COMITE DE LA ENERGIA INFORMA
YACIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS Y G-20 * El “Acuerdo entre México y EEEUU relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México”, muestra el perfil de peón dócil del gobierno mexicano en el tablero geopolítico del G-20. * El G-20 sin credibilidad. Su actuación frente a la crisis, empeora la situación y se apremia a simular un diálogo con ONG´s cómodas para legitimarse.
El Dr. Fabio Barbosa Cano del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM e integrante del grupo consultivo de la Coalición Mexicana frente al G-20, aseguró que el “Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México”, es un paso más para acelerar, precipitar, o apurar la producción petrolera de México en un contexto en que, a nivel mundial, la cercanía del peack oil es cada vez mayor y en nuestro país ya fue alcanzado, es decir tenemos una producción en declinación irreversible. Por su urgencia para retomar las exploraciones y explotaciones en zonas muy profundas (es la primera vez en la historia petrolera mundial que se perforarán pozos de tres kilómetros, de profundidad de agua); por lo tanto de elevados costos y grandes desafíos técnicos.
Para el especialista universitario existen altas probabilidades de que se descubran yacimientos transfronterizos, pero es perfectamente previsible que esa nueva producción será conducida a las instalaciones de proceso ya construidos, en el lado de los EE.UU, lo mismo ocurrirá con su transporte, será realizado en el sistema de ductos ya existentes y conducido a las refinerías de Houston, Texas.
El Ing. José Alfredo Hernández, del Comité Nacional de Estudios de la Energía, A.C, -integrante de la Coalición Mexicana frente al G-20, opinó que este acuerdo es una abusiva justificación para forzar obligaciones transexenales. En rigor, aún no existe evidencia de la existencia de petróleo (como el cuento del tesorito) y que es una forma de comprometer las finanzas de México con un mayor endeudamiento para pagar esta aventura exploratoria. Thomas Isidore Noël Sankara, el teórico panafricanista que presidió a Burkina Faso de 1983 a 1987 denunciaba que “El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional nos niegan fondos para buscar agua a cien metros, pero nos ofrecen excavar pozos de tres mil metros para buscar petróleo”.
Un absurdo, nos dice el Ing. Hernández, más aún cuando México tiene mucho que hacer en términos de exploración y producción en zonas terrestres y aguas someras y así evitar caer en riesgos laborales y ambientales innecesarios. Evoca el derrame de petróleo en el Golfo de México hace dos años por la compañía británica British Petroleum (BP), empresa que tendrá que pagar 7,800 millones de dólares bajo un acuerdo extrajudicial con los afectados por el derrame.
Para el Dr. Barbosa los recursos naturales constituyen una ventaja si se explotan como parte de un programa de transformación industrial, es decir si se convertirán en petroquímicos y otros derivados, siquiera gasolinas. Sin embargo, para el caso mexicano, el neoliberalismo impuso un esquema de inserción en una nueva división de trabajo en la que más de la mitad de la producción aceitera se destina a la exportación. Aún suponiendo, sin conceder, que existirá equidad en la distribución de los recursos y de la renta petrolera, para México no hay ninguna ventaja en vender crudo a cambio de los poco más de cien dólares por barril y trasladar los efectos multiplicadores de los ingresos petroleros a los EE.UU.
Barbosa recuerda que el acuerdo fue ansiosa y hasta penosamente buscado por los neoliberales mexicanos. Incluso sufriendo tremendas humillaciones. Recuerda que los titulares de la Secretaría de Energía, la Sra Kessel y Reyes Heroles, cuando pedían a los EE.UU. la firma de acuerdo sobre transfronterizos y les respondieron: “primero perforen y demuestren qué existe, siquiera uno de esos campos montados a uno y otro lado, digan qué porcentaje les pertenece y qué porcentaje está en aguas territoriales de los Estados Unidos”.
Ahora el acuerdo fue destrabado por dos factores inesperados: 1) el accidente del pozo Macondo y 2) El viraje de Obama en vísperas de su segunda campaña electoral, distanciándose de su retórica sobre energías limpias y regresando al impulso a los hidrocarburos, con más vigor incluso que la petrocracia texana del tiempo de los Bush.
