DISICENCIAS

Este lunes despertó el país con la confirmación de la creación de una nueva Comisión de la Verdad con la que se reabrirá el expediente por los asesinatos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, esta vez será coordinada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernaciòn (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, a quien se le ha confiado la tarea de domar al tigre en la peligrosa zona de Guerrero.   
 La noticia que fue dada esta mañana en lo que fue la primera rueda de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cumplió el compromiso hecho durante la Toma de Protesta el pasado sábado 1 de diciembre, cuando en respuesta a un grupo de legisladores que lo interrupieron, prometió seguir con las investigaciones.
      Al firmarse la mañana de ayer el Decreto Presidencial que reabre el expediente criminal por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, del poblado Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, las fuerzas armadas del país podrán ser llamados a declarar en aras de esclarecer el multihomicidio ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
     La puerta que se abre a las investigaciones, mantiene abierta la convocatoria que hizo a cadetes, soldados y oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) para sumarse a las tareas de la Guardia Nacional (GN), y tiene implícito el reconocimiento de las fuerzas armadas en la atención y el combate a delitos de alto impacto, así como el respaldo que tienen de la gente en tareas de apoyo y atención de desastres.
     Es decir, que por un lado el titular de la Sedena, Gral. Luis Crecencio Sandoval, tendrá que colaborar facilitando las investigaciones, y por el otro, apoyando las tareas de integración de la Guardia Nacional, a formarse a mediano plazo como el órgano interno encargado garantizar la seguridad física de la población mexicana.
 
Ayotzinapa, un crimen de Estado
El caso en el que señala como autores materiales a la policía municipal de Iguala, y como el autor intelectual al alcalde de ese municipio José Luis Abarca; donde voces como la del ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Alvarez Icaza, padres de familia e intelectuales consideran que fue un crimen de Estado, en las que intervinieron fuerzas municipales, estatales y federales. Situación que seguramente valorará y mantendrá con un buen grado de dificultad al organismo coordinado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez.   
 
Sin trabas y protección
a testigos
El presidente prometió que no habrá obstáculos para conocer todo lo que sucedió, porque la comisión tendrá amplias facultades y precisó que es muy importante garantizar la protección a los testigos, porque hacer justicia no debilita a las instituciones, sino las fortalece.
     Manifesto a los medios que el decreto ordena a todo el gobierno a prestar el apoyo a la comisión que se va a integrar para llegar a la verdad, y les aseguró a los familiares, que no habrá impunidad en este caso triste y doloroso.