Defenderse o morir en el intento: las mujeres en la legítima defensa

San Francisco de Campeche, Cam, 17 jul 18.- En México, las mujeres que viven agresiones ya sea por parte de sus parejas, exparejas o desconocidos tienen dos opciones: o se defienden de la agresión lo que en muchos casos puede derivar en la muerte de su atacante y que ellas vayan a la cárcel, o bien, pueden quedarse indefensas y ser víctimas o sobrevivientes de feminicidio.
      En el primer caso, deberán enfrentar un sistema de justicia que no investiga los contextos de violencia que viven, que no cree en su palabra, que las revictimiza y sobre todo, no reconoce su derecho a defenderse, como le ocurrió a Reyna, una mujer originaria de Belice, quien por defenderse de su agresor, lo hirió de muerte y estuvo en prisión un año.
      El día del ataque, “Reyna” llegó de trabajar a su “cuarto” en la colonia Adolfo Mateos, en Chetumal, Quintana Roo. Su pareja le pidió el dinero que había ganado ese día pero ella se negó a dárselo, entonces, él tomó un cuchillo, la aventó a una hamaca y forcejeó con ella, al momento de defenderse Reyna lo hirió e inmediatamente llamó a una ambulancia, pero ésta tardó media hora en llegar y él murió.
      Por esta razón, Reyna, quien en realidad no se llama así ya que carece de acta de nacimiento y el nombre fue asignado por el Ministerio Público contó en entrevista con esta agencia la abogada que llevó el caso, Natalia Paola Punab de la O, fue detenida por miembros de la policía del estado.
      Sin saber leer o hablar español de manera fluida para dar una declaración, fue torturada, golpeada y privada de su libertad por 48 horas. En 2016 fue sentenciada a 25 años de prisión por el delito de homicidio doloso contra su ex pareja, Marco Antonio Saenz Velázquez, en el Centro de Reinserción Social de Chetumal.
      Aunque la defensa pública de Chetumal alegó desde un principio la legítima defensa, el juez dijo que “eso no existía”, desestimó la evidencia, no aplicó la perspectiva de género y la encarceló al dictaminar que “justo ese día su vida no corría peligro”, agregó la abogada del Observatorio de Violencia Social y Género en Campeche, Natalia Paola Punab de la O.
      Entre otras irregularidades, destacó la defensora, Reyna no tuvo un intérprete y no se notificó a la embajada de Belice sobre su detención.
      Si la persona imputada no comprende o no habla español, el Estado le proporcionará un intérprete que conozca su lengua y cultura; pero en caso de Reyna no ocurrió así.
      Por ello y ante el deficiente trabajo de las autoridades encargadas de procurar justicia en el estado de Campeche para proteger los derechos de las mujeres, son las organizaciones civiles quienes toman sus casos con el objetivo de buscar su acceso a la justicia, como el OVSyG conformado por organizaciones civiles, que desde hace 7 años da asistencia y acompañamiento jurídico a mujeres en sus procesos legales.
  Fue esta organización quien en abril de 2016, interpuso conjuntamente con la Red Peninsular de Mujeres en Campeche y el Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) una apelación a la sentencia de Reyna. 7 meses después se pudo comprobar que era inocente y evidenciar que ella no era una “asesina”, sino una víctima.
      La abogada comentó que durante el año que estuvo en prisión vivió discriminación por ser afrodescendiente e intentaron asesinarla, y su hijo Jorge, de 18 años de edad, quedó en una situación de desprotección debido a su discapacidad visual.
       En los casos de legítima defensa, explicó la defensora, las y los hijos son los más perjudicados pues quedan en una situación de desprotección y vulnerabilidad total al no brindarles medidas cautelares o ayuda psicológica ya que a las secuelas de la violencia que vivieron, se le suma la estigmatización de sus madres de ser “asesinas”.
      Destacó que el caso de Reyna sirvió para modificar la actuación de las autoridades en Quintana Roo en los casos de legítima defensa. Ejemplificó que en 2017, una mujer de 27 años fue liberada en 24 horas al comprobar que era víctima de violencia y que asesinó a su agresor en defensa propia.
      De acuerdo con información de la abogada Punab de la O, en el penal del estado de Campeche hay aproximadamente mil 400     personas en situación de reclusión, de los cuales, estima, 60 son mujeres, 40 se encuentran en proceso y sólo 20 han sido sentenciadas a más de 20 años por cuestiones de trata de personas, narcotráfico, aborto y homicidios calificados.
