La ministra Lenia Barres en la nueva Suprema Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión de gran calado institucional al ejercer su facultad de atracción sobre un recurso clave.
Esta resolución del máximo tribunal tiene el potencial de desmantelar una práctica judicial común que ha permitido a más de medio centenar de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) prolongar sus mandatos más allá del periodo legal mediante la interposición de amparos.
Con una votación dividida de cinco a cuatro en el Pleno, la Corte decidió avocarse al conocimiento del recurso de revisión incidental 177/2025, promovido por magistrados del primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito.
La trascendencia de este fallo radica en que la SCJN definirá si resulta constitucionalmente válida la suspensión definitiva que ha impedido la renovación o el cese de funciones de los integrantes del TFJA, cuya designación y ratificación son facultades exclusivas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
El caso que desató la controversia: avelino carmelo toscano toscano
El debate en la Suprema Corte fue detonado por el expediente del magistrado Avelino Carmelo Toscano Toscano, quien actualmente preside la Sexta Sala Regional de la Ciudad de México.
A pesar de que el Ejecutivo federal dejó sin efecto su designación en el marco de una renovación de nombramientos, Toscano logró obtener una suspensión definitiva en noviembre de 2024.
El conflicto se originó en junio de 2024, cuando el Ejecutivo revocó varias designaciones de magistrados de salas regionales y presentó una nueva lista de propuestas ante el Congreso de la Unión, en la cual se omitió el nombre de Toscano.
La Corte analizará si las suspensiones que mantienen a magistrados en funciones violan la Constitución.
En respuesta, el magistrado interpuso un juicio de amparo que, en enero de 2025, le concedió la suspensión definitiva, permitiéndole seguir ejerciendo sus funciones a pesar del cese de su nombramiento oficial.
El desenlace del caso Toscano no solo definirá su situación personal, sino que sentará un precedente jurídico fundamental para al menos 50 funcionarios más del TFJA que se encuentran en idéntica circunstancia.
Invasión de esferas y alerta de inconstitucionalidad
Durante la sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama fue una de las voces más críticas, calificando la situación como "absolutamente inconstitucional" y un grave ejemplo de extralimitación judicial.
Batres Guadarrama alertó al Pleno sobre el preocupante número de magistrados que han logrado permanecer en sus cargos durante años gracias a resoluciones judiciales similares.
"Los juzgados de distrito han otorgado suspensiones a quienes se les termina el periodo de magistrados y debieron haberse separado de su cargo, pero se han quedado años por medio de suspensiones.
Esto invade una facultad que corresponde al Presidente de la República y al Senado", puntualizó la ministra, aludiendo a la clara injerencia del Poder Judicial en las atribuciones de nombramiento y ratificación de los otros dos poderes de la Unión.
La decisión de la SCJN de atraer este recurso es vista como un intento por restablecer el equilibrio constitucional y definir las fronteras competenciales, poniendo un límite a la práctica de utilizar el amparo como un mecanismo de reelección o extensión de facto de los periodos de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