Aún cuando no se conoce el texto final, el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, sobre borradores alerta en dos aspectos del acuerdo: 1) La pretensión de someter a Pemex a una nueva normatividad de seguridad industrial (contenido en el capítulo 6 del acuerdo) y 2) El asunto de la explotación unificada de los yacimientos transfronterizos, modalidad que quedó, como “voluntaria” porque la legislación gringa no permite a los gobiernos a intervenir en las decisiones de las empresas privadas.
A su vez, el maestro Andrés Peñaloza, presidente de Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C/RMALC y promotor de la Coalición Mexicana frente al G-20, afirmó que persiste la conducta de firmar acuerdos internacionales sin dar a conocer sus contenidos a la opinión pública. El caso más reciente: el “Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México”, suscrito en el marco de la cumbre ministerial de cancilleres del G-20, realizada en Los Cabos, Baja California Sur, el pasado 20 del mes en curso.
NI SIQUIERA LOS SENADORES, CONOCEN EL TEXTO FINAL.
Tanto el presidente de la comisión de energía del senado como integrantes de la misma denunciaron que fueron “desairados” por el gobierno federal, que no acudió en los momentos decisivos a la mesa de diálogo, por cierto constituida a instancias del gobierno federal, en la que se examinaba el tema de los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos.
A decir del maestro Peñaloza, este caso como los cuatro asesinados y dos desaparecidos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, justo en los momentos en que se dialogaba con el gobierno federal, revela la estrategia del gobierno de Felipe Calderón, para simular el diálogo de su gobierno con la sociedad civil.
En el caso del Grupo de los 20 (G-20), actualmente presidida por México, es elocuente la política del gobierno federal para dividir a la sociedad civil mexicana e internacional para configurar una instancia cómoda de diálogo sociedad civil y G-20. Se trata de un ofrecimiento del gobierno calderonista para mostrarse como un gobierno de avanzada democrática e incluso sugiriendo que de no establecerse ahora dicha instancia de diálogo difícilmente se podrá realizar en Rusia, cuyo gobierno asumirá la presidencia del G-20 después de la Cumbre en Los Cabos, BCS, para el próximo junio.
Lo cierto, continua el activista de la Coalición Mexicana frente al G-20, constituida el pasado 20 de febrero, por más de un centenar de organizaciones sociales, sindicales, campesinas, urbano-populares y civiles, es que el gobierno mexicano en contubernio con la embajada estadounidense alientan el diálogo con ONG´s, sobretodo del Norte y en especial de los Estados Unidos, un diálogo simulado encuadrado en lo que el sociólogo Max Weber, tipificaba como relación social “cerrada” caracterizada como una relación en la que la participación social es excluida, limitada o sometida a condiciones.
Imposibilitados de ningunear el esfuerzo de la Coalición Mexicana frente al G-20 y sus contrapartes internacionales para propiciar una instancia de diálogo transparente, público, incluyente y abierto a la diversidad social, étnica y cultural de las sociedades civiles de los países del G-20, el gobierno calderonista y la embajada estadounidense, se apresuraron a celebrar la supuesta disposición de la Presidencia de México en el G-20 para un diálogo franco, transparente y de buena fe tras reunirse con el autodenominado Grupo Global de Trabajo Global del G-8/G-20. El embajador de los Estados Unidos Anthony Wayne, iría más lejos en sus elogios, al reunirse con las ONGs estadounidenses pertenecientes a ese Grupo Global, al resaltar: «Esta conferencia de ONG y la voluntad del gobierno mexicano de comunicar a otros miembros del G-20 lo resultante de esta conferencia pone muy en alto la apertura del gobierno con respecto a la visiones de la sociedad civil. Este tipo de diálogo con la sociedad civil es la llave al éxito de este proceso del G-20. Estoy complacido de haberme reunido con algunas de las ONGs participantes en la conferencia de esta semana».
Y mientras la Secretaria de Relaciones Exteriores asegura que la Presidencia de México en el G-20 mantiene una política de diálogo, inclusión y transparencia en el intercambio de opiniones y posiciones de con la sociedad civil, jóvenes universitarios de la UNAM y la UACM pertenecientes a la Coalición Mexicana frente al G-20 denuncian las evasivas del gobierno para facilitar información solicitada a través de la Ley Federal de Transparencia.
