Acto Exxon-Semarnat:
otro desatino del sexenio
Iván Restrepo
Villahermosa, Tabasco, 5 de diciembre de 2011/ Gracias a costoso anuncio de una página publicado en varios diarios de circulación nacional, supimos que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la ExxonMobil refrendaron su compromiso “con el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en temas de género, ambiente y desarrollo sustentable”.
Por ello, “han renovado el acuerdo de colaboración mediante el cual otorgarán capacitación a integrantes del Consejo Consultivo de la Semarnat con el objetivo de impulsar la participación de la mujer en temas medioambientales. Por un desarrollo sustentable con perspectiva de género”. Hasta aquí el anuncio que, suponemos, pagó la trasnacional estadunidense, una de las que registran mayores utilidades en el mundo y con actividades en más de 40 países. Destacadamente la explotación, elaboración y comercialización de derivados de los hidrocarburos y el gas natural: desde productos químicos y plásticos hasta fertilizantes.
La más reciente noticia de la Exxon es de julio pasado, cuando se vio obligada a reconocer que una fuga de petróleo en su oleoducto colocado en el fondo del río Yellowstone (estado de Montana) se extendería más de 16 kilómetros.
El oleoducto lleva diariamente 40 mil barriles de petróleo a una refinería. Las autoridades locales habían denunciado que no cumplía con las normas de seguridad requeridas y era un peligro ante la crecida del caudal del Yeollowstone. Cerrado dos meses antes del accidente, el oleoducto nuevamente entró en funcionamiento al garantizar la Exxon que era seguro.
Se calcula que pagará unos 135 millones de dólares (más del triple de lo estimado inicialmente) para revertir el daño en el río y a quienes viven en sus riberas.
De ser tan importante la colaboración entre Semarnat y la Exxon, sobraba publicitarla a tan alto costo. Una conferencia de prensa habría bastado para informar al país de los detalles de la misma, los logros alcanzados hasta ahora y las acciones futuras en el tema de género y medio ambiente. Además de explicar el papel que cumple el citado Consejo Consultivo Nacional. Y, ya entrada la Exxon en el mecenazgo para lavar culpas, dedicar lo erogado en publicidad a uno que otro proyecto de género relacionado con el ambiente.
Esta muestra de colaboración con empresas que no se distinguen por su respeto a los recursos naturales y la población se suma a muchos otros desatinos del actual sexenio. Cuando crece el repudio por el visto bueno de la Semarnat al proyecto hotelero en Cabo Pulmo, Baja California Sur, se denuncian las concesiones a una minera canadiense para explotar Wirikuta, sitio sagrado del pueblo huichol localizado en San Luis Potosí. Igualmente, la antigua mina Real de Catorce, en la misma entidad. Otra concesión permitirá a la empresa Sempra Energy establecer un enorme sistema de generación de energía eólica en Sierra de Juárez, ecosistema único por su riqueza natural y muy frágil, habitado por indígenas mexicanos. Ocupa parte de los municipios de Tecate, Mexicali y Ensenada. En el área de Costa Azul de este último municipio Sempra posee una planta de gas natural. Con la nueva concesión eólica, Baja California se convierte en gran generadora de energía para Estados Unidos.
A la hora de mostrar sus preferencias trasnacionales, Juan Rafael Elvira, el titular de Semarnat no tiene límites. Como su declaración de que en el norte del país es posible sembrar grandes extensiones con maíz transgénico porque allí no ponen en peligro la biodiversidad y los maíces nativos. Desoye, así, las recomendaciones en sentido contrario de los organismos internacionales.
Sospecho que Monsanto, Sempra, las mineras canadienses o las cadenas hoteleras españolas se disputarán a don Juan una vez que deje Semarnat.
Así no sabrá lo que es estar desocupado.
.-.-.-.-.-.-.
Ley de Ingresos:
finanzas petrolizadas
Aroa de la Fuente
La Ley de Ingresos de la Federación para el año 2012, aprobada en el Congreso de la Unión, prevé ingresos por 3 billones 706 mil millones 922 mil pesos. Mientras que la propuesta del Ejecutivo contemplaba un crecimiento real de 2.4 por ciento respecto a los ingresos aprobados para 2011, las y los diputados añadieron 59 mil 15 millones de pesos a lo previsto por el Presidente.
