Cabos sueltos
@UTufigno
Con rigor científico se afirma que si algo tiene orejas, rabo, hocico y ladra, debe ser un perro. Eso dicen también la lógica y el sentido común, pero para nuestra tecnocracia neoliberal las leyes de la lógica no tienen relevancia alguna.
El 27 de diciembre del año pasado se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, un decreto y tres acuerdos que dieron lugar al “gasolinazo”. Mediante el primero, firmado por Enrique Peña, “se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios”; y por los otros se establecen las regiones y precios del diésel y las gasolinas. Se trata, amigo lector, de un enjambre normativo.
Al inicio de enero de este año, Peña Nieto justificó la medida al decir que era “dolorosa y difícil, pero inevitable”, y que “de no haberse tomado, habrían sido aún más dolorosos los efectos y las consecuencias”. Como cuando uno acude al dentista, debió agregar.
En una de las consideraciones del decreto de diciembre, el titular del Ejecutivo Federal reconoce que “los mercados de gasolinas y diésel se encuentran en transición a mercados flexibilizados donde participarán nuevos integrantes y el precio de dichos combustibles se determinará bajo condiciones de mercado”. Traducción: los particulares que entren al negocio de los combustibles tendrán libertad de determinar el precio (como lo hacen los bancos con las comisiones).
En otra parte del mismo decreto se afirma: “para limitar la posibilidad de una afectación económica, en el consumo de los combustibles en la región colindante con los Estados Unidos de América, dada la diferencia de precios entre los dos mercados, resulta conveniente establecer un estímulo fiscal durante el ejercicio fiscal de 2017”.
De la anterior consideración se desprenden dos confesiones. Una, el precio de los combustibles es más barato en Estado Unidos que en México (algo ya sabido pero reiteradamente negado); dos, hay que “ayudar” a los amigos inversionistas del gobierno federal porque si no, no sale el negocio y ya no habrá dinero para más “casas blancas”.
Por su parte, José Antonio Meade, Secretario de Hacienda, a quien “el gasolinazo” lo dejó casi afuera de una eventual candidatura presidencial, en el Acuerdo que suscribió en diciembre 27 explicó que, entre otros aspectos, “para la determinación de los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel se considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles”.
En el Anexo II de dicho Acuerdo se establece la “metodología de cálculo de los precios máximos al público” del diésel y las gasolinas, que más parece una fórmula de aprendiz de brujo. Por supuesto, amigo lector, en esta metodología el tipo de cambio del dólar juega un papel importante.
Ahora bien, durante el mes de enero y lo que va de febrero, las condiciones del mercado internacional han cambiado respecto de las que prevalecían en los días anteriores a la aplicación del “gasolinazo”. Así, de ser cierta la liberalización de los precios y las razones que motivaron el incremento, seríamos testigos de una inusual reducción sin la intervención de la mano política. Pero no ocurrió así.
En tiempos en que las encuestas ocultas apuntan a una mayor disminución de la aprobación de la gestión presidencial (que, se dice, no llegaría ni al 10%), y en un momento en que la candidata de Morena al gobierno del estado de México amenaza la hegemonía tricolor en la entidad, la tarde del viernes 17 de febrero se publicó en el Diario Oficial una modificación a los decretos y acuerdos del 27 de diciembre.
En ambos documentos se alude a una volatilidad “atípica” en los mercados de energéticos” y de tipo de cambio originados principalmente por la alta incertidumbre sobre las políticas comerciales” y de política fiscal “de los Estados Unidos de América”. Traducción: la libertad de mercado no funciona y el gobierno va a intervenir para fijar los precios a conveniencia de nuestros amigos inversionistas.
Con lo anterior, el anunciado segundo “gasolinazo” para este mes de febrero no ha visto la luz e incluso se anunció una disminución de dos centavos en el precio de la gasolina, lo que equivale a un peso en un tanque de 50 litros. Aunque más se ahorraría si quitaran un tope de cualquier calle.