos ni siquiera llegan al conocimiento formal de las autoridades.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 estima que el 93.4% de los delitos ocurridos durante 2025 no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación. Es lo que se conoce como cifra negra.

En materia de extorsión, el porcentaje alcanzó el 97.5%. Imaginemos cien extorsiones. Si se reprodujera la proporción nacional estimada por el INEGI, apenas dos o tres llegarían a registrarse en una carpeta de investigación. Las demás quedarían fuera del registro formal, aunque sus consecuencias económicas y emocionales continuarían presentes.

No todas las extorsiones corresponden a cobro de piso ni sus víctimas son exclusivamente comerciantes. Sin embargo, el ejemplo permite comprender por qué los registros de las fiscalías no reflejan la totalidad de las experiencias delictivas.

Algo semejante ocurre con el robo a transeunte o en transporte público, cuya cifra negra alcanzó el 92.6%, conforme a la clasificación utilizada por el INEGI.

En estas condiciones, reducir los homicidios es indispensable, pero también lo es facilitar la denuncia y fortalecer las investigaciones de los delitos cotidianos.

La inseguridad tampoco se experimenta igual entre mujeres y hombres. La ENSU señala que el 64.2% de las mujeres considera inseguro vivir en su ciudad, frente al 50.6% de los hombres. Esta diferencia merece atención porque las mujeres enfrentan riesgos específicos de acoso, amenazas y violencia sexual que no pueden comprenderse únicamente mediante las estadísticas de homicidios.

Desde la psicología, el temor puede mantenerse después de sufrir un delito o conocer experiencias violentas de personas cercanas. La exposición constante a noticias e imágenes de violencia también puede influir en la percepción del riesgo, aunque sus efectos varían según las circunstancias individuales.

La confianza necesita construirse mediante experiencias reiteradas de seguridad y respuestas institucionales eficaces.

Aquí aparece otra dimensión del problema: la impunidad. El Gobierno federal informó que, entre octubre de 2024 y octubre de 2026, fueron detenidas más de 74 mil personas por delitos de alto impacto. Es un resultado operativo relevante, pero una detención no equivale a una sentencia ni garantiza que una organización criminal haya dejado de actuar.

En marzo de 2026, México Evalúa presentó su estudio Radiografía de la Impunidad, según el cual el 89.42% de los casos que el sistema penal debía resolver en 2024 no obtuvo una solución efectiva. Este indicador corresponde a un periodo y universo distintos de las detenciones federales, pero permite dimensionar los desafíos de la procuración e impartición de justicia.

La seguridad requiere policías capaces de prevenir y detener, fiscalías que investiguen adecuadamente y autoridades judiciales que resuelvan los asuntos conforme a derecho. Si alguno de estos procesos falla, la respuesta institucional queda incompleta.

También importa dónde ocurren los delitos. Según el informe gubernamental, siete entidades concentraron el 52.5% de los homicidios dolosos registrados entre enero y octubre de 2026. Una reducción nacional puede coexistir con graves problemas locales, por lo que las intervenciones deben responder a las condiciones de cada región.

El desafío consiste en sostener los avances, combatir los delitos cotidianos y fortalecer los resultados del sistema de justicia. Para ello, las estadísticas delictivas deben analizarse junto con las encuestas de victimización y la percepción ciudadana.

Aquí termina el texto, pero empieza tu conciencia. Que disminuyan los homicidios es una buena noticia y merece reconocerse. Pero recuperar la tranquilidad exige algo más: que denunciar sirva, que los delitos se investiguen y que las personas puedan caminar por sus calles, trabajar y regresar a casa sin que el miedo determine sus decisiones.