Despacho Barradas abandona defensa de Ángel Aguirre; familia busca nuevos abogados

El despacho García González & Barradas, encabezado por el abogado Guillermo Barradas, se retirará de la defensa del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero la semana del 17 de agosto de 2026, luego de llegar a un acuerdo con la familia del exmandatario. La información fue reportada por la periodista Miriam Moreno durante el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, quien citó una entrevista telefónica con el propio Barradas.

Antes de concluir su participación, el despacho presentará una apelación contra la vinculación a proceso dictada por el juez Mario Elizondo. Según Moreno, ese recurso estaba pactado con el cliente para el lunes 17 de agosto y constituirá el último acto del equipo jurídico en el caso.

"El despacho de Guillermo Barradas lo último que harán, me dijo, es presentar este lunes, como había quedado con su cliente, la apelación a la vinculación a proceso", señaló la periodista.

Representación sin honorarios y búsqueda de nuevo equipo

Moreno reveló que García González & Barradas llevó la defensa de Aguirre de forma pro bono, es decir, sin cobrar honorarios, por un compromiso personal con el exgobernador. Tras la salida del despacho, la familia de Aguirre quedará a cargo de identificar y contratar a los abogados que asumirán el proceso.

La firma cuenta con más de dos décadas de experiencia y ha representado a clientes en materia penal, constitucional, civil, mercantil, fiscal y laboral. Entre sus antecedentes figuran la representación de tenedores de bonos en el caso Oro Negro, integrantes del consejo de administración de Cementos Cruz Azul y al gobierno de Puebla en el litigio vinculado a la Fundación Mary Street Jenkins.

El proceso penal que origina el cambio de defensa

"El despacho de Guillermo Barradas lo último que harán es presentar este lunes la apelación a la vinculación a proceso", señaló la periodista Miriam Moreno.

Aguirre Rivero fue detenido y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el exgobernador habría participado en acciones para ocultar o destruir evidencia, particularmente videos de cámaras de seguridad que presuntamente registraron momentos relevantes de los hechos.

Durante la audiencia de vinculación, que se prolongó varias horas, el juez Elizondo reclasificó el delito a desaparición forzada cometida por servidores públicos, ilícito que contempla una pena de entre 40 y 60 años de prisión. El juez ordenó prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano y fijó un plazo de cuatro meses para que la FGR concluya la investigación complementaria. Aguirre ha rechazado los señalamientos y su defensa ha sostenido que no tuvo participación en la desaparición de los estudiantes.

La apelación que presentará Barradas el lunes 17 de agosto será el último movimiento procesal del despacho. El resultado de ese recurso y la identidad del equipo jurídico que lo sustituya definirán el rumbo inmediato del caso.

#TomaNota

• Lunes 17 de agosto de 2026: fecha en que el despacho Barradas presentará la apelación a la vinculación a proceso, su último acto en el caso.
• El delito reclasificado —desaparición forzada por servidores públicos— contempla una pena de 40 a 60 años de prisión.
• La FGR tiene cuatro meses para concluir la investigación complementaria, según lo ordenado por el juez Mario Elizondo.
• La defensa fue prestada de forma pro bono; la familia de Aguirre busca nuevos abogados.