Disidencias

“Estamos convencidos que este tipo de iniciativas abona a la decisión política de iniciar una transformación del país en temas fundamentales que interesan a la Nación”.
 
    Párrafo con el que inició este jueves el Senador Javier May Rodríguez, ante el Pleno de la Cámara Alta, la lectura de la Iniciativa de Reforma al Artículo 19 Constitucional que eleva al rango de “graves” los siguientes cuatro delitos: 1.- Corrupción de funcionarios públicos. 2.- Alterar el orden y la legalidad de procesos electorales. 3.- Robo de hidrocarburo. 4.- Uso y tráfico de armas de fuego y explosivos.
    Reconociendo la distinción de sus compañeros de la Fracción Parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Senador tabasqueño, expuso en tribuna que la Iniciativa busca Reformar el artículo 19 Constitucional, y ajustar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que restablezca la medida cautelar de prisión preventiva para quienes cometan cualquiera de los cuatro ilícitos. Que evidentemente implica modificar la disposición del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) que tiene la cualidad de llevar los procesos en libertad.
    Sin embargo, plantea restituir la medida cautelar de prisión preventiva para servidores públicos contra los que se tengan evidencias y se ofrezcan pruebas que los impliquen en actos de corrupciòn grave. En materia electoral se propone endurecer la penalidad contra actos ilegales ocurridos durante los procesos electorales. Evidentemente, la reforma incluye el endurecimiento de las penas contra el robo de combustibles, sobre todo por la espiral violenta de crímenes que genera.
    “Por ello, a partir del espíritu de la reforma constitucional en materia penal de 2008, que estableció la obligación de dictar la prisión preventiva oficiosa con respecto a delitos de fuerte impacto, se propone incluir entre éstos ciertos ilícitos penales previstos en la Ley federal para Prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con independencia de los que ya prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”, subrayó el legislador.
    La misma medida se considera para la portación de armas de uso exclusivo del ejército, donde el NSJP, flexibilizó el marco jurídico, e incluso, actualmente permite que las personas detenidas por portar armas sigan sus procresos en libertad.
    Iniciativa que llega como la segunda propuesta de Reforma Constitucional establecida en los “50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana” por el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, el pasado 16 de julio de 2018.
    Pero también como respuesta a la reiterada demanda ciudadana harta de la evidente impunidad contra actos de corrupción de los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, e incluye los delitos electorales, como dos fallas principales de un Estado mexicano que durante muchos años no ha querido o no ha podido enfrentar y resolver; cuyos costos son altísimos en materia política, legal, económica, e incluso cultural, en detrimento del pueblo de México.