Disidencias

Hace algunos años atrás, un dirigente panista afirmó que cancelar las deudas de la resistencia civil de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendría un efecto saludable para las finanza de la institución, pero representaría la victoria política total de en aquel entonces, el político de izquierda y hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

    Afirmaba que alargar la resistencia civil significaba mantener el problema y perder la oportunidad de comenzar a establecer nuevas tarifas. Es decir, que desde el momento de desactivar el problema, la paraestatal (hoy mal llamada Empresa Productiva del Estado) recuperaría su vitalidad e inmediatamente se iniciaría con los plenas de modernización de infraestructura y tecnologías, reestructuración financiera y nuevas tarifas.
    ¿Entonces porque no se procede?. La respuesta puede estar en los operadores estatales bajo las órdenes del director general Manuel Bartlet Díaz. Aunque la respuesta que luce sencilla desde el punto de vista técnico, tiene connotaciones políticas que hacen compleja y dificultan su solución. Sobre todo, cuando el gobierno informa que las decisiones políticas aplicadas durante los tres sexenios que lo anteceden, se promovió desde el Congreso un entramado constitucional que permitió parcialmente privatizar la CFE, con todo tipo de ventajas y dividendos a favor de tres grupos de empresarios. Dos de ellos de capital privado mexicano y uno canadiense.          
    Descubrimiento que ha llevado a que el mismo Manuel Bartlet se empeñe en desenredar los complejos arreglos ilegales que desde Los Pinos se fueron tejiendo para prácticamente desmantelar la infraestructura y arreglárselas para convertir a la industria en fuente alimentadora de empresas creadas paralelamente para extraer energía (usando la misma infraestructura pública propiedad del pueblo de México), para que mediante un mecanismo deliberado y totalmente prohibido por la Ley, éstas mismas empresas le pusieran precio y la regresaran a los consumidores.
    Una especie de bursatilización de la industria eléctrica sin pasar por las BOLSAS, ni invertir como empresas capital de riesgo. Donde todo era seguro dada la condición de usufructuar los bienes públicos con fines privados. Explicándose de esta manera que como producto final, los “inversionistas” obtendrían mucha plata, y la paulatina desincorporación de la industria de la propiedad del Estado. En este momento, el problema financiero es el principal asunto a resolver, el asunto de las tarifas viene después. Un problema, o mejor dicho que los problemas del gobierno actual en Tabasco y el gobierno federal, son las limitantes que tienen para explicar con claridad y de forma convincente las formas y los contenidos de las decisiones y de sus consecuencias positivas en la economía y la sociedad en general. Quedarse callado o no responder a tiempo, provoca mal entendidos que se convierten en dinamita pura para sus adversarios partidistas y para los conservadores que están muy molestos no sólo porque se les demostró que efectivamente son la mafia del poder, sino que en cada golpe que reciben se desmorona su imperio de corrupción maldad y crimen que lo sustenta.