Caso Caresa-Los Aguilares... México respondió con “una soberana mentira”

Segunda parte

El resolutivo de la  Secretaria del  Medio Ambiente y Recursos Naturales, luego de que en junio del 2007 le quitó el expediente, del caso de contaminación Caresa-Los Aguilares, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,  en la que resolvió una sanción a la empresa, no pasó del papel, porque la Profepa ni multó al Consorcio de Arquitectura y Ecología, ni interpuso una denuncia ante la PGR por delito ambiental.   
      Por esas circunstancias, dice el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco y de los habitantes de Los Aguilares, Cunduacán,  que  decidimos llevar el caso ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte con sede en Montreal, Canadá.
         La CCA es un organismo que se crea a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio, cuyo objetivo es vigilar que los tres países involucrados,  respeten las leyes ambientales, que ninguno se convierta en receptor de desechos contaminantes.
        A pesar de lo complicado del trámite, presentamos ahí el caso, y en un primer momento, nos lo recibieron bien,  incluso, presume el asesor jurídico de Codehutab,  hicimos historia en ese sentido, porque  nunca antes de Tabasco se había llevado un caso ante esa instancia”, en respuesta la CCA otorgó un plazo de diez días al gobierno de México para dar solución a los hechos que denunciamos.
         Al dar contestación, el Gobierno de México pone en duda mi calidad de asesor jurídico del Codehutab y entonces yo explico que, según el reglamento de CCA, cualquier ciudadano puede recurrir a ese organismo, por lo que la queja sigue su proceso y el organismo internacional vuelve a requerir a las autoridades mexicanas que manifieste su postura ante los hechos.
        Es entonces cuando el gobierno mexicano emite “una soberana mentira”, expresa Efraín Rodríguez, al responder que debido a la inundación del 2007 todos los archivos y documentos de las dependencias involucradas se encontraban extraviadas.
        La CCA me vuelve a dar vista de los que respondió el gobierno mexicano y yo respondo que no deben dejarse sorprender  porque las oficinas de la Semarnat y Profepa fueron de las pocas que se salvaron de la inundación, pero que además el caso se había resuelto en la ciudad de México.
         Cuando la CCA vuelve a requerir una respuesta del gobierno mexicano sobre el caso, “se sacan de la manga una chicanada” al responder que ese organismo no es competente para conocer del asunto y que los tres procedimientos que se habían abierto en relación a este, no estaban concluidos, finalmente la CCA sobresee el expediente, menciona el abogado.
       Por otro lado, luego de los seis meses de inhabilitación de Ramiro Berrón, de nuevo fue restituido como delegado de la Profepa y este determinó que Caresa no estaba contaminando;  y en cuanto a la multa que se le ordenó aplicar, la ley  establece un término de 30 días para cobrarla, y este funcionario, de manera dolosa, dejó transcurrir más tiempo,  la quisieron cobrar solo hasta que presentamos la queja ante la CCA.
       Luego de atravesar por ese viacrucis, iniciamos otro cuando las normas ambientales federales se modifican y los residuos depositados por Caresa en Los Aguilares, así que acudimos a la entonces Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam) dirigida por Silvia Whízar
       El 31 de enero del 2009, habitantes de Los Aguilares e integrantes de Codehutab, la Asociación Ecológica Santo Tomás y otras organizaciones hermanas, nos vimos en la necesidad de manifestarnos afuera de esa dependencia para exigir que se nos informara del avance de la queja que presentamos ante esa instancia en relación al mismo caso.
        En esa ocasión ella no nos recibió y el personal de verificación y quejas que nos afirmaron que “no nos preocupáramos porque la queja estaba en trámite y que ya se estaba integrando el proyecto de resolución, que regresáramos en quince días ”.
        Regresamos muchas veces y nos decían que ya merito, ya molestos por tanta burla y porque el funcionario  Romeo Valenzuela no nos daba la cara, en junio, sin esperar su anuencia entré a su oficina del funcionario, quien de nuevo mintió al decir que lo que pasaba es que había una queja anterior y por lo tanto la de nosotros no continuaría su trámite, “casi quería golpearlo”, expresa el abogado.
     De nueva cuenta nos manifestamos ante la Sernapam y logramos que nos atendiera Silvia Whízar quien asignó al subsecretario Alfredo Cuevas, estaba molesta porque habíamos denunciado ante los medios de comunicación lo que nos habían hecho.
        Luego de eso, la entonces titular de la Sernapam, nos convocó a instalar una mesa de negociación que tendría que reunirse cada mes  y al otro día nos informó que había clausurado el 25 por ciento del área ocupada por Caresa y que era casi inminente y definitivo que suspendiera sus actividades, de nuevo se nos engañó.
        En tres ocasiones Silvia Whízar afirmó, a través de oficios,  que la Sernapam, había hecho clausuras parciales y temporales de los trabajos a Caresa, incluso llegaron a decir que las clausuras eran definitivas, sin embargo en su momento, menciona el abogado,  la cuestioné porque no había sellos  de clausura, ni un área acordonada.     
        No dio respuesta a nuestros cuestionamientos y al ver que la empresa continuaba con los trabajos de manera normal, decidimos solicitar, vía Ley de Transparencia, información sobre las clausuras que se suponía habían realizado la Sernapam, y la información que recibimos era que esa dependencia nunca hizo una clausura.
        En el 2012 interpusimos una queja ante la Contraloría del Estado, en contra de Silvia Whízar y los dos funcionarios mencionados por la falsear información oficial, ya que los oficios estaban membretados con el logotipo de la dependencia y  firmados por esos funcionarios .  Llega el cambio de gobierno, y el caso Caresa-Los Aguilares,  sigue durmiendo “el sueño de los justos”, hemos estado pidiendo a la nueva titular de la Sernapam que nos informe del estado procesal que guarda la queja contra Caresa y las denuncias en contra de los tres ex funcionarios citados.
        Hasta el momento, solo el ingeniero Santana  nos informó que antes de terminar su administración, Silvia Whízar Lugo, de un plumazo resolvió la denuncia nuestra en contra de Caresa, resolviendo que la empresa no contamina.
        A pesar de todo eso, todo parece indicar que a Silvia Whízar, en lugar de aplicarle una sanción por su desempeño en la administración pasada, se le premió al convertirla en titular del Centro de cambio Climático que ella misma creo, cuando no fue capaz de cuidar el medio ambiente del estado.
    Más aún, sostiene el asesor jurídico de Codehutab, luego del claro contubernio y corrupción  de la Sernapam  durante su administración, en donde la dependencia se condujo en claro contubernio con las empresas contaminadoras. Un nuevo obstáculo para que la denuncia de los habitantes de Los Aguilares, expone, es que la ley ambiental de tabasco se reformó en diciembre del año pasado, para adecuarla a la legislación federal, pero para que funcione debe emitirse el reglamento y este todavía no existe y la nueva ley no puede entrar en vigor.
       Mientras, la corrupción sigue imperando para permitir que las empresas contaminantes como las petroleras continúen operando de manera impune, no obstante los daños al medio ambiente y a los tabasqueños, expone.  Estamos por empezar a buscar al jurídico del gobierno del estado para que publiquen el reglamento  en el Periódico Oficial del Estado, agregó Efraín Rodríguez León.