Ha vuelto Palestina, tras de 64 años de violencias e hipocresías, al centro del debate mundial. No hay otro caso en la historia que ejemplifique de modo tan palmario el fracaso de Naciones Unidas para resolver problemas que ella misma creó y que se encuentran plenamente e en la esfera de su jurisdicción.
La cuestión es hoy el ingreso del Estado libre y soberano de Palestina como miembro pleno de la organización, sobre lo cual no cabe duda alguna de acuerdo al derecho internacional. Desde hace 64 años, en la resolución 181 de la Asamblea General, se aprobó el “Plan de partición de Palestina”, que contemplaba la creación de un estado judío y otro árabe en ese territorio y a pesar de que el año siguiente se proclamó el Estado de Israel no se ha otorgado el mismo estatuto a los palestinos.
La guerra árabe-israelí, que se desató de inmediato, terminó con la ocupación de casi tres cuartas partes del territorio palestino. En junio de 1967 ocurrió la “guerra de los seis días” cuya consecuencia fue la ocupación de la totalidad de Palestina y el éxodo de más de dos millones de habitantes, así como la toma de la península del Sinaí en Egipto y un trozo las Alturas del Golán en Siria. En noviembre la ONU adoptó la resolución 242 por la que exigió el retiro inmediato de los territorios árabes ocupados y asentó el derecho de los dos estados a vivir “dentro de fronteras seguras y reconocidas”.
La historia de los asentamientos israelís en esos territorios, de las dos Intifadas – o levantamientos palestinos- y del sinnúmero de agresiones sucedidas desde entonces ha sido recurrente y lamentable. Más aun la incapacidad de la organización mundial, atada al derecho de veto, para hacer valer sus acuerdos y para evitar consecuencias bélicas del conflicto sobre otros países, como la invasión de Líbano y el ataque a los reactores en Irak. Una antología de la complicidad y de la incompetencia colectiva.
El no reconocimiento de Palestina como miembro pleno de la organización ha sido una grave discriminación política que ha evidenciado la abstención efectiva de las Naciones Unidas. A parte de las innumerables misiones y comisiones, todas las negociaciones y propuestas sustantivas han tenido lugar fuera de borda, ya sean los Acuerdos de Campo David, la Conferencia de Madrid, la de Oslo, la hoja de ruta de la Unión Europea o los esfuerzos del famoso Cuarteto.
Por ello, cuando el presidente Obama justifica el viraje que ha dado en un año, afirmando que las “resoluciones de la ONU no van a resolver el problema” dice una verdad a medias, ya que tampoco ha sido posible hacerlo al margen de la organización. Oculta además que el ingreso de Palestina mediante un apoyo abrumador de la comunidad internacional emparejaría el terreno y conduciría a una negociación verdadera y tal vez definitiva.
La ruta más cierta para la paz es hoy la concreción jurídica de la existencia de dos Estados y eso lo saben tanto los judíos como los palestinos. Poner por delante el requisito de negociaciones previas al ingreso es una petición de principio. Por el contrario, la pertenencia completa a la ONU es un paso imprescindible para la solución del conflicto. Es también el reconocimiento de los cambios ocurridos por la “primavera árabe” y la ostensible consolidación del Estado Palestino.
La ambigua actitud adoptada hasta ahora por el gobierno mexicano no se compadece con nuestro tradicional apego al derecho internacional, con nuestras incontables luchas por la descolonización ni con los principios de política exterior contenidos en el artículo 89 de la Constitución.
Más de 130 países apoyan esa causa, entre ellos 17 latinoamericanos. Resulta lastimoso y sintomático que nos apartemos, bajo cualquier pretexto, de posiciones esenciales en las que tantos años fuimos vanguardia. Es grotesco que nuestra diplomacia supedite el ingreso a un estado miembro en dialogo con un tercer estado. Ningún país ha padecido explícitamente esa ignominia. Llevaremos el debate al Congreso, junto con la urgencia de adoptar una Política Exterior de Estado.
La cuestión es hoy el ingreso del Estado libre y soberano de Palestina como miembro pleno de la organización, sobre lo cual no cabe duda alguna de acuerdo al derecho internacional. Desde hace 64 años, en la resolución 181 de la Asamblea General, se aprobó el “Plan de partición de Palestina”, que contemplaba la creación de un estado judío y otro árabe en ese territorio y a pesar de que el año siguiente se proclamó el Estado de Israel no se ha otorgado el mismo estatuto a los palestinos.
La guerra árabe-israelí, que se desató de inmediato, terminó con la ocupación de casi tres cuartas partes del territorio palestino. En junio de 1967 ocurrió la “guerra de los seis días” cuya consecuencia fue la ocupación de la totalidad de Palestina y el éxodo de más de dos millones de habitantes, así como la toma de la península del Sinaí en Egipto y un trozo las Alturas del Golán en Siria. En noviembre la ONU adoptó la resolución 242 por la que exigió el retiro inmediato de los territorios árabes ocupados y asentó el derecho de los dos estados a vivir “dentro de fronteras seguras y reconocidas”.
La historia de los asentamientos israelís en esos territorios, de las dos Intifadas – o levantamientos palestinos- y del sinnúmero de agresiones sucedidas desde entonces ha sido recurrente y lamentable. Más aun la incapacidad de la organización mundial, atada al derecho de veto, para hacer valer sus acuerdos y para evitar consecuencias bélicas del conflicto sobre otros países, como la invasión de Líbano y el ataque a los reactores en Irak. Una antología de la complicidad y de la incompetencia colectiva.
El no reconocimiento de Palestina como miembro pleno de la organización ha sido una grave discriminación política que ha evidenciado la abstención efectiva de las Naciones Unidas. A parte de las innumerables misiones y comisiones, todas las negociaciones y propuestas sustantivas han tenido lugar fuera de borda, ya sean los Acuerdos de Campo David, la Conferencia de Madrid, la de Oslo, la hoja de ruta de la Unión Europea o los esfuerzos del famoso Cuarteto.
Por ello, cuando el presidente Obama justifica el viraje que ha dado en un año, afirmando que las “resoluciones de la ONU no van a resolver el problema” dice una verdad a medias, ya que tampoco ha sido posible hacerlo al margen de la organización. Oculta además que el ingreso de Palestina mediante un apoyo abrumador de la comunidad internacional emparejaría el terreno y conduciría a una negociación verdadera y tal vez definitiva.
La ruta más cierta para la paz es hoy la concreción jurídica de la existencia de dos Estados y eso lo saben tanto los judíos como los palestinos. Poner por delante el requisito de negociaciones previas al ingreso es una petición de principio. Por el contrario, la pertenencia completa a la ONU es un paso imprescindible para la solución del conflicto. Es también el reconocimiento de los cambios ocurridos por la “primavera árabe” y la ostensible consolidación del Estado Palestino.
La ambigua actitud adoptada hasta ahora por el gobierno mexicano no se compadece con nuestro tradicional apego al derecho internacional, con nuestras incontables luchas por la descolonización ni con los principios de política exterior contenidos en el artículo 89 de la Constitución.
Más de 130 países apoyan esa causa, entre ellos 17 latinoamericanos. Resulta lastimoso y sintomático que nos apartemos, bajo cualquier pretexto, de posiciones esenciales en las que tantos años fuimos vanguardia. Es grotesco que nuestra diplomacia supedite el ingreso a un estado miembro en dialogo con un tercer estado. Ningún país ha padecido explícitamente esa ignominia. Llevaremos el debate al Congreso, junto con la urgencia de adoptar una Política Exterior de Estado.
