En mis últimas entregas he opinado sobre la corrupción en el IFE a cargo de su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, del Poder Judicial de Puebla, con las conductas inadecuadas de la magistrada Margarita Palomino Ovando, de los “diezmos copeteados” de San Luis Potosí y así lo he hecho con distintos casos.
Los resultados han sido mínimos y, en algunos de ellos, no ha pasado nada, hasta ahora. Por fortuna, la amplia tolerancia de la corrupción mexicana no ha adquirido carta de naturalización en el mundo entero. Veamos un ejemplo de ello. Primero. Suecia es un país que tiene un prestigio ganado a pulso por sus prácticas democráticas, su amplio nivel de vida compartido, su reducida distancia entre los más ricos y los más pobres y sus prácticas de Estado social de mercado que han permeado en los tejidos sociales de la sociedad sueca. No en balde en Suecia se aprobó la primera ley de libertad de expresión como parte constitutiva de la Constitución en 1766. Esta Ley tenía ya en su origen 4 artículos dedicados al acceso a la información pública, este principio de publicidad de los actos de los servidores públicos fue sustancialmente ampliado y consolidado como todo un apartado desde 1949. No obstante, si alguien se toma la molestia de comparar el contenido normativo de la transparencia en Suecia y el relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) en México y las 32 leyes de sus entidades federativas podrá observar que la ley mexicana es infinitamente superior por varias razones, entre ellas: los detalles en el procedimiento de acceso a la información pública, la existencia de autoridades reguladoras, los tiempos legales de la entrega de información pública y la existencia del Infomex como la principal aportación electrónico de México al mundo ideada por el comisionado fundador del IFAI, José Octavio López Presa y el secretario de la función pública que instrumentó la operación de la LFTAIPG, Eduardo Romero Ramos, a quienes el país les debe mucho. Segundo. Si lo anterior es cierto, la pregunta obligada es ¿Por qué en Suecia sí se práctica la transparencia y la rendición de cuentas y en México se predica mucho más de lo que se practica? La respuesta reside en la educación. En la cultura de la legalidad y en su impacto en la calidad de vida.
Y esto no es sólo una apreciación mía. En 1995 la sociedad sueca se conmovió porque su legisladora y viceprimera ministra, Mona Sahlin, fue sorprendida por un desvío de recursos públicos para fines personales a través del diario sueco Expressen como nota principal. En efecto, Sahlin tuvo la osadía de utilizar su Riksdag credit card (tarjeta corporativa para altos servidores públicos) para la compra no prevista en el presupuesto ni en la ley de dos barras del chocolate Toblerone por la cantidad equivalente a 35 dólares con 12 centavos. Esto fue conocido como el Caso Toblerone con consecuencias gravísimas para la vida pública de Sahlin quien fue obligada a dimitir de su candidatura al cargo de Primer Ministro de Suecia, a su cargo vigente de Viceprimera ministra y legisladora y a estar fuera de la actividad pública por toda una década. Más todavía, debió escribir un libro un año después titulado Med mina ord (con mis propias palabras) para justificar el por qué había cometido esa grave falta en busca de la comprensión y el perdón de la sociedad sueca. Tercero. Distintas encuestas en Suecia hechas por la Universidad de Estocolmo y el Partido Social Demócrata sueco a lo largo de 1995 y 1996 revelaron que el acto de Sahlin fue un “abuso de confianza” y fue percibida como una política “poco transparente, insegura y no confiable”. En otras palabras, en Suecia el problema no fue (no es) la cantidad de la apropiación de recursos del erario para fines distintos a los previstos en la ley por un servidor público, sino el acto en sí mismo, el cual puede, como en el caso comentado, erosionar la confianza pública. La intolerancia a la corrupción cualquiera sea su origen, tamaño e intencionalidad ha hecho que en Suecia la sociedad pague uno de los más altos porcentajes de impuestos porque sabe – y lo puede verificar- que lo que paga se traduce en mejores escuelas, vialidades, hospitales, programas sociales que, en suma, mejoran su nivel de vida. En México nadie quiere (queremos) pagar impuestos porque se tiene la convicción de que esos recursos irán a fines desconocidos y que es imposible, con todo y ley de transparencia, verificar el seguimiento puntual del dinero de los contribuyentes. Si la sociedad no se transforma y defiende sus derechos el gobierno jamás lo hará, pues como dice Martín Luis Guzmán en la Sombra del caudillo en política “nadie jamás va contra sí mismo”. Evillanueva99@yahoo.com Twitter: @evillanuevamx
