LA BARRENA

Las relaciones contractuales no están en el mejor momento. Hay presión, pues otro esquema financiero cambia el futuro de CFE.
CFE quiere convertir en deuda pública el pasivo laboral
El esquema de pensiones para el retiro del personal de la Comisión Federal de Electricidad echa chispas.
    El choque entre el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) y la empresa se debe a que el primero se niega a la desaparición del plan de pensiones privado —Fondo de Previsión social para Jubilación con el convenio CFE-SUTERM 20/2008—, diseñado y negociado a lo largo del 2007 y que está vigente para los trabajadores que ingresaron desde el 19 de agosto del 2008, en el que se abre la oportunidad de realizar aportaciones voluntarias para el retiro.
    Este plan se diseñó bajo el supuesto de que la población de trabajadores activos tiene un crecimiento del orden de 1% anual, mientras que la de pensionados lo hace a 7% anual.
    El objetivo de la empresa es que este programa, que fue denominado Cuenta Individual de Jubilación —del cual una parte del recurso viene del trabajador, y otra, de la empresa productiva del Estado—, desaparezca y dé pie a que sean las afores las que atiendan a los electricistas, como si fueran jubilados de empresas 100% privadas.
    “Las relaciones contractuales entre empresa y sindicato no están en el mejor momento posible”, refirió una fuente cercana a las negociaciones, “hay una gran presión natural porque al cambiar el esquema financiero se modifica el futuro de la empresa”.
    La posición que prevalece al interior de la CFE es: convertir parte del pasivo laboral en deuda, un esquema similar al que se hizo recientemente en Pemex, ya que de esa manera se generan ahorros importantes por la reducción de los costos financieros. El Estado puede lograr un manejo de deuda mucho menos costoso que lo conseguido por la estatal.
    Si en la renegociación del contrato colectivo del trabajo se obtienen mejores condiciones para transferir parte del pasivo laboral, lo que ocurrirá en primera instancia es que los trabajadores deberán hacer aportaciones directas, les quitarían su régimen actual de pensiones y jubilaciones y pasarían todos a cuentas individuales; si el proceso es mucho más agresivo, los trabajadores sindicalizados pasarían a un esquema de afores, similar al que tiene el resto de los empleados del país.
    La fuente explicó que la decisión de transferir estos pasivos al Estado es parte de la reforma que se hizo en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como de los cambios que se iniciaron en el 2008, pero una parte de este proceso lo sigue poniendo la CFE.
    Si se hacen los cambios en el Contrato Colectivo de Trabajo, explicó la fuente, 100% de los recursos de la jubilación deberá provenir de los bienes propios del trabajador.

El fracking invade México en silencio y sin información para los ciudadanos: grupos civiles

En México, cada día se extiende más la práctica del fracking, un método de extracción de gas de esquisto o shale que plantea importantes amenazas para el aire, agua y salud, de acuerdo con diversas investigaciones científicas que demuestran que los daños causados por esta técnica no pueden ser evitados a través de marcos regulatorios como lo pretende hacer el Gobierno federal a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ANSIPA).
    El especialista añadió que en el mundo no existe suficiente regulación que permita que esta actividad se realice de forma segura, por lo que esta práctica “se debe prohibir en México”.
    La Alianza Mexicana contra el Fracking, conformada por 45 organizaciones que se encuentran presentes en toda la República Mexicana, desde 2013 ha presentado múltiples estudios y evidencia científica sobre las afectaciones de este método; sin embargo, exponen que las autoridades tanto federales como locales no han emitido algún pronunciamiento sobre esta práctica, a pesar de la preocupación de la ciudadanía.
    Al contrario, dicen, “las autoridades parecen defender el fracking debido a que están coludidos con las empresas que buscan explotar estos mercados”, destacó Cravioto.
    El colectivo de la Alianza contra el Fracking también se ha acercado con legisladores federales para presentar iniciativas. En noviembre pasado promovieron junto con algunos legisladores la Ley General de Prohibición de la Fractura Hidráulica en México, sin embargo, la gran mayoría de ellos descartó la propuesta.
    “También hemos tratado el tema directamente con funcionarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ellos se deslindan de la responsabilidad porque dicen que no es su función, lo único que hacen es vigilar el proceso de contratos y licitaciones. Dicen que no tienen la responsabilidad de vigilar las afectaciones sociales”, precisó Cravioto Lagos.
    De acuerdo con la Alianza Mexicana contra el Fracking, en México esta práctica de la fractura hidráulica se lleva a cabo desde hace 60 años, en diferentes grados, pero la técnica que viene denunciando las organizaciones es la que se quiere realizar el Gobierno en los próximos años. “Es aquél que implica la perforación horizontal e inyección de un fluido rico en químicos bastante nocivos para la salud y que utiliza grandes cantidades de agua”, mencionó Cravioto.
    La organización plantea al Gobierno federal que lleve a cabo una transición de una economía libre de hidrocarburos, dicen que existen alternativas tecnológicas para hacerlo pero que las autoridades no las están tomando en serio y apoyan el fracking. “ Sacrifica a la población mexicana en aras de alimentar un mercado insostenible”.
    A nivel internacional existen diversos estudios que han demostrado los daños que causa el fracking en las poblaciones, sin embargo, en México son muy pocos. La razón: falta de información por parte del Gobierno.
    Destacó que sólo han obtenido una solicitud de información de Pemex, donde indica que se han perforado 934 pozos con la técnica del fracking en el país, distribuidos en su mayor parte en Veracruz (300), en la Cuenca de Burgos (200), más de 120 en la
Los pocos estudios que se han realizado sobre el impacto de la industria petrolera en México se han efectuado en la región de Burgos, ubicado entre los estados de Tamaulipas y Nuevo León, en Veracruz y Puebla.

