Estas son las denuncias y solicitudes que realiza la USO:
1. Se Responsabiliza al Estado colombiano en cabeza del Presidente de la República y su fuerza pública, a las empresas PACIFIC RUBIALES y ECOPETROL, a las autoridades administrativas que ordenaron los ataques indiscriminados sobre la población y la humanidad de los trabajadores, por la seguridad, la vida e integridad de los manifestantes.
2. Exigimos al gobierno nacional detenga de inmediato la represión y la violencia contra los trabajadores y las comunidades en Puerto Gaitán y demás regiones petroleras de Colombia.
3. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que respete los derechos fundamentales de los trabajadores y las comunidades y se brinden las garantías para el libre ejercicio de la actividad sindical.
4. Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales con el fin que se pronuncien y condenen estos atropellos de que viene siendo objeto por parte de las empresas petroleras y el gobierno nacional y local los trabajadores y las comunidades.
5. Llamamos a nuestras organizaciones hermanas, de derechos humanos y a la comunidad en general para que no permitan que se sigan conduciendo y reafirmando la conducta antisindical de las empresas petroleras y el gobierno nacional.
Las comunidades e Puerto Gaitán Meta, reclaman desde hace más de 6 años a las autoridades municipales, departamentales, y Nacionales, así como a las operadoras petroleras, la solución a una serie de problemas sociales, ambientales, laborales y económicos, sin obtener respuesta positiva.
Las multinacionales petroleras Cepcolsa, Ecopetrol y Pacific Rubiales Energy cancelan arbitrariamente e irregular el contrato que mantenían con la contratista Montajes J.M dejando sin trabajo a mas de 1,100 trabajadores, que decidieron afiliarse a la Unión Sindical Obrera.
Desde que se inició el conflicto laboral y social, los trabajadores y las comunidades han sido objeto de la más agresiva violencia institucional y empresarial, dejando como saldo 50 trabajadores heridos de consideración, más de 500 trabajadores despedidos y varios miembros de la comunidad afectados. La USO, cumpliendo sus principios sindicales y en ejercicio de los derechos constitucionales, ha venido haciendo presencia en la zona, acompañando a los afiliados, indígenas, campesinos y pobladores de esta región petrolera en Colombia. Consecuente con su disposición de dialogo, acordó con el gobierno nacional una reunión de concertación con el gobierno. En esta se definieron mesas de trabajo en las cuales se discutirían los distintos problemas planteados por las comunidades, iglesia, autoridades locales y empresarios e la región.
Pasados dos meses de la suspensión de la protesta pacífica de los trabajadores, las mesas no han producido ningún resultado concreto para mejorar la situación de las comunidades, lo que ha originado nuevas protestas.
Esta vez la agresión de la fuerza pública con su escuadrón móvil antidisturbios ESMAD, ha sido más brutal que en ocasiones anteriores: En Puerto Gaitán se ha atacado a la población civil, menores, mujeres, sin ninguna discriminación, utilizando gases y granadas aturdidoras modificadas con metralla. En campo Rubiales, se han lanzado gases lacrimógenos y balas de goma desde helicópteros estatales, han destruido vehículos y quemado carpas para responsabilizar a los trabajadores de dichos desmanes; se ensañaron con los vehículos de la organización sindical que sufrieron destrozos, dejándolos prácticamente inservibles. Además, la multinacional bloqueó la vía entre Puerto Gaitán y campo Rubiales.
Denunciamos que el Gobierno de Colombia ha dado la orden al Ejercito y la Policía Nacional, a desalojar en horas de la noche por la fuerza a los trabajadores de Campo Rubiales y campo Quifa. Advertimos que esta acción puede desencadenar en una “masacre” de trabajadores.
