La panista Vázquez Mota considera una reforma constitucional para legalizar la inversión de trasnacionales en PEMEX
Josefina Vázquez Mota, en campaña para ser electa como candidata del PAN a la Presidencia de la República, dijo a la agencia noticiosa Reuters estar dispuesta a valorar una reforma constitucional a Pemex. “Yo estoy en la disposición de valorar una reforma constitucional (...) que le permita al País una plataforma energética suficientemente poderosa que hoy no tenemos”, dijo a la agencia de noticias Reuters la ex coordinadora de los diputados federales del PAN. La reforma constitucional, anunciada antes por Enrique Peña Nieto y ahora por Josefina Vázquez, ha sido el objetivo de las transnacionales a partir de su expulsión en 1938. Poco a poco han acaparado todas las actividades de explotación. A partir de 1980, gradualmente las han recuperado con la colaboración de los gobiernos del PRI y del PAN. No nos engañemos, pretenden y les han ofrecido los contratos de riesgo que les permitirán incorporar parte sustancial de nuestras reservas a sus inventarios, elevar el valor de sus acciones y maximizar sus utilidades. No les ha sido suficiente los contratos de servicios múltiples en la cuenca de Burgos, los contratos integrales en Chicontepec, la concesión para extraer el gas grisú de las minas de carbón, los contratos incentivados con una cuota por barril, las asociaciones público privadas con financiamiento social, el ofrecimiento del gas shale y el del tesoro de las aguas profundas. Todo esto violando nuestra Constitución. Grupo Ingenieros Constitución del 17 / Comité nacional de Estudios de la Energía.
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Ley de Asociaciones Público-Privadas:
legalización del despojo a la nación
Napoleón Gómez Urrutia / Sindicato Minero
La reciente aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, vía fast track de última hora en el Senado, después de haber sido aceptada en la Cámara de Diputados, es una confirmación más de que el actual gobierno conservador beneficia excesivamente al sector privado, al mismo tiempo que persigue y hostiliza a los trabajadores, a sus líderes y criminaliza sus luchas sociales.
Ahora abiertamente protege a los hombres de capital, con cargo directo a los recursos del erario, que son propiedad de todos los mexicanos, los cuales se integran con las contribuciones que la población aporta a la Secretaría de Hacienda, aunadas a los ingresos por la venta de bienes y servicios públicos. Estos recursos no deben constituirse arbitrariamente en fondos bancarios para la inversión privada, pero es obvio que esto sucede porque la banca está casi por completo en manos extranjeras y éstas no procuran el beneficio nacional, sino sus intereses.
Nuestra estructura fiscal es de las más endebles en el mundo. Si a su debilidad se le agrega ahora este financiamiento indebido al sector privado, ello la acrecentará, porque además el gobierno les regresa gran cantidad de recursos fiscales por el “tratamiento especial” de que injustamente gozan desde hace años.
Es claro que el gobierno con esta ley renuncia de hecho a realizar la obra pública de infraestructura que, incluso en medio de inconsecuencias de criterio, había venido realizando bajo otras siglas partidistas durante largas décadas y con un éxito variable aunque tangible.
El actual gobierno federal demuestra no sólo su predilección por el capital privado, por encima de los intereses sociales de la nación, sino que le ofrece con esta ley inmensos recursos públicos, lo cual sólo significa que no ha realizado obra pública de consideración, sino que ahora les entrega esa función a las empresas que puedan desarrollarla, que seguramente serán las más poderosas, y donde el gobierno otorga garantías a esos proyectos con los propios recursos públicos, incluso en los tropiezos que por incompetencia o corrupción cometan las empresas privadas participantes.
Es probable que algunos o muchos legisladores estén pensando en convertirse, si no es que ya lo son, en proveedores, licitantes y contratistas de obra para el gobierno federal, sin importar el signo político o ideológico del partido que triunfe en las elecciones. De otra manera no es posible entender por qué legalizar y formalizar de manera descarada la corrupción que esta ley traerá implícita.
¿En qué sistema vivimos que existe tolerancia, complicidad, ignorancia e irresponsabilidad jurídica, al aprobar una ley de esta naturaleza, sin condiciones ni limitaciones o candados en la práctica? Es una nueva forma de privatizar bienes y servicios nacionales y de socializar las pérdidas y la explotación, para generar mayor desigualdad.
Esta ley profundiza el futuro saqueo a la nación, tal como sucede actualmente con las concesiones flexibles y sin límite de los recursos naturales no renovables del país, minerales, gas, petróleo y fuentes alternas de energía. Por cierto, sería conveniente conocer y analizar cuántas concesiones mineras se han otorgado a los grupos industriales del país durante los últimos 11 años del Partido Acción Nacional en el gobierno. Qué extensiones del territorio nacional se han entregado a los dueños aparentes de esas concesiones, por cuántos años y quiénes son los consentidos y cómplices.
