México consiguió su peor calificación en la última década en materia de corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 de Transparencia Internacional, quedó en el lugar 98 de 178 países, con una calificación de 3.1 en donde 10 es la máxima.
El sistema de justicia castiga tan sólo el 1.4 por ciento de los delitos que se cometen. Es un reflejo claro de la enorme desconfianza que los ciudadanos tienen para denunciar los delitos, un abismo real que existe entre autoridades y la sociedad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la diferencia entre delitos cometidos y delitos efectivamente sancionados es del 98.4 por ciento. Es una cifra que alarma. El ejemplo más emblemático y alarmante es el saqueo sistemático a Petróleos Mexicanos que es la empresa más importante del país y que otorga los mayores recursos al presupuesto público. La transa en Pemex salpica a todos por igual: desde funcionarios de alto nivel hasta trabajadores de las plataformas petroleras.
El caso de la familia Mouriño exhibió de manera irreversible a la actual administración. En marzo del 2008, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, admitió que los contratos de servicio firmados entre Pemex y la empresa IVANCAR —propiedad de su familia en la que fungía de apoderado— eran auténticos.
La periodista Ana Lilia Pérez destapó estas corruptelas en la revista Contralínea y que después en investigaciones posteriores reuniría en el libro Camisas azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos (Grijalbo, 2010).
En el libro aparecen nombres como César Nava, Juan Camilo Mouriño, Marta Sahagún y sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca, Juan Bueno Tenorio, Jorge Nordhausen, Eduardo Romero, Rosendo Villarreal, Jesús Reyes Heroles, Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo, Carlos Morales Gil, Rafael Bererido Lomelín, Néstor García Reza, Guillermo González Calderoni, entre otros. A UN AÑO DE SU PUBLICACIÓN NADA SE HA DESMENTIDO.
Ana Lilia Pérez, quien ha sido hostigada desde el poder por ventilar el nepotismo, licitaciones amañadas, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos, reveló que en los periodos en que Juan Camilo Mouriño presidió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y fue subsecretario de Energía, la empresa IVANCAR, de la cual era accionista, recibió de Pemex adjudicaciones directas por casi 100 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos.
“Ubiquemos la última década —dice la reportera— porque sí hay un antes y un después del gobierno del PRI al PAN en Pemex. Dentro de ese nivel negativo de corrupción en que se ubica a México, lo que ocurre en la paraestatal es uno de los focos primerizos de atención. Somos un país petrolizado y a partir de ese panorama debemos identificar lo que significa que exista corrupción en la paraestatal.”
¿Qué ha pasado en esta década en Pemex? No sólo hemos visto que la corrupción en Pemex ha sido rampante, usando los términos de Calderón, sino ahora está acompañada de políticas claras tendientes a su privatización. Vemos que los contratos-asociaciones que se anuncian como consorcios privados no son más que visos de esta privatización que se está dando a pasos agigantados de manera oportunista cuando la atención pública está centrada en la inseguridad.
El sistema de justicia castiga tan sólo el 1.4 por ciento de los delitos que se cometen. Es un reflejo claro de la enorme desconfianza que los ciudadanos tienen para denunciar los delitos, un abismo real que existe entre autoridades y la sociedad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la diferencia entre delitos cometidos y delitos efectivamente sancionados es del 98.4 por ciento. Es una cifra que alarma. El ejemplo más emblemático y alarmante es el saqueo sistemático a Petróleos Mexicanos que es la empresa más importante del país y que otorga los mayores recursos al presupuesto público. La transa en Pemex salpica a todos por igual: desde funcionarios de alto nivel hasta trabajadores de las plataformas petroleras.
El caso de la familia Mouriño exhibió de manera irreversible a la actual administración. En marzo del 2008, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, admitió que los contratos de servicio firmados entre Pemex y la empresa IVANCAR —propiedad de su familia en la que fungía de apoderado— eran auténticos.
La periodista Ana Lilia Pérez destapó estas corruptelas en la revista Contralínea y que después en investigaciones posteriores reuniría en el libro Camisas azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos (Grijalbo, 2010).
En el libro aparecen nombres como César Nava, Juan Camilo Mouriño, Marta Sahagún y sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca, Juan Bueno Tenorio, Jorge Nordhausen, Eduardo Romero, Rosendo Villarreal, Jesús Reyes Heroles, Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo, Carlos Morales Gil, Rafael Bererido Lomelín, Néstor García Reza, Guillermo González Calderoni, entre otros. A UN AÑO DE SU PUBLICACIÓN NADA SE HA DESMENTIDO.
Ana Lilia Pérez, quien ha sido hostigada desde el poder por ventilar el nepotismo, licitaciones amañadas, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos, reveló que en los periodos en que Juan Camilo Mouriño presidió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y fue subsecretario de Energía, la empresa IVANCAR, de la cual era accionista, recibió de Pemex adjudicaciones directas por casi 100 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos.
“Ubiquemos la última década —dice la reportera— porque sí hay un antes y un después del gobierno del PRI al PAN en Pemex. Dentro de ese nivel negativo de corrupción en que se ubica a México, lo que ocurre en la paraestatal es uno de los focos primerizos de atención. Somos un país petrolizado y a partir de ese panorama debemos identificar lo que significa que exista corrupción en la paraestatal.”
¿Qué ha pasado en esta década en Pemex? No sólo hemos visto que la corrupción en Pemex ha sido rampante, usando los términos de Calderón, sino ahora está acompañada de políticas claras tendientes a su privatización. Vemos que los contratos-asociaciones que se anuncian como consorcios privados no son más que visos de esta privatización que se está dando a pasos agigantados de manera oportunista cuando la atención pública está centrada en la inseguridad.