Todos estos acontecimientos se hubieran podido evitar si el gobierno nacional, la Empresa Pacific Rubiales y Ecopetrol hubieran cumplido con lo acordado en la reunión de las Mesas de Trabajo. La situación se torna más peligrosa porque en Barranca de Upía, también en el departamento del Meta, circuló un panfleto en el cual se amenaza a los dirigentes sindicales de la USO porque en Puerto Gaitán se ha corrido el rumor diciendo que “quienes provocan los disturbios son los de la USO”. Coinciden sus frases con las de los empresarios e integrantes del gobierno nacional: “les recordamos que esta es nuestra zona no de ustedes así que no vengan acá con maricadas de enseñarles a nuestros humildes pobladores a hacer bombas y a destruir todo…”
El gobierno de Juan Manuel Santos y el dialogo social han asumido una conducta proclive a los intereses de las empresas multinacionales y de represión contra los derechos de los trabajadores y las comunidades, que pueden declarar territorios vedados para los colombianos, sin que sean objeto de ninguna clase de reclamo de parte del gobierno. No puede haber dialogo social serio cuando las empresas irrespetan los más mínimos derechos de los trabajadores y las comunidades, y cuando la respuesta a las manifestaciones de la sociedad son reprimidas y penalizadas. Tampoco puede convertirse en axioma del gobierno la represión y la violencia contra la protestas social. Las comunidades y los trabajadores en el Meta han sido objeto de la feroz represión del Estado colombiano poniendo en riesgo incluso, la vida, integridad y libertades de los trabajadores de las comunidades.
Adecuación trabajador sección 48
.-.-.-.-.-.-.
Disuelven sindicato de una empresa propiedad de Carlos Slim
Hostigamiento y discriminación anti sindical
El Sindicato de Industria de Trabajadores de las Comunicaciones (SITCOM), mediante su Secretario General Luis Wilfredo Berrios, ha presentado ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social un recurso de revocatoria a la resolución notificada el día 14 de Septiembre de 2011 en donde procede a cancelar el registro del sindicato, argumentando nuevamente que esta acción es una violación flagrante a los derechos de libertad sindical, derechos protegidos por los Convenios 87 y 98 de la OIT ratificados por El Salvador.
SITCOM está en espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el recurso de amparo frente a la disolución del sindicato promovida por la empresa CTE S.A. de C.V. subsidiaria en El Salvador de América Móvil S.A.B. de C.V. propiedad del Magnate Mexicano Carlos Slim Eliú. El 25 de julio del presente SITCOM informa al Departamento de Organizaciones sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de dos recursos interpuestos por el sindicato ante la corte suprema de justicia en contra de la disolución de SITCOM pronunciada por la cámara 1 de lo Laboral de San Salvador
Desacuerdo al Código de Trabajo (Art. 232) de San Salvador, establece que un sindicato solo puede ser disuelto cuando es por una solicitud de sus miembros mediante Asamblea General o cuando ha caído por debajo de 35 miembros por más de un año Ninguna de estos supuestos existió. Además el Convenio 87 de la OIT ratificado por El Salvador también establece que un sindicato no puede ser disuelto salvo por los causales que establezca la ley.
Sin embargo los abogados representantes de CTE-América Móvil presentaron la demanda de disolución de SITCOM con fecha 28 de abril de 2010 ante Juzgado 1º de lo laboral, donde la pretensión patronal fue declarada atinadamente NO HA LUGAR. Los abogados de la empresa apelaron esta decisión, con lo cual el caso pasa a la Cámara 1º de lo laboral de San Salvador. En este ultimo el magistrado presidente Dr. Wilfredo Arnoldo Campos Sánchez tiene lazos consanguíneos con uno de los apoderados de CTE-América Móvil. Lic. Mario Sánchez Chinchilla y de manera clara desobedeciendo la ley resuelve mandar a cancelar el registro de SITCOM.
Ante esto, SITCOM presenta un recurso de Casación ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, el cual declaran Inadmisible debido a que según la Sala, estos casos no admiten recurso alguno según el artículo 622 del Código de Trabajo. Violentando abiertamente el derecho de libertad sindical. Amparo que promueven en la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia en el mes de junio.
