El compromiso de la titular de la SERNAPAM, de que el próximo 29 de noviembre informará de la situación que guarda la denuncia de Los Aguilares contra la empresa Caresa, recibieron ayer representantes de varias organizaciones civiles luego de la manifestación que realizaron ayer para exigir una respuesta respecto a ese problema de contaminación.
Informó ayer el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Efraín Rodríguez León, al término de la reunión que sostuvo Silvia Whízar Lugo, con una comisión de representantes de Los Aguilares, Codehutab, la Asociación Ecológica Santo Tomás, la Red de Justicia Ambiental, el Comité Nacional de Estudios de la Energía, el Comité de Derechos Humanos de Comalcalco y del Comité de Derechos Humanos Indígenas de Macuspana.
Según explicó Rodríguez León, durante la reunión de ayer, la titular de Sernapam informó que hay dos expedientes abiertos sobre ese caso y que la dependencia notificará por escrito en relación a cual es la situación que guarda ese proceso.
También se agendó una reunión con ella para el 29 de noviembre próximo a las once de la mañana, en donde nos informará de los avances.
Se acordó también, abundó el abogado, que de ahora en adelante se trabajará en relación a esa denuncia de manera institucional, que respetaremos los cauces legales, en la medida que la dependencia responda.
Sin embargo nosotros seguiremos insistiendo hasta que se de una solución al problema de los Aguilares.
Rodríguez León, mencionó que la funcionaria dijo que ya están trabajando sobre el asunto y que la cita del 29 de noviembre les informará de los avances.
“La vez pasada nos dijo lo mismo, y en esta, le concedemos el beneficio de la duda, esperamos que ahora nos cumpla, sino tendremos que tomar otras medidas”, advirtió.
Mencionó que la manifestación de ayer fue una decisión tomada en una reunió previa de las organizaciones civiles participantes, las cuales, de no haber respuesta planearemos nuevas estrategias, dijo.
Antes de la reunión, Efraín Rodríguez expuso ante participantes de la manifestación y medios de comunicación locales, que fue desde el 4 de diciembre del 2004 cuando la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. de C.V. se instaló en la colonia Los Aguilares de la ranchería Plátano primera sección, municipio de Cunducán, con la finalidad de instalar una planta de tratamiento de lodos de recortes de perforación de pozos petroleros, aguas residuales, para lo cual adquirió una superficie de 6 hectáreas.
Dicha empresa no contaba con los permisos y autorizaciones de las dependencias ambientales, tanto federal, como estatal y municipal.
El 20 de abril del 2005, Codehutab y la Asociación Ecológica Santo Tomás presentaron una denuncia ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.
Después de las acciones jurídicas que requería el caso “y de sortear un sinfín de obstáculos burocráticos y de corrupción” dijo Rodríguez León, el 13 de agosto del 2006 se logró un resolutivo de Profepa delegación Tabasco, en el que condenaba a la empresa a pagar una multa superior al millón 66 mil pesos y resarcir el entorno ecológico.
El mismo resolutivo, incluso, ordenaba al área de asuntos jurídicos de esa dependencia que interpusiera una denuncia de hechos contra CARESA en la Procuraduría General de la República.
No obstante lo anterior, la empresa, hasta la fecha, continúa depositando desechos tóxicos.
Recordó que en enero del 2009, Codehutab , la Asociación Ecológica Santo Tomás y habitantes de Los Aguilares presentaron una queja ante la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental en contra de la empresa CARESA, por hechos presumiblemente violatorios de la Ley de Protección Ambiental del estado.
En la Sernapam, a casi dos años, hemos encontrado “mucha cerrazón y falta de voluntad para resolver”, los funcionarios encargados de darle trámite a la queja, en más de cinco ocasiones informaron que la queja estaba por resolverse ya en en el área jurídica.
Después de muchas vueltas para exigir que se nos mostraran el proyecto de resolución, el Director de Verificación y Atención de Reclamaciones, Romeo Asunción Valenzuela que la queja no llevaba ningún trámite.
A partir de entonces buscamos ser atendidos por la titular de esa dependencia, Silvia Whízar, “por sus múltiples compromisos” encomendó al químico Alfredo Cuevas González , Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental.
De este funcionario recibimos un siempre un trato amable, todas las veces que nos recibió, “pero en cuanto a su trabajo nos quedó a deber” porque nunca nos proporcionó información alguna en relación a un avance, por el contrario, en el mes de enero de este año, nos enteramos vía Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública Gubernamental, que Sernapam le había renovado, por un año más, los permisos a CARESA.
“Bien pareciera que el interés de Sernapam es tener una muy buena relación con los empresarios y los que se encargan de contaminar, desconocemos por qué, por lo menos ese es el mensaje que se envía, en lugar de cumplir con sus funciones”, planteó Rodríguez León.
El asesor jurídico de Codehutab, dijo que la exigencia de los habitantes y las organizaciones civiles demandantes y presentes en la manifestación es: el resarcimiento del entorno ecológico y que se cancelen los permisos a la empresa.
Mencionó que las familias directamente afectadas por ese depósito contaminante, son 200 familias, las asentadas en la colonia Los Aguilares, pero que el daño se extiende a otras comunidades porque se han el subsuelo y mantos freáticos.
Recordó que en el 2005, la delegación de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales tomó varias muestras del lodo depositado, las cuales fueron analizadas en el laboratorio de Profepa Tabasco.
