VILLAHERMOSA, TABASCO, 17 DE NOVIEMBRE DE 2010.- Al fijar su posicionamiento en contra del dictamen, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, lamentó que la ética ni la moral no predominaran en la decisión que se tomó para reelegir a Francisco Rullán Silva como fiscal superior.
Tampoco, dijo, se tomó se tomó en cuenta el profesionalismo y la credibilidad que el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) debe tener, y cuestionó que se haya cometido “un acto de violencia a las instituciones de nuestro estado” con su ratificación por siete años más en el cargo.
“Esta designación no solamente debe estar basada en la supuesta capacidad y experiencia del designado, sino en la calidad moral del mismo y, sobre todo, en la credibilidad que le pueda aportar a esa institución”, expresó al razonar su voto en contra.
Cáceres de la Fuente fue el único de los tres diputados del PAN que no respaldó la reelección del fiscal superior. Alberto de la Cruz Pozo y Javier Calderón Mena, quizá por sus aspiraciones políticas de gobernar Balancán y Emiliano Zapata, votaron a favor.
El líder de la bancada panista dijo es reprobable jurídicamente que no se haya emitido la convocatoria pública, tal y como lo exige la Ley de Fiscalización Superior, por lo que puede ser impugnable la reelección de Rullán.
Al menos, por mi parte, habrá, desde que se consume este acto, la decisión de buscar, con la ley en la mano, revertir esta decisión que afecta el sano desarrollo de las instituciones en Tabasco y los intereses del pueblo, agregó.
Expresó que su voto en contra tiene razones de fondo y de forma, sobre todo porque no se le puede negar a la sociedad, en todos sus estratos vinculados a la fiscalización, la oportunidad de presentar perfiles que puedan cumplir con honorabilidad y eficiencia este compromiso.
“Existen en Tabasco profesionistas que pueden llevar a cabo esta tarea, y si el Lic. Rullán quiere ser ratificado que presente su candidatura como cualquier otro ciudadano y se someta al escrutinio de este Congreso”, dijo para lanzar la interrogante que se perdió entre las curules de los priistas: ¿De qué privilegios goza Rullán sobre los demás ciudadanos?
Insistió en que no se puede pasar por alto la ley y desoír a la sociedad civil, y apuntó que la fiscalización en el estado, requiere de un golpe de timón, pues hasta ahora “es una gran tragedia la falta de control sobre los recursos públicos.” “No puede ser posible que sigamos permitiendo que las arcas se sigan vaciando sin que nadie sea sancionado. No coincido con el dictamen a discusión, que sólo porque no ha perdido una controversia constitucional es muestra de su capacidad. Ciertamente, no puedo dudar de que al cabo de 7 años en el cargo haya adquirido la experiencia y capacitación, pero la evaluación de su encargo deja mucho que desear y no es lo mejor para asegurar la función fiscalizadora en este estado.”
Cuestionó el trabajo realizado en estos siete años por el fiscal superior, sobre todo cuando al Ejecutivo “le aplican una muestra completamente sesgada, dejando fuera las dependencias cuyos problemas y denuncias han sido públicas”. Abundó: “Fue este fiscal el que cuando la Secretaría de Gobierno se sobregiró en casi el 100% de su presupuesto, casualmente no entró en la muestra. Fue este fiscal que ante los problemas de ingresos y el desfalco de fondo de pensiones, no entraron en la muestra estas dependencias. O que ante evidentes casos de nepotismos, sobresueldos y desfalcos los solventa. El fiscal parece estar en una posición en la que no ve y lo que ve lo tapa.” Tampoco hizo nada por el “robo” de 439 millones de los fondos del ISSET y “esa es una gran tragedia.” Por ello, expuso Cáceres de la Fuente, Rullán Silva no tiene el perfil para seguir como fiscal superior, sino que se requiere darle credibilidad al OSFE, “porque de esto va de por medio la credibilidad y honorabilidad de este Congreso, y la confianza que los ciudadanos puedan tener sobre nosotros sus representantes. No aventemos por la borda la gran oportunidad de otorgar a nuestro estado una nueva forma de hacer política en la que se privilegie la voz de la sociedad civil y se garantice que los impuestos que pagan los ciudadanos se utilicen con transparencia y para beneficio de las necesidades de todos los tabasqueños, agregó.