Humberto Centeno titular de trabajo, cedió y valido a favor de CTE-América Móvil propiedad del magnate Mexicano Carlos Slim, sin ninguna base legal solo por afinidad familiar. Te puedes documentar e informar en nuestra página www.cnee-sur.net y enviar tus comentarios y colaboraciones a: [email protected] ó [email protected]
1. Se Responsabiliza al Estado colombiano en cabeza del Presidente de la República y su fuerza pública, a las empresas PACIFIC RUBIALES y ECOPETROL, a las autoridades administrativas que ordenaron los ataques indiscriminados sobre la población y la humanidad de los trabajadores, por la seguridad, la vida e integridad de los manifestantes.
2. Exigimos al gobierno nacional detenga de inmediato la represión y la violencia contra los trabajadores y las comunidades en Puerto Gaitán y demás regiones petroleras de Colombia.
3. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que respete los derechos fundamentales de los trabajadores y las comunidades y se brinden las garantías para el libre ejercicio de la actividad sindical.
4. Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales con el fin que se pronuncien y condenen estos atropellos de que viene siendo objeto por parte de las empresas petroleras y el gobierno nacional y local los trabajadores y las comunidades.
5. Llamamos a nuestras organizaciones hermanas, de derechos humanos y a la comunidad en general para que no permitan que se sigan conduciendo y reafirmando la conducta antisindical de las empresas petroleras y el gobierno nacional.
Las comunidades e Puerto Gaitán Meta, reclaman desde hace más de 6 años a las autoridades municipales, departamentales, y Nacionales, así como a las operadoras petroleras, la solución a una serie de problemas sociales, ambientales, laborales y económicos, sin obtener respuesta positiva.
Las multinacionales petroleras Cepcolsa, Ecopetrol y Pacific Rubiales Energy cancelan arbitrariamente e irregular el contrato que mantenían con la contratista Montajes J.M dejando sin trabajo a mas de 1,100 trabajadores, que decidieron afiliarse a la Unión Sindical Obrera.
Desde que se inició el conflicto laboral y social, los trabajadores y las comunidades han sido objeto de la más agresiva violencia institucional y empresarial, dejando como saldo 50 trabajadores heridos de consideración, más de 500 trabajadores despedidos y varios miembros de la comunidad afectados. La USO, cumpliendo sus principios sindicales y en ejercicio de los derechos constitucionales, ha venido haciendo presencia en la zona, acompañando a los afiliados, indígenas, campesinos y pobladores de esta región petrolera en Colombia. Consecuente con su disposición de dialogo, acordó con el gobierno nacional una reunión de concertación con el gobierno. En esta se definieron mesas de trabajo en las cuales se discutirían los distintos problemas planteados por las comunidades, iglesia, autoridades locales y empresarios e la región.
Pasados dos meses de la suspensión de la protesta pacífica de los trabajadores, las mesas no han producido ningún resultado concreto para mejorar la situación de las comunidades, lo que ha originado nuevas protestas.
Esta vez la agresión de la fuerza pública con su escuadrón móvil antidisturbios ESMAD, ha sido más brutal que en ocasiones anteriores: En Puerto Gaitán se ha atacado a la población civil, menores, mujeres, sin ninguna discriminación, utilizando gases y granadas aturdidoras modificadas con metralla. En campo Rubiales, se han lanzado gases lacrimógenos y balas de goma desde helicópteros estatales, han destruido vehículos y quemado carpas para responsabilizar a los trabajadores de dichos desmanes; se ensañaron con los vehículos de la organización sindical que sufrieron destrozos, dejándolos prácticamente inservibles. Además, la multinacional bloqueó la vía entre Puerto Gaitán y campo Rubiales.
Denunciamos que el Gobierno de Colombia ha dado la orden al Ejercito y la Policía Nacional, a desalojar en horas de la noche por la fuerza a los trabajadores de Campo Rubiales y campo Quifa. Advertimos que esta acción puede desencadenar en una “masacre” de trabajadores.