Dada la negativa por entregar información por el cauce legal la Coalición Mexicana frente al G-20 iniciará un recurso de inconformidad contemplado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ley que a pesar de contar prácticamente con una década de existencia, no logra regir en la conducta de los funcionarios encargados de la participación del gobierno mexicano en el G-20. ¿No será acaso que la opacidad, el secretismo y la informalidad con que se conduce la Presidencia mexicana en el G-20 es en realidad la política que la rige?, se pregunta el maestro Peñaloza.
Para el especialista universitario existen altas probabilidades de que se descubran yacimientos transfronterizos, pero es perfectamente previsible que esa nueva producción será conducida a las instalaciones de proceso ya construidos, en el lado de los EE.UU, lo mismo ocurrirá con su transporte, será realizado en el sistema de ductos ya existentes y conducido a las refinerías de Houston, Texas.
El Ing. José Alfredo Hernández, del Comité Nacional de Estudios de la Energía, A.C, -integrante de la Coalición Mexicana frente al G-20, opinó que este acuerdo es una abusiva justificación para forzar obligaciones transexenales. En rigor, aún no existe evidencia de la existencia de petróleo (como el cuento del tesorito) y que es una forma de comprometer las finanzas de México con un mayor endeudamiento para pagar esta aventura exploratoria. Thomas Isidore Noël Sankara, el teórico panafricanista que presidió a Burkina Faso de 1983 a 1987 denunciaba que “El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional nos niegan fondos para buscar agua a cien metros, pero nos ofrecen excavar pozos de tres mil metros para buscar petróleo”.
Un absurdo, nos dice el Ing. Hernández, más aún cuando México tiene mucho que hacer en términos de exploración y producción en zonas terrestres y aguas someras y así evitar caer en riesgos laborales y ambientales innecesarios. Evoca el derrame de petróleo en el Golfo de México hace dos años por la compañía británica British Petroleum (BP), empresa que tendrá que pagar 7,800 millones de dólares bajo un acuerdo extrajudicial con los afectados por el derrame.
Para el Dr. Barbosa los recursos naturales constituyen una ventaja si se explotan como parte de un programa de transformación industrial, es decir si se convertirán en petroquímicos y otros derivados, siquiera gasolinas. Sin embargo, para el caso mexicano, el neoliberalismo impuso un esquema de inserción en una nueva división de trabajo en la que más de la mitad de la producción aceitera se destina a la exportación. Aún suponiendo, sin conceder, que existirá equidad en la distribución de los recursos y de la renta petrolera, para México no hay ninguna ventaja en vender crudo a cambio de los poco más de cien dólares por barril y trasladar los efectos multiplicadores de los ingresos petroleros a los EE.UU.
Barbosa recuerda que el acuerdo fue ansiosa y hasta penosamente buscado por los neoliberales mexicanos. Incluso sufriendo tremendas humillaciones. Recuerda que los titulares de la Secretaría de Energía, la Sra Kessel y Reyes Heroles, cuando pedían a los EE.UU. la firma de acuerdo sobre transfronterizos y les respondieron: “primero perforen y demuestren qué existe, siquiera uno de esos campos montados a uno y otro lado, digan qué porcentaje les pertenece y qué porcentaje está en aguas territoriales de los Estados Unidos”.
Ahora el acuerdo fue destrabado por dos factores inesperados: 1) el accidente del pozo Macondo y 2) El viraje de Obama en vísperas de su segunda campaña electoral, distanciándose de su retórica sobre energías limpias y regresando al impulso a los hidrocarburos, con más vigor incluso que la petrocracia texana del tiempo de los Bush.
Aún cuando no se conoce el texto final, el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, sobre borradores alerta en dos aspectos del acuerdo: 1) La pretensión de someter a Pemex a una nueva normatividad de seguridad industrial (contenido en el capítulo 6 del acuerdo) y 2) El asunto de la explotación unificada de los yacimientos transfronterizos, modalidad que quedó, como “voluntaria” porque la legislación gringa no permite a los gobiernos a intervenir en las decisiones de las empresas privadas.