El dictamen aprobado por los diputados y senadores no modifica sustancialmente la política de ingresos del gobierno federal. A pesar de las distintas alertas sobre la necesidad de que las finanzas púbicas dejen de depender de los hidrocarburos, la inminencia de las campañas políticas hace que pocos se quieran arriesgar a hacer los cambios que, en materia de ingresos, necesita el país. Así, no se impulsó la recaudación tributaria, pese a que México se sitúa a la cola de la OCDE (por debajo del 10 por ciento) en cuanto al porcentaje del PIB que representan estos ingresos. Por el contrario, se previó una caída de 2.5 por ciento en términos reales en la recaudación de impuestos; compensada por un aumento de 10.3 por ciento de los ingresos procedentes de la explotación del petróleo. Ello como resultado de la subida en el precio del petróleo, estimada para 2012 en 84.9 dólares por barril frente a los 65.4 de 2011. Un precio del petróleo alto presenta serios riesgos para asegurar el gasto público del año entrante debido a la gran volatilidad de los costos de este hidrocarburo. Sobre todo si se considera la inestabilidad económica mundial que aún persiste y los reducidos recursos con que cuenta actualmente el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, los cuales ascienden a 18 mil 364 millones de pesos. Es decir, apenas 5 por ciento del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012. Para poner estas cifras en perspectiva aquí un dato: durante la crisis de 2009 se dejaron de recibir 187 mil 417 millones de pesos por concepto de derechos a los hidrocarburos.
Si bien el documento aprobado presenta ciertos cambios a la propuesta original del Ejecutivo, en lo elemental mantiene las mismas tendencias: de los 59 mil 15 millones de pesos de más aprobados por la Cámara, 45 por ciento proviene del aumento de los derechos a los hidrocarburos y de los ingresos de Pemex; mientras que sólo 2.3 por ciento se debe al incremento de los impuestos. Lo primero se explica por un alza en la estimación de la plataforma de producción de petróleo, que pasa de 2 mil 550 a 2 mil 560 mdb (miles de barriles diarios).
Sin embargo, no hay claridad sobre los datos que sustentan la presentación del aumento en los ingresos tributarios y, en este sentido, aparecen varias contradicciones. La más sorprendente corresponde a la disminución en la previsión del PIB. Mientras el Ejecutivo previó en su propuesta un crecimiento del PIB de 3.5 por ciento, la Cámara baja lo redujo a 3.3 por ciento. ¿Cómo es posible que se recauden más impuestos si se estima que el crecimiento económico será menor y consecuentemente lo será la generación de empleos y el consumo? La explicación que se propone en la exposición de motivos deja mucho que desear, pues alude a que la disminución en el PIB “se ve compensada por el efecto de la actualización del cierre estimado para 2011 en vista de los mejores resultados observados a la fecha, en particular en los ingresos tributarios”. Los datos, sin embargo, señalan lo contrario: al 30 de septiembre de 2011, estos ingresos presentaron un déficit de 154 mil 892.4 millones de pesos.
Por otro lado, la forma como fue aprobada la Ley de Ingresos descubre por lo menos dos fallas sistémicas de los procesos de toma de decisión sobre los recursos públicos: por un lado, la discusión sobre la cantidad de recursos de los que dispondrá el gobierno federal no se genera a partir de un análisis de cuántos recursos se necesitan para resolver las necesidades del país; los ingresos se aumentan y aprueban de manera inercial sin una clara vinculación con el Sistema de Evaluación del Desempeño. Por otro lado, la falta de información de fácil acceso y de comunicación proactiva sobre el proceso de toma de decisiones dificulta la participación ciudadana en el mismo.
El debate a mediano plazo tiene que centrarse en dejar de depender de un recurso natural que terminará acabándose y empezar a discutir seriamente aquellos cambios profundos que despetrolicen las finanzas públicas. Una transformación fiscal de fondo debe pasar por ampliar la base gravable, hacer frente a la evasión y a la elusión -como es el caso de la condonación de los créditos fiscales- y asegurar la justicia fiscal y la generación de recursos sostenibles a largo plazo. ¿Quién se atreverá a dar los pasos que necesitan las finanzas públicas de México?
otro desatino del sexenio
Iván Restrepo
Villahermosa, Tabasco, 5 de diciembre de 2011/ Gracias a costoso anuncio de una página publicado en varios diarios de circulación nacional, supimos que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la ExxonMobil refrendaron su compromiso “con el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en temas de género, ambiente y desarrollo sustentable”.
