Demanda Coparmex acciones inmediatas contra la violencia

Ciudad de México, 28 mayo 2018.- El sindicato patronal y la cúpula del sector privado en el país exigieron al gobierno mexicano acciones inmediatas para combatir la violencia y el crimen, que han llegado a niveles “nunca antes vistos”, y porque la ciudadanía está perdiendo la paciencia por la impasibilidad de las autoridades.
    “La inseguridad está dejando un severo daño económico, un impacto sobre la capacidad de nuestro país para atraer inversión, generar empleo y desarrollar un círculo virtuoso de pacificación a partir de la generación de riqueza”, expuso Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
    Advirtió que la violencia y el crimen “han llegado a niveles nunca vistos”, que hay una necesidad “imperante” de que las autoridades no posterguen las reformas para combatir a estos flagelos, y sostuvo que el proceso electoral no debe ser un pretexto para no aplicar políticas tendientes a aliviar la seguridad.
    “El tiempo se le acaba a este gobierno, y la paciencia a los ciudadanos. No podemos seguir esperando. Es la última llamada”, expresó De Hoyos Walther, quien dijo que los niveles críticos de violencia se reflejan en los asesinatos de periodistas que colocan a México como el segundo país más peligroso para ejercer esta profesión, después de Afganistán.
    Recordó que en abril hubo un promedio de 90 asesinatos diarios, un 25 por ciento más que en igual lapso de 2017; que el robo de combustible creció 34 por ciento en marzo, la mayor tasa de aumento desde que se tiene registro de este delito, y que en los primeros tres meses del año ocurrieron 852 atracos en trenes y vías, un incremento del 581 por ciento.
    También, dijo, el robo de mercancías se ha detonado, pues al cierre de marzo se registraron 3 mil 357 robos de este tipo, 108 por ciento más que en 2016 y 65 por ciento más que en 2017.
    De Hoyos Walther planteó seis medidas urgentes para combatir a la violencia y el crimen: prevención del delito, diseñar una “arquitectura institucional”, mejorar el sistema penitenciario y la procuración de justicia, corregir errores de “tipología penal”, y profesionalizar a los elementos policiacos.
    Por separado, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acusó a las autoridades de los tres niveles de gobierno de ser omisos e “impasibles” en proteger la integridad de los trabajadores e inversionistas, lo cual, dijo, es inaceptable.
    Apuntó que los altos niveles de violencia se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva. Coca Cola-Femsa, expuso Castañón, anunció el cierre de un centro de distribución en Guerrero porque “el asedio del crimen organizado era insoportable”. En tanto, la empresa Lala se vio obligada a cerrar en Ciudad Mante, Tamaulipas, por razones similares, al igual que Mina Dolores, en Chihuahua, donde trabajan más de mil 800 empleados.
“Exigimos que se aplique la ley, sin excepción, sin ningún pretexto, a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos. El mensaje es para todos los órdenes de gobierno. Los empresarios demandamos que no se postergue más la profesionalización de las policías; que se multiplique el estado de fuerza donde sea necesario y que se coordinen acciones con las Fuerzas Armadas cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia”, expresó el dirigente del CCE.
    la paciencia a los ciudadanos. No podemos seguir esperando. Es la última llamada”, expresó De Hoyos Walther, quien dijo que los niveles críticos de violencia se reflejan en los asesinatos de periodistas que colocan a México como el segundo país más peligroso para ejercer esta profesión, después de Afganistán.
    Recordó que en abril hubo un promedio de 90 asesinatos diarios, un 25 por ciento más que en igual lapso de 2017; que el robo de combustible creció 34 por ciento en marzo, la mayor tasa de aumento desde que se tiene registro de este delito, y que en los primeros tres meses del año ocurrieron 852 atracos en trenes y vías, un incremento del 581 por ciento.
    También, dijo, el robo de mercancías se ha detonado, pues al cierre de marzo se registraron 3 mil 357 robos de este tipo, 108 por ciento más que en 2016 y 65 por ciento más que en 2017.
    De Hoyos Walther planteó seis medidas urgentes para combatir a la violencia y el crimen: prevención del delito, diseñar una “arquitectura institucional”, mejorar el sistema penitenciario y la procuración de justicia, corregir errores de “tipología penal”, y profesionalizar a los elementos policiacos.
    Por separado, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acusó a las autoridades de los tres niveles de gobierno de ser omisos e “impasibles” en proteger la integridad de los trabajadores e inversionistas, lo cual, dijo, es inaceptable.Apuntó que los altos niveles de violencia se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva. Coca Cola-Femsa, expuso Castañón, anunció el cierre de un centro de distribución en Guerrero porque “el asedio del crimen organizado era insoportable”. En tanto, la empresa Lala se vio obligada a cerrar en Ciudad Mante, Tamaulipas, por razones similares, al igual que Mina Dolores, en Chihuahua, donde trabajan más de mil 800 empleados.
    “Exigimos que se aplique la ley, sin excepción, sin ningún pretexto, a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos. El mensaje es para todos los órdenes de gobierno. Los empresarios demandamos que no se postergue más la profesionalización de las policías; que se multiplique el estado de fuerza donde sea necesario y que se coordinen acciones con las Fuerzas Armadas cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia”, expresó el dirigente del CCE.