Tampoco, dijo, se tomó se tomó en cuenta el profesionalismo y la credibilidad que el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) debe tener, y cuestionó que se haya cometido “un acto de violencia a las instituciones de nuestro estado” con su ratificación por siete años más en el cargo.
“Esta designación no solamente debe estar basada en la supuesta capacidad y experiencia del designado, sino en la calidad moral del mismo y, sobre todo, en la credibilidad que le pueda aportar a esa institución”, expresó al razonar su voto en contra.
Cáceres de la Fuente fue el único de los tres diputados del PAN que no respaldó la reelección del fiscal superior. Alberto de la Cruz Pozo y Javier Calderón Mena, quizá por sus aspiraciones políticas de gobernar Balancán y Emiliano Zapata, votaron a favor.
El líder de la bancada panista dijo es reprobable jurídicamente que no se haya emitido la convocatoria pública, tal y como lo exige la Ley de Fiscalización Superior, por lo que puede ser impugnable la reelección de Rullán.
Al menos, por mi parte, habrá, desde que se consume este acto, la decisión de buscar, con la ley en la mano, revertir esta decisión que afecta el sano desarrollo de las instituciones en Tabasco y los intereses del pueblo, agregó.
Expresó que su voto en contra tiene razones de fondo y de forma, sobre todo porque no se le puede negar a la sociedad, en todos sus estratos vinculados a la fiscalización, la oportunidad de presentar perfiles que puedan cumplir con honorabilidad y eficiencia este compromiso.
“Existen en Tabasco profesionistas que pueden llevar a cabo esta tarea, y si el Lic. Rullán quiere ser ratificado que presente su candidatura como cualquier otro ciudadano y se someta al escrutinio de este Congreso”, dijo para lanzar la interrogante que se perdió entre las curules de los priistas: ¿De qué privilegios goza Rullán sobre los demás ciudadanos?
Insistió en que no se puede pasar por alto la ley y desoír a la sociedad civil, y apuntó que la fiscalización en el estado, requiere de un golpe de timón, pues hasta ahora “es una gran tragedia la falta de control sobre los recursos públicos.” “No puede ser posible que sigamos permitiendo que las arcas se sigan vaciando sin que nadie sea sancionado. No coincido con el dictamen a discusión, que sólo porque no ha perdido una controversia constitucional es muestra de su capacidad. Ciertamente, no puedo dudar de que al cabo de 7 años en el cargo haya adquirido la experiencia y capacitación, pero la evaluación de su encargo deja mucho que desear y no es lo mejor para asegurar la función fiscalizadora en este estado.”
Cuestionó el trabajo realizado en estos siete años por el fiscal superior, sobre todo cuando al Ejecutivo “le aplican una muestra completamente sesgada, dejando fuera las dependencias cuyos problemas y denuncias han sido públicas”. Abundó: “Fue este fiscal el que cuando la Secretaría de Gobierno se sobregiró en casi el 100% de su presupuesto, casualmente no entró en la muestra. Fue este fiscal que ante los problemas de ingresos y el desfalco de fondo de pensiones, no entraron en la muestra estas dependencias. O que ante evidentes casos de nepotismos, sobresueldos y desfalcos los solventa. El fiscal parece estar en una posición en la que no ve y lo que ve lo tapa.” Tampoco hizo nada por el “robo” de 439 millones de los fondos del ISSET y “esa es una gran tragedia.” Por ello, expuso Cáceres de la Fuente, Rullán Silva no tiene el perfil para seguir como fiscal superior, sino que se requiere darle credibilidad al OSFE, “porque de esto va de por medio la credibilidad y honorabilidad de este Congreso, y la confianza que los ciudadanos puedan tener sobre nosotros sus representantes. No aventemos por la borda la gran oportunidad de otorgar a nuestro estado una nueva forma de hacer política en la que se privilegie la voz de la sociedad civil y se garantice que los impuestos que pagan los ciudadanos se utilicen con transparencia y para beneficio de las necesidades de todos los tabasqueños, agregó.