Los resultados han sido mínimos y, en algunos de ellos, no ha pasado nada, hasta ahora. Por fortuna, la amplia tolerancia de la corrupción mexicana no ha adquirido carta de naturalización en el mundo entero. Veamos un ejemplo de ello. Primero. Suecia es un país que tiene un prestigio ganado a pulso por sus prácticas democráticas, su amplio nivel de vida compartido, su reducida distancia entre los más ricos y los más pobres y sus prácticas de Estado social de mercado que han permeado en los tejidos sociales de la sociedad sueca. No en balde en Suecia se aprobó la primera ley de libertad de expresión como parte constitutiva de la Constitución en 1766. Esta Ley tenía ya en su origen 4 artículos dedicados al acceso a la información pública, este principio de publicidad de los actos de los servidores públicos fue sustancialmente ampliado y consolidado como todo un apartado desde 1949. No obstante, si alguien se toma la molestia de comparar el contenido normativo de la transparencia en Suecia y el relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) en México y las 32 leyes de sus entidades federativas podrá observar que la ley mexicana es infinitamente superior por varias razones, entre ellas: los detalles en el procedimiento de acceso a la información pública, la existencia de autoridades reguladoras, los tiempos legales de la entrega de información pública y la existencia del Infomex como la principal aportación electrónico de México al mundo ideada por el comisionado fundador del IFAI, José Octavio López Presa y el secretario de la función pública que instrumentó la operación de la LFTAIPG, Eduardo Romero Ramos, a quienes el país les debe mucho. Segundo. Si lo anterior es cierto, la pregunta obligada es ¿Por qué en Suecia sí se práctica la transparencia y la rendición de cuentas y en México se predica mucho más de lo que se practica? La respuesta reside en la educación. En la cultura de la legalidad y en su impacto en la calidad de vida.
Y esto no es sólo una apreciación mía. En 1995 la sociedad sueca se conmovió porque su legisladora y viceprimera ministra, Mona Sahlin, fue sorprendida por un desvío de recursos públicos para fines personales a través del diario sueco Expressen como nota principal. En efecto, Sahlin tuvo la osadía de utilizar su Riksdag credit card (tarjeta corporativa para altos servidores públicos) para la compra no prevista en el presupuesto ni en la ley de dos barras del chocolate Toblerone por la cantidad equivalente a 35 dólares con 12 centavos. Esto fue conocido como el Caso Toblerone con consecuencias gravísimas para la vida pública de Sahlin quien fue obligada a dimitir de su candidatura al cargo de Primer Ministro de Suecia, a su cargo vigente de Viceprimera ministra y legisladora y a estar fuera de la actividad pública por toda una década. Más todavía, debió escribir un libro un año después titulado Med mina ord (con mis propias palabras) para justificar el por qué había cometido esa grave falta en busca de la comprensión y el perdón de la sociedad sueca. Tercero. Distintas encuestas en Suecia hechas por la Universidad de Estocolmo y el Partido Social Demócrata sueco a lo largo de 1995 y 1996 revelaron que el acto de Sahlin fue un “abuso de confianza” y fue percibida como una política “poco transparente, insegura y no confiable”. En otras palabras, en Suecia el problema no fue (no es) la cantidad de la apropiación de recursos del erario para fines distintos a los previstos en la ley por un servidor público, sino el acto en sí mismo, el cual puede, como en el caso comentado, erosionar la confianza pública. La intolerancia a la corrupción cualquiera sea su origen, tamaño e intencionalidad ha hecho que en Suecia la sociedad pague uno de los más altos porcentajes de impuestos porque sabe – y lo puede verificar- que lo que paga se traduce en mejores escuelas, vialidades, hospitales, programas sociales que, en suma, mejoran su nivel de vida. En México nadie quiere (queremos) pagar impuestos porque se tiene la convicción de que esos recursos irán a fines desconocidos y que es imposible, con todo y ley de transparencia, verificar el seguimiento puntual del dinero de los contribuyentes. Si la sociedad no se transforma y defiende sus derechos el gobierno jamás lo hará, pues como dice Martín Luis Guzmán en la Sombra del caudillo en política “nadie jamás va contra sí mismo”. Evillanueva99@yahoo.com Twitter: @evillanuevamx