Por ello, “han renovado el acuerdo de colaboración mediante el cual otorgarán capacitación a integrantes del Consejo Consultivo de la Semarnat con el objetivo de impulsar la participación de la mujer en temas medioambientales. Por un desarrollo sustentable con perspectiva de género”. Hasta aquí el anuncio que, suponemos, pagó la trasnacional estadunidense, una de las que registran mayores utilidades en el mundo y con actividades en más de 40 países. Destacadamente la explotación, elaboración y comercialización de derivados de los hidrocarburos y el gas natural: desde productos químicos y plásticos hasta fertilizantes.
La más reciente noticia de la Exxon es de julio pasado, cuando se vio obligada a reconocer que una fuga de petróleo en su oleoducto colocado en el fondo del río Yellowstone (estado de Montana) se extendería más de 16 kilómetros.
El oleoducto lleva diariamente 40 mil barriles de petróleo a una refinería. Las autoridades locales habían denunciado que no cumplía con las normas de seguridad requeridas y era un peligro ante la crecida del caudal del Yeollowstone. Cerrado dos meses antes del accidente, el oleoducto nuevamente entró en funcionamiento al garantizar la Exxon que era seguro.
Se calcula que pagará unos 135 millones de dólares (más del triple de lo estimado inicialmente) para revertir el daño en el río y a quienes viven en sus riberas.
De ser tan importante la colaboración entre Semarnat y la Exxon, sobraba publicitarla a tan alto costo. Una conferencia de prensa habría bastado para informar al país de los detalles de la misma, los logros alcanzados hasta ahora y las acciones futuras en el tema de género y medio ambiente. Además de explicar el papel que cumple el citado Consejo Consultivo Nacional. Y, ya entrada la Exxon en el mecenazgo para lavar culpas, dedicar lo erogado en publicidad a uno que otro proyecto de género relacionado con el ambiente.
Esta muestra de colaboración con empresas que no se distinguen por su respeto a los recursos naturales y la población se suma a muchos otros desatinos del actual sexenio. Cuando crece el repudio por el visto bueno de la Semarnat al proyecto hotelero en Cabo Pulmo, Baja California Sur, se denuncian las concesiones a una minera canadiense para explotar Wirikuta, sitio sagrado del pueblo huichol localizado en San Luis Potosí. Igualmente, la antigua mina Real de Catorce, en la misma entidad. Otra concesión permitirá a la empresa Sempra Energy establecer un enorme sistema de generación de energía eólica en Sierra de Juárez, ecosistema único por su riqueza natural y muy frágil, habitado por indígenas mexicanos. Ocupa parte de los municipios de Tecate, Mexicali y Ensenada. En el área de Costa Azul de este último municipio Sempra posee una planta de gas natural. Con la nueva concesión eólica, Baja California se convierte en gran generadora de energía para Estados Unidos.
A la hora de mostrar sus preferencias trasnacionales, Juan Rafael Elvira, el titular de Semarnat no tiene límites. Como su declaración de que en el norte del país es posible sembrar grandes extensiones con maíz transgénico porque allí no ponen en peligro la biodiversidad y los maíces nativos. Desoye, así, las recomendaciones en sentido contrario de los organismos internacionales.
Sospecho que Monsanto, Sempra, las mineras canadienses o las cadenas hoteleras españolas se disputarán a don Juan una vez que deje Semarnat.
Así no sabrá lo que es estar desocupado.
.-.-.-.-.-.-.
Ley de Ingresos:
finanzas petrolizadas
Aroa de la Fuente
La Ley de Ingresos de la Federación para el año 2012, aprobada en el Congreso de la Unión, prevé ingresos por 3 billones 706 mil millones 922 mil pesos. Mientras que la propuesta del Ejecutivo contemplaba un crecimiento real de 2.4 por ciento respecto a los ingresos aprobados para 2011, las y los diputados añadieron 59 mil 15 millones de pesos a lo previsto por el Presidente.
