Deben partidos ajustarse a la realidad actual: Iglesia
VILLAHERMOSA, TABASCO. Luego de la aprobación de la reforma al artículo 9 de la Constitución de Tabasco para reducir en 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos nacionales en la entidad, la Iglesia Católica recomendó a esos institutos ser austeros.
Los partidos sabrán hasta donde les alcanzarán sus presupuestos “y se supone que todos debemos de estar en esa austeridad razonable”, dijo Denis Ochoa Vidal, vocero de la Iglesia Católica en la entidad.
Manifestó que con la reducción, los institutos políticos tendrán que “adaptarse a las situaciones actuales”.
El pasado jueves, el Congreso del Estado aprobó esas reformas para reducir a la mitad las prerrogativas públicas de los partidos políticos.
A favor votaron Morena y PVEM, así como tres diputados perredistas.
Sin embargo, otros tres del PRD votaron en contra, además del PRI.
Incluso PRD y PRI han anunciado que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el argumento de que el Congreso local no puede legalmente legislar sobre financiamiento público a partidos políticos, lo que es facultad exclusiva de las cámaras legislativas federales.
Los partidos sabrán hasta donde les alcanzarán sus presupuestos “y se supone que todos debemos de estar en esa austeridad razonable”, dijo Denis Ochoa Vidal, vocero de la Iglesia Católica en la entidad.
Manifestó que con la reducción, los institutos políticos tendrán que “adaptarse a las situaciones actuales”.
El pasado jueves, el Congreso del Estado aprobó esas reformas para reducir a la mitad las prerrogativas públicas de los partidos políticos.
A favor votaron Morena y PVEM, así como tres diputados perredistas.
Sin embargo, otros tres del PRD votaron en contra, además del PRI.
Incluso PRD y PRI han anunciado que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el argumento de que el Congreso local no puede legalmente legislar sobre financiamiento público a partidos políticos, lo que es facultad exclusiva de las cámaras legislativas federales.