Como bien lo ha dicho Arnaldo Córdova, en esta ley no se contempla una presencia compartida del gobierno y los privados, sino una virtual sustitución del Estado por los segundos, quienes se encargarán de realizar las obras o servicios públicos que corresponden al Estado. Dijo certeramente el senador Pablo Gómez: “Estamos ante un intento legislativo de legalizar la corrupción y de convertir al Estado en un instrumento de promoción de los intereses privados”. En suma, estamos ante la renuncia irresponsable de este gobierno a que el Estado sea Estado.
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¿Por qué nos debería preocupar un bloqueo del Estrecho de Ormuz?
BBC. Parte de la atención informativa mundial se dirigió esta semana a un pequeño punto del mapamundi con una gran importancia para nuestras vidas.
Irán amenazó con cerrar el paso por el Estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, como respuesta a nuevas sanciones de Occidente, y Estados Unidos, que tiene una flota en la zona, respondió que no toleraría el bloqueo.
Este nuevo episodio de tensión entre los dos países enemistados por el polémico programa nuclear iraní preocupa por los intereses que están en juego en ese paso marítimo.
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE UNA FRANJA DE MAR TAN PEQUEÑA?
El Estrecho de Ormuz es una franja de agua que separa a Irán, al norte, del pequeño territorio de Musandam, perteneciente a Omán, y de Emiratos Árabes Unidos, al sur. Su punto más estrecho mide solo 54 kilómetros. Todos los países que limitan con el Golfo Pérsico utilizan ese estrecho paso de agua para transportar su petróleo al resto del mundo: Irán, Irak, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.
El 33% del petróleo transportado por mar en el mundo cruzó por el Estrecho en 2009, lo que supuso un 17% del total del comercio internacional de crudo, según la información de la estadounidense Administración de la Información sobre Energía (EIA, por sus siglas en inglés). Unos 15,5 millones de barriles diarios (B/D) pasan por el Estrecho de Ormuz, según la EIA. Navíos de guerra de EE.UU. patrullan la zona para asegurar el paso. La mayor parte de ese petróleo tiene como destino Asia, EE.UU. y Europa Occidental.
Josefina Vázquez Mota, en campaña para ser electa como candidata del PAN a la Presidencia de la República, dijo a la agencia noticiosa Reuters estar dispuesta a valorar una reforma constitucional a Pemex. “Yo estoy en la disposición de valorar una reforma constitucional (...) que le permita al País una plataforma energética suficientemente poderosa que hoy no tenemos”, dijo a la agencia de noticias Reuters la ex coordinadora de los diputados federales del PAN. La reforma constitucional, anunciada antes por Enrique Peña Nieto y ahora por Josefina Vázquez, ha sido el objetivo de las transnacionales a partir de su expulsión en 1938. Poco a poco han acaparado todas las actividades de explotación. A partir de 1980, gradualmente las han recuperado con la colaboración de los gobiernos del PRI y del PAN. No nos engañemos, pretenden y les han ofrecido los contratos de riesgo que les permitirán incorporar parte sustancial de nuestras reservas a sus inventarios, elevar el valor de sus acciones y maximizar sus utilidades. No les ha sido suficiente los contratos de servicios múltiples en la cuenca de Burgos, los contratos integrales en Chicontepec, la concesión para extraer el gas grisú de las minas de carbón, los contratos incentivados con una cuota por barril, las asociaciones público privadas con financiamiento social, el ofrecimiento del gas shale y el del tesoro de las aguas profundas. Todo esto violando nuestra Constitución. Grupo Ingenieros Constitución del 17 / Comité nacional de Estudios de la Energía.
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Ley de Asociaciones Público-Privadas:
legalización del despojo a la nación
Napoleón Gómez Urrutia / Sindicato Minero
La reciente aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, vía fast track de última hora en el Senado, después de haber sido aceptada en la Cámara de Diputados, es una confirmación más de que el actual gobierno conservador beneficia excesivamente al sector privado, al mismo tiempo que persigue y hostiliza a los trabajadores, a sus líderes y criminaliza sus luchas sociales.
Ahora abiertamente protege a los hombres de capital, con cargo directo a los recursos del erario, que son propiedad de todos los mexicanos, los cuales se integran con las contribuciones que la población aporta a la Secretaría de Hacienda, aunadas a los ingresos por la venta de bienes y servicios públicos. Estos recursos no deben constituirse arbitrariamente en fondos bancarios para la inversión privada, pero es obvio que esto sucede porque la banca está casi por completo en manos extranjeras y éstas no procuran el beneficio nacional, sino sus intereses.