      En el penal de Quintana Roo, explicó, la situación es casi la misma, a diferencia de 2 o 3 casos de mujeres que al igual que Reyna están apelando que los delitos se cambien de homicidio a legítima defensa y recordó que a una de esas mujeres le faltaban 8 meses para lograr su libertad de una condena de 30 años.
      En entrevista con Cimacnoticias realizada en las instalaciones del OVSyG, la coordinadora del área de derecho Liliana Lomelí, dijo que es importante que estos casos salgan a la luz en medios ya que es una forma de presionar a las autoridades.

  “SI ÉL HUBIERA QUERIDO MATARTE, NO SE HUBIERA DETENIDO”
En medio de una sala del OVSyG, Jeysol Amaya Sánchez, sobreviviente de violencia feminicida, está sentada junto a su hija y su actual pareja. Viste una blusa rayada de manga larga y pantalón de mezclilla que cubren los signos de violencia de aquella noche del 30 de enero de 2015 cuando su entonces pareja, Rodrigo Paredes, trató de asesinarla a cuchillazos luego de que ella amenazara con dejarlo tras la violencia cotidiana que se traducía en golpizas.
      Fueron 37 cuchilladas las que su cuerpo enfrentó a manos de su pareja. La primera, recuerda, la sintió detrás de su espalda, en ese momento la confusión la invadió “entré en shock, no sabía si lo que sucedía era un sueño o la realidad”. La segunda vez que asestó el cuchillo contra su cuerpo, comprendió que aquel hombre que hasta entonces había sido su pareja, quería asesinarla.
      Aunque sabía que la única posibilidad de sobrevivir era salir corriendo de ese lugar, la pérdida de sangre y fuerzas la hizo permanecer en el suelo donde siguió esquivando con sus manos las cuchilladas de Rodrigo.
      En esa lucha por defender su vida, Jeysol pudo detener algunos de los cuchillazos con sus manos lo que provocó que perdiera la movilidad de su mano derecha. Su agresor continuó atacándola en los mismos lugares donde ya estaba herida. Ella entendió que ya no podría defenderse y “se hizo la muerta”.
      “Cuando él me cree muerta, para asegurarse, toma la piedra de la puerta del baño y me pega en la cabeza, patea mi cuerpo y me dijo: ‘vamos a morir juntos’. Se acostó al lado mío y se cortó las venas de las muñecas”.
      Esas heridas son la razón de que su testimonio (Jeysol) haya sido desestimado, ya que su agresor argumentó que “ella lo había cortado cuando él intentaba detenerla para que no se autolesionara”, de acuerdo con lo que él declaró ante las autoridades.
      “Cuando llegó la policía traté de respaldarme en un carro pero me caí. Me quede ahí tirada en el piso por 40 minutos mientras la policía entraba en mi casa y la ambulancia llegaba. Una vecina se acercó a darme agua y el policía le dijo: ‘no, no le de agua, ella ya se va a morir y si usted le da agua la va ahogar más rápido´”, recordó Amaya Sánchez.
      Durante esos 40 minutos –continuó- sentí una sed insaciable, frío en los huesos y el cuerpo entumecido. No supo más de ella hasta que despertó en el hospital, donde permaneció por 6 meses debido a las heridas en todo su cuerpo. No pudo ver a sus hijos por miedo a que éstos se sorprendieran de su estado y debido a que su madre no pudo solventar los gastos de transportes y más. Sus hijos tuvieron que dejar la escuela por un año.
      Después de estar medio año en el hospital por fin pudo declarar y hacer su denuncia en 2016, esperando la protección de las leyes pero no fue así. Durante todo el proceso penal se le negó asesoría legal en su caso, la integración de nuevos peritajes que comprobaran que ella había sido atacada por Rodrigo, y se le negaron otras pruebas como las declaraciones de los vecinos que atestiguaron los hechos, las huellas de los cuchillos y los dictámenes del hospital que constataron la violencia de que fue víctima.
      Todo ello bajo el argumento que “si él (Rodrigo) hubiera querido matarla no se habría detenido”, dijo Amaya Sánchez.
      “Han pasado 3 años y medio y aún no veo justicia, mi agresor goza de la figura de presunción de inconciencia, no me sentiré segura hasta que él esté preso, pues me ha amenazado a mí y a mi familia de muerte”.