Caso Caresa-Los Aguilares, una década de impunidad

Primera parte

Villahermosa, Tab., 27 de junio.-  El caso Caresa-Los Aguilares “no es un expediente cerrado”, los habitantes de esa comunidad y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) mantienen la lucha jurídica y social que  iniciaron desde hace diez años,  en contra de la contaminación que genera la empresa, sorteando la corrupción y el manejo legaloide de las autoridades encargadas de la protección ambiental para proteger a la compañía que maneja residuos de hidrocarburos.
    Desgraciadamente todo el sistema político gira en torno a favorecer los intereses de las empresas privadas de la industria petrolera y Petróleos Mexicanos, sostiene Efraín Rodríguez León,  asesor jurídico del (Codehutab) organización que junto con la Asociación Ecológica Santo Tomás han acompañado a los habitantes de la colonia Los Aguilares del municipio de Cunduacán.
    El abogado recuerda que fue en el mes de septiembre del 2004  cuando por primera vez los pobladores de esa colonia  acudieron a las dos organizaciones preocupados por la presencia de camiones tipo volteo que empezaron a depositar lodos de extracción de los pozos petroleros en un terreno de seis hectáreas colindante con el asentamiento poblacional.
    Ya entonces, dijo los habitantes de Los Aguilares se quejaban de que los olores y gases que despedían esos desechos, les estaban provocando vómito, dolores de cabeza y enfermedades de la piel, por lo que la primera tarea que emprendimos, dijo, fue investigar si la empresa contaba con los permisos municipales y federales para realizar esas actividades.
    En el mismo 2004, preguntamos al ayuntamiento de Cunduacán que entonces presidía César Francisco Burelo, a la entonces delegada de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Yolanda Cabal y a la titular de la desaparecida Sedespa, Graciela Trujillo y respondieron que no habían otorgado ningún permiso.
    Ya con la certeza de que la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología, Sociedad Anónima (Caresa) trabajaba ilegalmente, el 20 de abril del 2005, presentamos una queja ante la Sedespa y la  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) exigiendo la clausura de los trabajos de la empresa.
    La Sedespa se declaró incompetente por considerar que los materiales  a los que se hacía alusión eran aceites y peligrosos, y por lo tanto eran competencia de la Profepa.
    El 3 de junio de ese año, recuerda, la Semarnat entregó los resultados de un estudio de impacto ambiental, luego de analizar dos muestras de los lodos depositados  que en una de las muestras se registró que tenían una concentración de hidrocarburos de 8 mil partes por millón  y en la otra 20 mil partes por millón cuando la norma estándar en ese momento era de mil
   Es decir, la concentración de hidrocarburos superaba en ocho veces lo permitido, esos resultados tuvieron que ser suficientes para clausurar los trabajos de la empresa, sin embargo, a pesar de haber recurrido a lo largo de una década, a todos los recursos legales ante la Profepa y la Semarnat, Caresa ha depositado y sigue depositando, porque ni un solo día ha suspendido sus trabajos, toneladas  y toneladas de lodos contaminantes.   
    Hoy la contaminación, que seguramente ha dañado la salud de los habitantes de Los Aguilares, dice Rodríguez León,  no solo permanece en el  aire y tierra de la comunidad sino que ha permeado a los mantos freáticos, como lo prueba un estudio realizado este año en pozos artesianos de la comunidad, por personal de la Secretaria de Salud Pública, “altas concentraciones de elementos químicos procedentes de hidrocarburos”    
    Al relatar la serie de acciones infructuosas, hasta el momento,  que los habitantes de Los Aguilares, Codehutab y la Asociación Ecológica Santo Tomás han llevado a cabo ante instancias locales,  federales e incluso internacionales,  para que mediante la aplicación de la ley  se detengan los trabajos de Caresa, menciona que en el 2005, luego de conocer los resultados de la Semarnat, presentaron una queja ante la Profepa.
   Entonces era delegado el ingeniero Ramiro Berrón y estuvimos año y medio tras él para que se resolviera la queja, “cada vez que llegábamos nos atendía amablemente y nos ofrecía un cafecito y agua”, pero el proceso no avanzaba en lo absoluto.
    Ante esa situación nosotros presentamos una queja  ante el órgano de control  de la Semarnat en contra de Ramiro Berrón por tortuguismo en el proceso, el resultado fue que lo inhabilitaron seis meses “una vacilada”, pero la Semarnat, como en junio del 2007,  le quitó el expediente a la Profepa.
   El resolutivo del expediente administrativo, afirma el abogado,  fue resuelto en un mes y en el mismo se condenó a la empresa a pagar una multa superior al millón 800 mil pesos y se le ordenó cumplir con una serie de condicionantes, entre ellos, la de contratar una empresa que contara con certificación para el retiro de esos materiales, a los que además debía dar tratamiento y posteriormente, depositarlos en el destino final.
     También se indicaba que se diera vista al área jurídica de la Profepa para interponer una denuncia penal en contra de Caresa, por nuestra parte creyendo que se haría cumplir con el resolutivo, en ese momento nos dimos por satisfechos.
       No tardamos mucho en darnos cuenta que en el papel la queja se había ganado, pero las autoridades no estaban dispuestas a ejecutar la sanción en contra de la empresa, creemos que la Profepa nunca presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia por delito ambiental,   según la Constitución de la República, el plazo para integrar la averiguación previa era de ocho meses y habían transcurrido más de dos años. Todo fue un engaño, afirma. (Continuará).