A su vez, el maestro Andrés Peñaloza, presidente de Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C/RMALC y promotor de la Coalición Mexicana frente al G-20, afirmó que persiste la conducta de firmar acuerdos internacionales sin dar a conocer sus contenidos a la opinión pública. El caso más reciente: el “Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México”, suscrito en el marco de la cumbre ministerial de cancilleres del G-20, realizada en Los Cabos, Baja California Sur, el pasado 20 del mes en curso.
NI SIQUIERA LOS SENADORES, CONOCEN EL TEXTO FINAL.
Tanto el presidente de la comisión de energía del senado como integrantes de la misma denunciaron que fueron “desairados” por el gobierno federal, que no acudió en los momentos decisivos a la mesa de diálogo, por cierto constituida a instancias del gobierno federal, en la que se examinaba el tema de los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos.
A decir del maestro Peñaloza, este caso como los cuatro asesinados y dos desaparecidos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, justo en los momentos en que se dialogaba con el gobierno federal, revela la estrategia del gobierno de Felipe Calderón, para simular el diálogo de su gobierno con la sociedad civil.
En el caso del Grupo de los 20 (G-20), actualmente presidida por México, es elocuente la política del gobierno federal para dividir a la sociedad civil mexicana e internacional para configurar una instancia cómoda de diálogo sociedad civil y G-20. Se trata de un ofrecimiento del gobierno calderonista para mostrarse como un gobierno de avanzada democrática e incluso sugiriendo que de no establecerse ahora dicha instancia de diálogo difícilmente se podrá realizar en Rusia, cuyo gobierno asumirá la presidencia del G-20 después de la Cumbre en Los Cabos, BCS, para el próximo junio.
Lo cierto, continua el activista de la Coalición Mexicana frente al G-20, constituida el pasado 20 de febrero, por más de un centenar de organizaciones sociales, sindicales, campesinas, urbano-populares y civiles, es que el gobierno mexicano en contubernio con la embajada estadounidense alientan el diálogo con ONG´s, sobretodo del Norte y en especial de los Estados Unidos, un diálogo simulado encuadrado en lo que el sociólogo Max Weber, tipificaba como relación social “cerrada” caracterizada como una relación en la que la participación social es excluida, limitada o sometida a condiciones.
Imposibilitados de ningunear el esfuerzo de la Coalición Mexicana frente al G-20 y sus contrapartes internacionales para propiciar una instancia de diálogo transparente, público, incluyente y abierto a la diversidad social, étnica y cultural de las sociedades civiles de los países del G-20, el gobierno calderonista y la embajada estadounidense, se apresuraron a celebrar la supuesta disposición de la Presidencia de México en el G-20 para un diálogo franco, transparente y de buena fe tras reunirse con el autodenominado Grupo Global de Trabajo Global del G-8/G-20. El embajador de los Estados Unidos Anthony Wayne, iría más lejos en sus elogios, al reunirse con las ONGs estadounidenses pertenecientes a ese Grupo Global, al resaltar: «Esta conferencia de ONG y la voluntad del gobierno mexicano de comunicar a otros miembros del G-20 lo resultante de esta conferencia pone muy en alto la apertura del gobierno con respecto a la visiones de la sociedad civil. Este tipo de diálogo con la sociedad civil es la llave al éxito de este proceso del G-20. Estoy complacido de haberme reunido con algunas de las ONGs participantes en la conferencia de esta semana».
Y mientras la Secretaria de Relaciones Exteriores asegura que la Presidencia de México en el G-20 mantiene una política de diálogo, inclusión y transparencia en el intercambio de opiniones y posiciones de con la sociedad civil, jóvenes universitarios de la UNAM y la UACM pertenecientes a la Coalición Mexicana frente al G-20 denuncian las evasivas del gobierno para facilitar información solicitada a través de la Ley Federal de Transparencia.
Dada la negativa por entregar información por el cauce legal la Coalición Mexicana frente al G-20 iniciará un recurso de inconformidad contemplado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ley que a pesar de contar prácticamente con una década de existencia, no logra regir en la conducta de los funcionarios encargados de la participación del gobierno mexicano en el G-20. ¿No será acaso que la opacidad, el secretismo y la informalidad con que se conduce la Presidencia mexicana en el G-20 es en realidad la política que la rige?, se pregunta el maestro Peñaloza.
