1. La confianza en la legalidad y transparencia de las elecciones, así como en el tránsito ordenado y pacífico en el cambio de los gobernantes, es condición básica para la democracia.
2. En ese marco, es indudable que la sociedad local ha adquirido madurez y fortaleza, y que hoy más que nunca, reclama que la elección del próximo Gobernador de Tabasco se realice con limpieza.
3. Frente a las exigencias de la democracia, el artículo 134 de la Cons¬titución General de la República ordena que los gobiernos del Estado y los municipios se conduzcan con absoluta imparcialidad.
4. Dicho precepto constitucional, en su séptimo párrafo establece que: Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los munici¬pios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiem¬po la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
5. Semejante mandato es reproducido en el artículo 73 de la Consti¬tución Política de Tabasco. Correlativamente, en la fracción V del artículo 315 de la Ley Electoral del Estado, se dispone que los serán sancionados los servidores públicos del orden estatal y municipal que infrinjan la equidad en el uso de los recursos públicos.
6. La actual campaña por la gubernatura ha despertado el mayor interés de un electorado más crítico e informado, que mira con incertidumbre la competencia. La sociedad sabe que la contienda electoral está cerrada y exige la máxima transparencia.
7. En este sentido, demandamos que un rubro especial de los recursos públicos que pueden influir en la equidad de la elección, como es el uso de vehículos oficiales del Estado y los municipios, sean usados en apoyo a la movilización del partido gobernante, el PRI.
8. En elecciones pasadas, la capacidad para transportar insumos, perso¬nal y operadores políticos, incluso dinero en efectivo, a través de automó¬viles y camiones de origen público y privado, ha sido determinante para influir en el resultado final de la votación.
9. Por ello, exigimos al Gobierno del Estado a que limite la circulación de los vehículos oficiales, que son su responsabilidad, a partir de hoy 29 de junio y en particular, durante la jornada electoral del primero de julio. Solamente deben ser usados para las funciones esenciales de la adminis¬tración pública o a la prestación de los servicios de protección civil y segu¬ridad pública. No existe ninguna justificación más para verlos en circula¬ción, para evitar su mal uso.
10. De esta forma, el gobierno estatal mostrará su voluntad para que los comicios se celebren en un marco de equidad e imparcialidad, y atenderá el reclamo ciudadano de máxima limpieza democrática.
2. En ese marco, es indudable que la sociedad local ha adquirido madurez y fortaleza, y que hoy más que nunca, reclama que la elección del próximo Gobernador de Tabasco se realice con limpieza.
3. Frente a las exigencias de la democracia, el artículo 134 de la Cons¬titución General de la República ordena que los gobiernos del Estado y los municipios se conduzcan con absoluta imparcialidad.
4. Dicho precepto constitucional, en su séptimo párrafo establece que: Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los munici¬pios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiem¬po la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
5. Semejante mandato es reproducido en el artículo 73 de la Consti¬tución Política de Tabasco. Correlativamente, en la fracción V del artículo 315 de la Ley Electoral del Estado, se dispone que los serán sancionados los servidores públicos del orden estatal y municipal que infrinjan la equidad en el uso de los recursos públicos.
6. La actual campaña por la gubernatura ha despertado el mayor interés de un electorado más crítico e informado, que mira con incertidumbre la competencia. La sociedad sabe que la contienda electoral está cerrada y exige la máxima transparencia.
7. En este sentido, demandamos que un rubro especial de los recursos públicos que pueden influir en la equidad de la elección, como es el uso de vehículos oficiales del Estado y los municipios, sean usados en apoyo a la movilización del partido gobernante, el PRI.
8. En elecciones pasadas, la capacidad para transportar insumos, perso¬nal y operadores políticos, incluso dinero en efectivo, a través de automó¬viles y camiones de origen público y privado, ha sido determinante para influir en el resultado final de la votación.
9. Por ello, exigimos al Gobierno del Estado a que limite la circulación de los vehículos oficiales, que son su responsabilidad, a partir de hoy 29 de junio y en particular, durante la jornada electoral del primero de julio. Solamente deben ser usados para las funciones esenciales de la adminis¬tración pública o a la prestación de los servicios de protección civil y segu¬ridad pública. No existe ninguna justificación más para verlos en circula¬ción, para evitar su mal uso.
10. De esta forma, el gobierno estatal mostrará su voluntad para que los comicios se celebren en un marco de equidad e imparcialidad, y atenderá el reclamo ciudadano de máxima limpieza democrática.