Nuestra estructura fiscal es de las más endebles en el mundo. Si a su debilidad se le agrega ahora este financiamiento indebido al sector privado, ello la acrecentará, porque además el gobierno les regresa gran cantidad de recursos fiscales por el “tratamiento especial” de que injustamente gozan desde hace años.
Es claro que el gobierno con esta ley renuncia de hecho a realizar la obra pública de infraestructura que, incluso en medio de inconsecuencias de criterio, había venido realizando bajo otras siglas partidistas durante largas décadas y con un éxito variable aunque tangible.
El actual gobierno federal demuestra no sólo su predilección por el capital privado, por encima de los intereses sociales de la nación, sino que le ofrece con esta ley inmensos recursos públicos, lo cual sólo significa que no ha realizado obra pública de consideración, sino que ahora les entrega esa función a las empresas que puedan desarrollarla, que seguramente serán las más poderosas, y donde el gobierno otorga garantías a esos proyectos con los propios recursos públicos, incluso en los tropiezos que por incompetencia o corrupción cometan las empresas privadas participantes.
Es probable que algunos o muchos legisladores estén pensando en convertirse, si no es que ya lo son, en proveedores, licitantes y contratistas de obra para el gobierno federal, sin importar el signo político o ideológico del partido que triunfe en las elecciones. De otra manera no es posible entender por qué legalizar y formalizar de manera descarada la corrupción que esta ley traerá implícita.
¿En qué sistema vivimos que existe tolerancia, complicidad, ignorancia e irresponsabilidad jurídica, al aprobar una ley de esta naturaleza, sin condiciones ni limitaciones o candados en la práctica? Es una nueva forma de privatizar bienes y servicios nacionales y de socializar las pérdidas y la explotación, para generar mayor desigualdad.
Esta ley profundiza el futuro saqueo a la nación, tal como sucede actualmente con las concesiones flexibles y sin límite de los recursos naturales no renovables del país, minerales, gas, petróleo y fuentes alternas de energía. Por cierto, sería conveniente conocer y analizar cuántas concesiones mineras se han otorgado a los grupos industriales del país durante los últimos 11 años del Partido Acción Nacional en el gobierno. Qué extensiones del territorio nacional se han entregado a los dueños aparentes de esas concesiones, por cuántos años y quiénes son los consentidos y cómplices.
Como bien lo ha dicho Arnaldo Córdova, en esta ley no se contempla una presencia compartida del gobierno y los privados, sino una virtual sustitución del Estado por los segundos, quienes se encargarán de realizar las obras o servicios públicos que corresponden al Estado. Dijo certeramente el senador Pablo Gómez: “Estamos ante un intento legislativo de legalizar la corrupción y de convertir al Estado en un instrumento de promoción de los intereses privados”. En suma, estamos ante la renuncia irresponsable de este gobierno a que el Estado sea Estado.
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¿Por qué nos debería preocupar un bloqueo del Estrecho de Ormuz?
BBC. Parte de la atención informativa mundial se dirigió esta semana a un pequeño punto del mapamundi con una gran importancia para nuestras vidas.
Irán amenazó con cerrar el paso por el Estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, como respuesta a nuevas sanciones de Occidente, y Estados Unidos, que tiene una flota en la zona, respondió que no toleraría el bloqueo.
Este nuevo episodio de tensión entre los dos países enemistados por el polémico programa nuclear iraní preocupa por los intereses que están en juego en ese paso marítimo.
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE UNA FRANJA DE MAR TAN PEQUEÑA?
El Estrecho de Ormuz es una franja de agua que separa a Irán, al norte, del pequeño territorio de Musandam, perteneciente a Omán, y de Emiratos Árabes Unidos, al sur. Su punto más estrecho mide solo 54 kilómetros. Todos los países que limitan con el Golfo Pérsico utilizan ese estrecho paso de agua para transportar su petróleo al resto del mundo: Irán, Irak, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.
El 33% del petróleo transportado por mar en el mundo cruzó por el Estrecho en 2009, lo que supuso un 17% del total del comercio internacional de crudo, según la información de la estadounidense Administración de la Información sobre Energía (EIA, por sus siglas en inglés). Unos 15,5 millones de barriles diarios (B/D) pasan por el Estrecho de Ormuz, según la EIA. Navíos de guerra de EE.UU. patrullan la zona para asegurar el paso. La mayor parte de ese petróleo tiene como destino Asia, EE.UU. y Europa Occidental.