El dictamen aprobado por los diputados y senadores no modifica sustancialmente la política de ingresos del gobierno federal. A pesar de las distintas alertas sobre la necesidad de que las finanzas púbicas dejen de depender de los hidrocarburos, la inminencia de las campañas políticas hace que pocos se quieran arriesgar a hacer los cambios que, en materia de ingresos, necesita el país. Así, no se impulsó la recaudación tributaria, pese a que México se sitúa a la cola de la OCDE (por debajo del 10 por ciento) en cuanto al porcentaje del PIB que representan estos ingresos. Por el contrario, se previó una caída de 2.5 por ciento en términos reales en la recaudación de impuestos; compensada por un aumento de 10.3 por ciento de los ingresos procedentes de la explotación del petróleo. Ello como resultado de la subida en el precio del petróleo, estimada para 2012 en 84.9 dólares por barril frente a los 65.4 de 2011. Un precio del petróleo alto presenta serios riesgos para asegurar el gasto público del año entrante debido a la gran volatilidad de los costos de este hidrocarburo. Sobre todo si se considera la inestabilidad económica mundial que aún persiste y los reducidos recursos con que cuenta actualmente el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, los cuales ascienden a 18 mil 364 millones de pesos. Es decir, apenas 5 por ciento del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012. Para poner estas cifras en perspectiva aquí un dato: durante la crisis de 2009 se dejaron de recibir 187 mil 417 millones de pesos por concepto de derechos a los hidrocarburos.
Si bien el documento aprobado presenta ciertos cambios a la propuesta original del Ejecutivo, en lo elemental mantiene las mismas tendencias: de los 59 mil 15 millones de pesos de más aprobados por la Cámara, 45 por ciento proviene del aumento de los derechos a los hidrocarburos y de los ingresos de Pemex; mientras que sólo 2.3 por ciento se debe al incremento de los impuestos. Lo primero se explica por un alza en la estimación de la plataforma de producción de petróleo, que pasa de 2 mil 550 a 2 mil 560 mdb (miles de barriles diarios).
Sin embargo, no hay claridad sobre los datos que sustentan la presentación del aumento en los ingresos tributarios y, en este sentido, aparecen varias contradicciones. La más sorprendente corresponde a la disminución en la previsión del PIB. Mientras el Ejecutivo previó en su propuesta un crecimiento del PIB de 3.5 por ciento, la Cámara baja lo redujo a 3.3 por ciento. ¿Cómo es posible que se recauden más impuestos si se estima que el crecimiento económico será menor y consecuentemente lo será la generación de empleos y el consumo? La explicación que se propone en la exposición de motivos deja mucho que desear, pues alude a que la disminución en el PIB “se ve compensada por el efecto de la actualización del cierre estimado para 2011 en vista de los mejores resultados observados a la fecha, en particular en los ingresos tributarios”. Los datos, sin embargo, señalan lo contrario: al 30 de septiembre de 2011, estos ingresos presentaron un déficit de 154 mil 892.4 millones de pesos.
Por otro lado, la forma como fue aprobada la Ley de Ingresos descubre por lo menos dos fallas sistémicas de los procesos de toma de decisión sobre los recursos públicos: por un lado, la discusión sobre la cantidad de recursos de los que dispondrá el gobierno federal no se genera a partir de un análisis de cuántos recursos se necesitan para resolver las necesidades del país; los ingresos se aumentan y aprueban de manera inercial sin una clara vinculación con el Sistema de Evaluación del Desempeño. Por otro lado, la falta de información de fácil acceso y de comunicación proactiva sobre el proceso de toma de decisiones dificulta la participación ciudadana en el mismo.
El debate a mediano plazo tiene que centrarse en dejar de depender de un recurso natural que terminará acabándose y empezar a discutir seriamente aquellos cambios profundos que despetrolicen las finanzas públicas. Una transformación fiscal de fondo debe pasar por ampliar la base gravable, hacer frente a la evasión y a la elusión -como es el caso de la condonación de los créditos fiscales- y asegurar la justicia fiscal y la generación de recursos sostenibles a largo plazo. ¿Quién se atreverá a dar los pasos que necesitan las finanzas públicas de México?
