LA BARRENA

Insiste en que los sistemas de ahorro para el retiro del país “deben reformarse a fondo”

Desde 2021, los mayores de 60 años tendrán pensión de pobreza: Consar

• Se calcula que el gasto pensionario en el presupuesto para 2017 va a ser del mismo tamaño que todo el gasto de infraestructura del gobierno federal, señala Carlos Ramírez Fuentes

Los sistemas de pensiones del país, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), así como los de estados, municipios y universidades públicas, deben reformarse de manera integral, a fondo, o de lo contrario a partir de 2021 millones de mexicanos mayores de 60 años estarán condenados a una vejez de pobreza, con ingresos insuficientes de apenas una tercera parte de su último salario.

Así lo ve Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), quien advierte: “no actuar supone condenar a una generación de futuros pensionados a tener una pensión más baja”. Añade: “mi intención nunca ha sido alarmar ni exagerar; ahí están los números, yo me remito a los números; mi tarea es técnica, no soy político. Mi papel en la Consar es trabajar para el fortalecimiento del sistema, pero también advertir sobre lo que se viene, pues ya los síntomas son muy evidentes”.

–Entonces, ¿el riesgo es una población de adultos mayores pobre? –se le pregunta en entrevista con La Jornada.

–Sí claro, por supuesto.

–¿Cuánto tiempo tenemos?

–Cada día que pasa ya vamos tarde, eso es un hecho.

Añade que “se van a seguir destinando los recursos de parte de la Federación para el pago de pensiones. La pregunta es si eso es justo, equitativo, si contribuye a la equidad del país y si realmente es sostenible que se estén sacrificando recursos para otros propósitos y destinándolos a este rubro, que es el rubro del presupuesto que crece más rápido, más que salud, educación, infraestructura, pobreza, y lo va a seguir haciendo. Entonces, no actuar eventualmente supone que más recursos se van a tener que destinar al pago de pensiones de beneficio definido, y entonces el asunto seguirá consumiendo recursos valiosos que se podrían destinar para otros propósitos... Se estima que el presupuesto 2017 va a tener un gasto pensionario del mismo tamaño que todo el gasto de inversión física del gobierno federal, vamos a llegar a un punto donde el gasto va a ser del mismo tamaño que todo el gasto de infraestructura del gobierno federal”.

La situación es general, dice. Es el caso de las universidades públicas, que “tienen una problemática enorme con sus sistemas de reparto y las consecuencias que están teniendo para la educación superior del país, porque cada peso que se va en pagar pensiones representa un peso menos para las aulas.

 “También tenemos el problema de los sistemas de pensiones no contributivos, que son estos programas de apoyo a adultos mayores. Podrían estar mucho mejor diseñados para su propósito social. Para empezar, tenemos duplicados los beneficios a nivel federal, y en 13 entidades de la República los beneficiarios cobran en los dos programas, y esa es una mala idea. Por supuesto, apoyar a los adultos mayores me parece fundamental. Sin embargo, el problema es el diseño, y estos programas tienen el problema presupuestal, porque vamos a una ruta clara de envejecimiento poblacional que se va a acelerar a partir de 2030, y el asunto es que con estos programas de adultos mayores, muchos mal diseñados, va a crecer la factura de manera muy importante y va a limitar el gasto de los estados de manera muy significativa”.

–¿Cuándo va a ser más visible esa problemática?

–Primero, cuando empiecen a retirarse los primeros aforados (trabajadores con una administradora de fondos para el retiro), que va a ser a partir de 2021. A partir de ese año pueden empezar a retirarse los trabajadores con Afore, porque cumplirán el requisito de mil 250 semanas de cotización, 24 años de servicio. Entonces vamos a pensar en una persona que empieza a trabajar a los 36 años por primera vez en su vida: en 1997 se le inscribió en una Afore y lleva 24 años trabajando y cumple 60 años, entonces ya se puede retirar. Pero no le va a convenir retirarse, porque no va a tener suficiente dinero en su cuenta de Afore. Digamos que 2021 es un año emblemático, si bien la generación de Afore se va a retirar de manera masiva a partir de 2030.

“Entonces, seguir posponiendo esto, conforme avance el tiempo, el problema se va a hacer cada vez más grande y el no actuar hoy supone que cuando se decida actuar se van a tener que tomar medidas más drásticas. El temor duro, en lo particular, es que está creciendo el problema y no estamos tomando decisiones. Pero eso no supone que estamos cruzados de brazos; llevamos tres años haciendo muchas cosas en todos los frentes: educativo, financiero, operativo, educación financiera, comunicación, ahorro voluntario, cobertura, pero no va a ser suficiente, lo digo con toda claridad: todo lo que estamos haciendo no va a ser suficiente”.

Víctor Cardoso - La Jornada

El tratado turbulento

• Documentos filtrados por Greenpeace revelan por primera vez una presunta posición ventajosa de Estados Unidos dentro del Tratado de Libre Comercio Transatlántico y pone en riesgo las negociaciones

Greenpeace filtró 248 páginas de documentos confidenciales sobre el Tratado de Libre Comercio Transatlántico (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos.

