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  • Lunes 02 de Marzo de 2026

Deben autoridades actuales reconocer deudas de sus antecesores: De la Fuente Godínez

Publicado el:

JUAN MANUEL DIEGO


De la Fuente Godínez, anotó que el mismo Congreso del Estado debe autorizar partidas especiales para que se les paguen las deudas a los contratistas y proveedores. De la Fuente Godínez, anotó que el mismo Congreso del Estado debe autorizar partidas especiales para que se les paguen las deudas a los contratistas y proveedores.
VILLAHERMOSA, TABASCO. 29 DE OCTUBRE DE 2010. El ex presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Alejandro de la Fuente Godinez, llamó a los constructores a los que el gobierno del estado o municipales les deben, a que no tengan miedo e interpongan las demandas legales correspondientes.
    Manifestó que las actuales autoridades municipales, como responsables de administrar los recursos de las comunas, deben reconocer las deudas de sus antecesores con compañías constructoras.
    Anotó que el mismo Congreso del Estado debe autorizar partidas especiales para que se les paguen las deudas a los contratistas y proveedores.
     “Y los afectados lo que tienen que hacer es seguir el tramite y el recurso legal a como sea, que lo hagan bien y que demanden a quien tengan que demandar”, indicó.
    De la Fuente Godinez agregó que los constructores no deben tener miedo de utilizar los recursos que la ley les ofrece para proceder contra las administraciones que se niegan a pagar trabajos ya realizados.
     “Lo que no hay que olvidar es que los funcionarios de gobierno son empleados de nosotros”, pues los sueldos de los servidores públicos son pagados con los impuestos que tributan los ciudadanos, comentó.
    El constructor indicó que ya presentó ante el Congreso del Estado una inconformidad contra la ampliación en el costo de la Plaza Bicentenario, presupuestada inicialmente en unos 50 millones de pesos pero que se disparó hasta los 70 millones de pesos, además de las fallas que presenta.
    Puntualizó que su inconformidad es contra los titulares de las Secretarías de Asentamientos y Obras Públicas (SAOP) y Contraloría, que están violentando la ley.