Todos estos acontecimientos se hubieran podido evitar si el gobierno nacional, la Empresa Pacific Rubiales y Ecopetrol hubieran cumplido con lo acordado en la reunión de las Mesas de Trabajo. La situación se torna más peligrosa porque en Barranca de Upía, también en el departamento del Meta, circuló un panfleto en el cual se amenaza a los dirigentes sindicales de la USO porque en Puerto Gaitán se ha corrido el rumor diciendo que “quienes provocan los disturbios son los de la USO”. Coinciden sus frases con las de los empresarios e integrantes del gobierno nacional: “les recordamos que esta es nuestra zona no de ustedes así que no vengan acá con maricadas de enseñarles a nuestros humildes pobladores a hacer bombas y a destruir todo…”
El gobierno de Juan Manuel Santos y el dialogo social han asumido una conducta proclive a los intereses de las empresas multinacionales y de represión contra los derechos de los trabajadores y las comunidades, que pueden declarar territorios vedados para los colombianos, sin que sean objeto de ninguna clase de reclamo de parte del gobierno. No puede haber dialogo social serio cuando las empresas irrespetan los más mínimos derechos de los trabajadores y las comunidades, y cuando la respuesta a las manifestaciones de la sociedad son reprimidas y penalizadas. Tampoco puede convertirse en axioma del gobierno la represión y la violencia contra la protestas social. Las comunidades y los trabajadores en el Meta han sido objeto de la feroz represión del Estado colombiano poniendo en riesgo incluso, la vida, integridad y libertades de los trabajadores de las comunidades.
Adecuación trabajador sección 48
.-.-.-.-.-.-.
Disuelven sindicato de una empresa propiedad de Carlos Slim
Hostigamiento y discriminación anti sindical
El Sindicato de Industria de Trabajadores de las Comunicaciones (SITCOM), mediante su Secretario General Luis Wilfredo Berrios, ha presentado ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social un recurso de revocatoria a la resolución notificada el día 14 de Septiembre de 2011 en donde procede a cancelar el registro del sindicato, argumentando nuevamente que esta acción es una violación flagrante a los derechos de libertad sindical, derechos protegidos por los Convenios 87 y 98 de la OIT ratificados por El Salvador.
SITCOM está en espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el recurso de amparo frente a la disolución del sindicato promovida por la empresa CTE S.A. de C.V. subsidiaria en El Salvador de América Móvil S.A.B. de C.V. propiedad del Magnate Mexicano Carlos Slim Eliú. El 25 de julio del presente SITCOM informa al Departamento de Organizaciones sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de dos recursos interpuestos por el sindicato ante la corte suprema de justicia en contra de la disolución de SITCOM pronunciada por la cámara 1 de lo Laboral de San Salvador
Desacuerdo al Código de Trabajo (Art. 232) de San Salvador, establece que un sindicato solo puede ser disuelto cuando es por una solicitud de sus miembros mediante Asamblea General o cuando ha caído por debajo de 35 miembros por más de un año Ninguna de estos supuestos existió. Además el Convenio 87 de la OIT ratificado por El Salvador también establece que un sindicato no puede ser disuelto salvo por los causales que establezca la ley.
Sin embargo los abogados representantes de CTE-América Móvil presentaron la demanda de disolución de SITCOM con fecha 28 de abril de 2010 ante Juzgado 1º de lo laboral, donde la pretensión patronal fue declarada atinadamente NO HA LUGAR. Los abogados de la empresa apelaron esta decisión, con lo cual el caso pasa a la Cámara 1º de lo laboral de San Salvador. En este ultimo el magistrado presidente Dr. Wilfredo Arnoldo Campos Sánchez tiene lazos consanguíneos con uno de los apoderados de CTE-América Móvil. Lic. Mario Sánchez Chinchilla y de manera clara desobedeciendo la ley resuelve mandar a cancelar el registro de SITCOM.
Ante esto, SITCOM presenta un recurso de Casación ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, el cual declaran Inadmisible debido a que según la Sala, estos casos no admiten recurso alguno según el artículo 622 del Código de Trabajo. Violentando abiertamente el derecho de libertad sindical. Amparo que promueven en la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia en el mes de junio.
Humberto Centeno titular de trabajo, cedió y valido a favor de CTE-América Móvil propiedad del magnate Mexicano Carlos Slim, sin ninguna base legal solo por afinidad familiar. Te puedes documentar e informar en nuestra página www.cnee-sur.net y enviar tus comentarios y colaboraciones a: [email protected] ó [email protected]