La información revelada confirma los temores de muchas organizaciones no gubernamentales que acusaban a los miembros de la UE de transferir un enorme poder a las mayores empresas multinacionales, que de firmarse el tratado “terminarán por regular a los ciudadanos europeos en el manejo del medioambiente, bienestar animal, derechos laborales y privacidad en Internet”.

De acuerdo a la ONG la filtración de estos documentos fue “para transparentar el debate” que “amenaza con implicaciones de largo alcance para el medioambiente y la vida de más de 800 millones de ciudadanos de la UE y de Estados Unidos”.

Cuestiones sobre las que “todos deberían estar preocupados” y que se ponen de manifiesto en la movilización de millones de personas que han expresado su repudio en toda Europa, aseguró la ONG.

Según Greenpeace, estos documentos confirman que el tratado pondría los intereses de las grandes empresas en el centro del proceso de decisión política y legislativa europea en detrimento de los problemas ambientales y de salud pública.

Además de bloquear varios puntos en particular, como la cooperación en los servicios financieros o la apertura de la contratación pública.

Si bien, el objetivo principal de este acuerdo era armonizar las diferentes normas entre ambos lados del Atlántico para que las empresas exportadoras tuvieran una mayor circulación, los documentos filtrados sobre la versión actual del texto no fijan dicha “armonización” sobre el “reconocimiento mutuo de los reglamentos”.

Esto significa que, en lugar de que los europeos y los estadounidenses modifiquen sus normas para converger en un punto común, será Europa la que tenga que adoptar la norma estadounidense: un regalo para las multinacionales que afectaría directamente a las PYMEs que no cuentan con los “estándares” necesarios para estar a la altura.

Acuerdo disparejo

El objetivo de este acuerdo es establecer una zona de libre comercio y favorecer la inversión entre Estados Unidos y la UE para crear un mercado común con normas simplificadas que “beneficien” a los 820 millones de consumidores europeos y norteamericanos.

Esta zona de libre comercio gigantesca representa casi el 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Para ello, el tratado debe eliminar las aduanas, eliminar los dispositivos de proteccionismo nacional y, sobre todo, coincidir en estándares comunes para facilitar la libre circulación. Nada más el 80 por ciento de los beneficios del tratado surgiría de esta última medida económica.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación de Política Económica encargado por la Comisión Europea, la firma de este acuerdo permitiría el crecimiento económico de 119 mil millones de euros al año para la UE y de 95 mil millones de euros al año para Estados Unidos.

Sin embargo, implícitamente, estas promesas de crecimiento económico emergen sobre todo por el deseo de mantener los estándares de bienes y servicios “occidentales” y crear un poderoso bloque económico que pueda hacer frente a la competencia de los países emergentes, en particular China.

Las revelaciones de Greenpeace

La filtración de este tratado comercial que se negocia en la mayor discreción desde hace tres años, cubre 13 capítulos –que incluyen las negociaciones mantenidas la semana pasada en Nueva York entre la administración de Obama y la Comisión Europea– y que abarca casi todos los aspectos de las discusiones: desde la reducción de las cuotas de aduana, hasta la cooperación regulatoria en temas de telecomunicaciones y medidas medioambientales, como el uso de plaguicidas.

En la filtración se observa una negociación desequilibrada. A pesar de la insistencia europea, Estados Unidos se niegan a abrir los debates sobre la cooperación regulatoria en servicios financieros, y los documentos señalan que las regulaciones en ambos lados del Atlántico son muy divergentes cuando se aborda el tema sobre “el reconocimiento mutuo de las normas”.

Para que se acepte el tratado, la UE debe reconoce los estándares de Estados Unidos como equivalente a su propia legislación.

“La adaptación de la norma norteamericana da luz verde a que las multinacionales modifiquen el medio ambiente y dañen la salud pública”, señala Jorgo Riss, jefe de la oficina de Greenpeace en Bruselas.

La firma de un tratado tal y como se encuentra al día de hoy, supondría también un golpe al “Principio de precaución” que hoy permite a Europa rechazar determinados productos y prácticas en nombre de la salud o el medioambiente. Los que significaría “recortar” los protocolos que actualmente obligan a las autoridades europeas a buscar evidencia tangible de peligrosidad.

¿Por qué el repudio?

Desde el inicio de las negociaciones en 2013, los 28 países miembros asignaron delegados especiales para la negociación de las condiciones del contrato -un documento que consta de 46 artículos-, pero este documento inicial se hizo disponible un año después de haberse redactado.

Esto alimentó las preocupaciones sobre la firma de un tratado secreto que pudiera ser impuesto en el último momento sin tomar en cuenta la consulta a la sociedad civil, pues en comparación con Estados Unidos -donde sólo los negociadores del tratado tienen acceso a la información-, los de la Unión Europea han comunicado con toda claridad su postura desde el principio.

En el sitio web de la Comisión Europea, hay cientos de documentos dedicados a la posición de Bruselas dentro del tratado y que explican debidamente sus intereses.

Andrea Montes Renaud – Reporte Índigo

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