En una de ellas, sostuvo, los resultados revelaron que había una concentración de 8 mil partes por millón de hidrocarburos en su modalidad diesel y en otra 20 mil partes por millón de hidrocarburos, cuando la norma dice que en ese tipo de suelos, lo máximo permisible serían hasta mil 500 partes por millón.
Informó ayer el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Efraín Rodríguez León, al término de la reunión que sostuvo Silvia Whízar Lugo, con una comisión de representantes de Los Aguilares, Codehutab, la Asociación Ecológica Santo Tomás, la Red de Justicia Ambiental, el Comité Nacional de Estudios de la Energía, el Comité de Derechos Humanos de Comalcalco y del Comité de Derechos Humanos Indígenas de Macuspana.
Según explicó Rodríguez León, durante la reunión de ayer, la titular de Sernapam informó que hay dos expedientes abiertos sobre ese caso y que la dependencia notificará por escrito en relación a cual es la situación que guarda ese proceso.
También se agendó una reunión con ella para el 29 de noviembre próximo a las once de la mañana, en donde nos informará de los avances.
Se acordó también, abundó el abogado, que de ahora en adelante se trabajará en relación a esa denuncia de manera institucional, que respetaremos los cauces legales, en la medida que la dependencia responda.
Sin embargo nosotros seguiremos insistiendo hasta que se de una solución al problema de los Aguilares.
Rodríguez León, mencionó que la funcionaria dijo que ya están trabajando sobre el asunto y que la cita del 29 de noviembre les informará de los avances.
“La vez pasada nos dijo lo mismo, y en esta, le concedemos el beneficio de la duda, esperamos que ahora nos cumpla, sino tendremos que tomar otras medidas”, advirtió.
Mencionó que la manifestación de ayer fue una decisión tomada en una reunió previa de las organizaciones civiles participantes, las cuales, de no haber respuesta planearemos nuevas estrategias, dijo.
Antes de la reunión, Efraín Rodríguez expuso ante participantes de la manifestación y medios de comunicación locales, que fue desde el 4 de diciembre del 2004 cuando la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. de C.V. se instaló en la colonia Los Aguilares de la ranchería Plátano primera sección, municipio de Cunducán, con la finalidad de instalar una planta de tratamiento de lodos de recortes de perforación de pozos petroleros, aguas residuales, para lo cual adquirió una superficie de 6 hectáreas.
Dicha empresa no contaba con los permisos y autorizaciones de las dependencias ambientales, tanto federal, como estatal y municipal.
El 20 de abril del 2005, Codehutab y la Asociación Ecológica Santo Tomás presentaron una denuncia ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.
Después de las acciones jurídicas que requería el caso “y de sortear un sinfín de obstáculos burocráticos y de corrupción” dijo Rodríguez León, el 13 de agosto del 2006 se logró un resolutivo de Profepa delegación Tabasco, en el que condenaba a la empresa a pagar una multa superior al millón 66 mil pesos y resarcir el entorno ecológico.
El mismo resolutivo, incluso, ordenaba al área de asuntos jurídicos de esa dependencia que interpusiera una denuncia de hechos contra CARESA en la Procuraduría General de la República.
No obstante lo anterior, la empresa, hasta la fecha, continúa depositando desechos tóxicos.
Recordó que en enero del 2009, Codehutab , la Asociación Ecológica Santo Tomás y habitantes de Los Aguilares presentaron una queja ante la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental en contra de la empresa CARESA, por hechos presumiblemente violatorios de la Ley de Protección Ambiental del estado.
En la Sernapam, a casi dos años, hemos encontrado “mucha cerrazón y falta de voluntad para resolver”, los funcionarios encargados de darle trámite a la queja, en más de cinco ocasiones informaron que la queja estaba por resolverse ya en en el área jurídica.
Después de muchas vueltas para exigir que se nos mostraran el proyecto de resolución, el Director de Verificación y Atención de Reclamaciones, Romeo Asunción Valenzuela que la queja no llevaba ningún trámite.
A partir de entonces buscamos ser atendidos por la titular de esa dependencia, Silvia Whízar, “por sus múltiples compromisos” encomendó al químico Alfredo Cuevas González , Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental.
De este funcionario recibimos un siempre un trato amable, todas las veces que nos recibió, “pero en cuanto a su trabajo nos quedó a deber” porque nunca nos proporcionó información alguna en relación a un avance, por el contrario, en el mes de enero de este año, nos enteramos vía Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública Gubernamental, que Sernapam le había renovado, por un año más, los permisos a CARESA.
“Bien pareciera que el interés de Sernapam es tener una muy buena relación con los empresarios y los que se encargan de contaminar, desconocemos por qué, por lo menos ese es el mensaje que se envía, en lugar de cumplir con sus funciones”, planteó Rodríguez León.
El asesor jurídico de Codehutab, dijo que la exigencia de los habitantes y las organizaciones civiles demandantes y presentes en la manifestación es: el resarcimiento del entorno ecológico y que se cancelen los permisos a la empresa.
Mencionó que las familias directamente afectadas por ese depósito contaminante, son 200 familias, las asentadas en la colonia Los Aguilares, pero que el daño se extiende a otras comunidades porque se han el subsuelo y mantos freáticos.
Recordó que en el 2005, la delegación de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales tomó varias muestras del lodo depositado, las cuales fueron analizadas en el laboratorio de Profepa Tabasco.
En una de ellas, sostuvo, los resultados revelaron que había una concentración de 8 mil partes por millón de hidrocarburos en su modalidad diesel y en otra 20 mil partes por millón de hidrocarburos, cuando la norma dice que en ese tipo de suelos, lo máximo permisible serían hasta mil 500 partes por millón.
