El periódico digital El Faro denunció que el gobierno de Nayib Bukele ordenó inmovilizar bienes de socios vinculados a la empresa fundadora del medio, en un caso que el diario presenta como represalia por sus investigaciones sobre presuntos acuerdos entre el Ejecutivo salvadoreño y pandillas. Según su versión, la medida se aplicó entre febrero y abril de 2026.
La denuncia coloca de nuevo el foco en la situación de la prensa en El Salvador, en especial para medios y periodistas que investigan corrupción, seguridad y derechos humanos. El Faro sostiene que las acciones buscan frenar su trabajo editorial y limitar su operación.
De acuerdo con lo expuesto por el medio en una conferencia virtual, el Ministerio de Hacienda realizó “anotaciones preventivas” sobre una cuenta bancaria y un inmueble relacionados con accionistas de Trípode S.A. de C.V., empresa fundadora del periódico. El director y fundador, Carlos Dada, dijo que se enteraron por el banco y por el registro de la propiedad, sin haber recibido una notificación formal de las autoridades.
El Faro afirmó que primero enfrentó señalamientos por presunto lavado de dinero y que después la investigación cambió hacia una supuesta evasión fiscal de alrededor de 200 mil dólares, acusaciones que rechaza. El medio vinculó la medida más reciente con la difusión del documental The Deal, realizado junto a Frontline PBS, que retoma denuncias sobre presuntas negociaciones con líderes de pandillas para reducir homicidios a cambio de beneficios penitenciarios.
Qué se sabe del caso Bukele congela bienes El Faro
Bukele ha rechazado en otras ocasiones esas acusaciones y ha calificado los reportajes de El Faro como falsos. Hasta la información disponible en el insumo, no se detalla una postura oficial específica sobre las anotaciones preventivas denunciadas ahora ni se precisa si existe una resolución judicial pública asociada al caso.
El Faro denunció inmovilización de una cuenta y un inmueble ligados a socios de su empresa fundadora.
Organizaciones internacionales de derechos humanos y libertad de expresión retomaron la denuncia. Claudia Paz y Paz, de Cejil, sostuvo que las acciones contra el medio constituyen una represalia por su labor periodística. Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, dijo que el caso se suma a señales de deterioro institucional en el país.
El episodio ocurre en el contexto del régimen de excepción vigente desde 2022, bajo el cual más de 92 mil personas han sido detenidas sin orden judicial, según los datos citados en el insumo. El Faro trasladó su estructura legal y administrativa a Costa Rica en 2023 al argumentar falta de condiciones para operar con seguridad en territorio salvadoreño.
La denuncia también coincide con un informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador, que reportó que al menos 53 periodistas salieron del país en 2025 por amenazas, vigilancia y temor a detenciones arbitrarias. Con la información disponible, el alcance definitivo de la inmovilización de bienes y sus efectos legales inmediatos sigue sin aclararse públicamente.
#TomaNota
- Entre febrero y abril de 2026, el medio reportó anotaciones preventivas sobre una cuenta y un inmueble.
- El Faro atribuyó la medida al Ministerio de Hacienda de El Salvador.
- El periódico dijo que conoció la inmovilización por el banco y el registro, sin notificación formal.
- La CIDH otorgó medidas cautelares a integrantes del medio desde 2021, según Cejil.