NUEVO ESTUDIO REVELA MÁS DAÑOS

Un estudio reciente publicado en Estados Unidos concluyó que la contaminación del aire, originada por el fracking pone en riesgo los pulmones y corazón de las personas, particularmente en los niños pequeños y bebés.
 

El estudio –el primero que se centra específicamente en cómo la perforación del petróleo y gas de esquisto afecta la capacidad de respirar en niños–, expuso que desde la matriz, el desarrollo de sistemas respiratorios de los niños son especialmente vulnerables a los contaminantes del aire, cinco de ellos están asociados con la fractura hidráulica.
Los investigadores precisaron que desde 2013 más de 560 estudios se han realizado sobre el impacto de esta técnica. “En otras palabras, en los últimos años, los riesgos de fractura hidráulica se han vuelto mucho más intensamente estudiado – y los resultados muestran buenas razones para estar preocupados acerca de cómo se ve afectada la salud de las personas”, detallaron.
    Sobre la base de los riesgos asociados con el aire mezclado con los cinco contaminantes más estudiados para respirar, los investigadores expresaron su preocupación de que la práctica del fracking se realice cerca de los hogares, guarderías y escuelas.
    En Estados Unidos no hay datos disponibles sobre el número de escuelas o guarderías infantiles que se encuentran cerca de donde se trabaja con esta práctica, y en México menos. En parte porque no hay regulaciones federales que requieren la industria para realizar un seguimiento de los datos.
    Mientras tanto, los riesgos asociados específicamente con el fracking han empezado a llamar la atención de los ciudadanos en México y de la comunidad científica a nivel internacional.
    Con una urgencia cada vez mayor, los grupos de profesionales de la salud y de científicos, están emitiendo un llamando para que se realicen estudios completos y a largo plazo sobre la gama completa de efectos potenciales a la salud y a los ecosistemas ocasionados por el fracking.
    Los profesionales de la salud y científicos en los Estados Unidos y de alrededor del mundo, han exhortado para que haya una regulación estricta y para algunos casos, que se suspendan las actividades de extracción de petróleo y gas no convencional, con el fin de limitar, mitigar o eliminar sus serios y adversos riesgos a la salud pública.
    El pasado martes, especialistas internacionales presentaron el “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del Fracking” en la Ciudad de México. Este documento fue la base para prohibir este método de extracción en el estado de Nueva York, Estados Unidos en diciembre del 2014.
    El documento que se encuentra dividido en 17 ejes fue elaborado en Nueva York por colaboradores que no fueron pagados.
    De acuerdo con el compendio, las regulaciones del fracking no bastan para evitar la contaminación en el ambiente. “Hay fuertes consistencias de que el agua queda contaminada con al menos 19 tóxicos, incluyendo algunos cancerígenos”, apuntó la profesora.
    En la COP21 celebrada en Paris, importantes dirigentes empresariales aseguraron tener tecnología para generar extracción limpia. No obstante, son los mercados financieros los que han impedido su implementación.

EL RIESGO EN PUEBLA
Una investigación presentada hace dos meses, alertaba que al menos 35 municipios de la Sierra Norte de Puebla se encuentran en riesgo por la perforación de aproximadamente 233 pozos mediante la técnica de fracking para la extracción de gas.
    Según la investigación “La fracturación hidráulica en la Sierra Norte de Puebla: una amenaza real para las comunidades”, distintas organizaciones de la sociedad civil y de pueblos nativos de la región denunciaron que el Gobierno planea intensificar esta actividad en los próximos cinco años a través de asignaciones a Petróleos Mexicanos (Pemex) y contratos a empresas privadas derivados de la Reforma Energética.
    Estas acciones ponen el riesgo a los pueblos totonaco, nahua, otomí y tepehua.
    El documento alerta que la región está en la provincia petrolera Tampico-Misantla, la segunda del país en prioridad para explotar hidrocarburos en yacimientos de lutitas (no convencionales) a través de fracturación hidráulica.
    De acuerdo con el análisis, en 2013 existían ya al menos 233 pozos en los que ya se utilizaba la técnica en los municipios de Francisco Z Mena, Venustiano Carranza y Pantepec, con 121, 98 y 14 pozos respectivamente. Dichos datos se obtuvieron a través de solicitudes de transparencia, ante la falta de información por parte del Gobierno a las comunidades afectadas.
    Por Guadalupe Fuentes López – Sin Embargo
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