El general en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez acusó que el Ejército Mexicano dio un “golpe de Estado” al permitir y respaldar la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República
VILLAHERMOSA, TABASCO. 11 DE OCTUBRE DE 2010. El general en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez acusó que el Ejército Mexicano dio un “golpe de Estado” al permitir y respaldar la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República, tras la cuestionada elección del 2006.
“Qué hubiera sucedido si el Ejército no da un golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, para imponer a Calderón en el poder; se hubieran abierto las urnas, y actualmente, sin decir nombres, tuviéramos un presidente legitimo en México”, dijo.
Más adelante, Gallardo Rodríguez agregó: “El Ejercito dio un golpe de Estado apoyado en el Estado Mayor Presidencial. Lo vimos todos. Si no interviene el Ejercito (Felipe) Calderón no toma posesión, así de fácil, y entonces el tema se resuelve en el área civil y en el área política”.
Manifestó que uno de los problemas del país es la ilegitimidad del actual gobierno, al señalar que el Ejercito se debió haber mantenido al margen de esa situación, y permitir el debate en los ámbitos político y civil.
Aseguró que la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública obedecen a una estrategia del Ejercito de los Estados Unidos, que busca debilitarlas para infiltrarlas y así controlar los recursos energéticos del país.
Con la Iniciativa Mérida, que implica apoyo en equipo y tecnología militar del gobierno estadounidense al Ejercito Mexicano, y la Alianza Estrategia para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPA), los mandos castrenses de esa país controlan a sus pares mexicanos, anotó.
Es parte, dijo, de los afanes de Estados Unidos de extender sus dominios en base a un aparato bélico-industrial que necesita de recursos energéticos para funcionar, y aquí están los del Golfo de México.
Criticó que el Ejercito esté en las calles, con un resultado de 30 mil ejecuciones extrajudiciales en lo que va del sexenio, porque los mexicanos estamos hasta el copete de tanta sangre, y reiteró que esa participación castrense en funciones de seguridad pública es ilegal y violatoria de la Constitución.
Puntualizó que las funciones de combatir al crimen organizado corresponden a la autoridad civil, por lo que se debe crear una policía nacional que respete los derechos humanos y se coordine con las estatales y la del Distrito Federal.
“Qué hubiera sucedido si el Ejército no da un golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, para imponer a Calderón en el poder; se hubieran abierto las urnas, y actualmente, sin decir nombres, tuviéramos un presidente legitimo en México”, dijo.
Más adelante, Gallardo Rodríguez agregó: “El Ejercito dio un golpe de Estado apoyado en el Estado Mayor Presidencial. Lo vimos todos. Si no interviene el Ejercito (Felipe) Calderón no toma posesión, así de fácil, y entonces el tema se resuelve en el área civil y en el área política”.
Manifestó que uno de los problemas del país es la ilegitimidad del actual gobierno, al señalar que el Ejercito se debió haber mantenido al margen de esa situación, y permitir el debate en los ámbitos político y civil.
Aseguró que la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública obedecen a una estrategia del Ejercito de los Estados Unidos, que busca debilitarlas para infiltrarlas y así controlar los recursos energéticos del país.
Con la Iniciativa Mérida, que implica apoyo en equipo y tecnología militar del gobierno estadounidense al Ejercito Mexicano, y la Alianza Estrategia para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPA), los mandos castrenses de esa país controlan a sus pares mexicanos, anotó.
Es parte, dijo, de los afanes de Estados Unidos de extender sus dominios en base a un aparato bélico-industrial que necesita de recursos energéticos para funcionar, y aquí están los del Golfo de México.
Criticó que el Ejercito esté en las calles, con un resultado de 30 mil ejecuciones extrajudiciales en lo que va del sexenio, porque los mexicanos estamos hasta el copete de tanta sangre, y reiteró que esa participación castrense en funciones de seguridad pública es ilegal y violatoria de la Constitución.
Puntualizó que las funciones de combatir al crimen organizado corresponden a la autoridad civil, por lo que se debe crear una policía nacional que respete los derechos humanos y se coordine con las estatales y la del Distrito Federal.
