La administración de Andrés Granier Melo gastó 12 millones 380 mil 700 pesos en trabajos de remodelación del Edificio Azul, ubicado en la esquina de la avenida Gregorio Méndez y la calle Venustiano Carranza
VILLAHERMOSA, TABASCO. 17 DE OCTUBRE DE 2010. En 2009, con las finanzas del estado en plena crisis, la administración de Andrés Granier Melo gastó 12 millones 380 mil 700 pesos en trabajos de remodelación del Edificio Azul, ubicado en la esquina de la avenida Gregorio Méndez y la calle Venustiano Carranza, a donde fue movida la sede de la Secretaría de Gobierno que encabeza Humberto Mayans Canabal. Destinar tal cantidad de recursos para ello resulta “exagerado”, denunció el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan José Martínez Pérez.
Con documentos en la mano, explicó que se trata de dos contratos que se entregaron de forma directa a las empresas Informatica y Redes Convergente S.A. de C.V./Jesús Manuel de la Vega Domínguez y a Distribuidora y Servicios de México S.A. de C.V.
El primero con número U0394, referente a las instalaciones especiales y de seguridad en base al suministro de materiales para el sistema de cableado estructurado, montajes de equipos de computo del Edificio Azul, fue por un monto de 9 millones 909 mil 856 pesos y entregado a Informatica y Redes Convergente S.A. de C.V./Jesús Manuel de la Vega Domínguez, y terminó siendo observado por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del Congreso del Estado en la revisión de la cuenta pública 2009 del Poder Ejecutivo.
La observación del OSF es porque “fue adjudicada de manera directa, violándose totalmente el marco legal, ya que el monto es de más de nueve millones y debió haberse realizado una licitación pública nacional, ya que el edificio había estado sin usarse siete años a partir del 2003, tiempo de su compraventa, el cual es suficiente para haberlo adecuado para otros usos”, dijo el perredista.
Manifestó que esta situación se puede constatar en el acta de adjudicación directa, fechada 8 de junio de 2009, y expedida por la directora general de Obras Públicas de SAOP, Alma Aurora Jiménez.
Sin embargo, añadió, “no se sanciona a ningún funcionario por esta irregularidad”.
Martínez Pérez abundó que otra irregularidad es el atraso en los tiempos de ejecución.
La obra estaba programada para iniciar el 7 de mayo de 2009, pero comenzó hasta el 1 de agosto de ese año.
“Presentó 86 días calendario de atraso de su fecha de inicio contratado con respecto a su fecha de inicio real, lo que refleja falta de seguimiento”, sostuvo.
La misma debió culminarse originalmente el 3 de octubre, pero se cambió el plazo hasta el 29 de ese mes.
Con todo esto, al encargado de la obra, el ingeniero Homan de la Cruz Jerónimo, sólo le hicieron una amonestación sin mayor trascendencia.
El segundo proyecto es el número U0394, por 2 millones 474 mil 372 pesos, se relaciona con los trabajos de carpintería, puertas y muebles, colocación de cancelería, desmantelamiento y demoliciones, construcción de muros y losas, pintura en muros y pladones, reubicación de luminarias, cableado eléctrico, techo de laminas, entre otros conceptos incluidos en la habilitación y adecuaciones generales del Edificio Azul, y fue entregado a Distribuidora y Servicios de México S.A. de C.V., propiedad de Sergio Manuel Orueta Higareda.
Los trabajos de este contrato debieron concluirse el 28 de septiembre de 2009, y acabaron un mes después.
La obra “presentó 30 días de atraso de su fecha de inicio sin que existiera aplicación de multa ni sanción al servidor público”. Además, “debió hacerse con el anterior proyecto y no fraccionarla, ya que se violentó el marco normativo”.
El hoy llamado Palacio Azul fue comprado por el empresario David Gustavo Gutiérrez Ruiz en ocho millones de pesos, y se lo vendió en 2003 al gobierno de Manuel Andrade Díaz en 30 millones de pesos, más 4 millones 152 mil 150 pesos por concepto de Impuesto Al Valor Agregado. Esta situación también fue observada por el OSF.
Andrade perdonó a Gutiérrez Ruiz después de que éste le había dicho “caballerango” de Roberto Madrazo en el 2000, y le dio a ganar 22 millones de pesos de un sólo golpe, puntualizó el perredista.
Con documentos en la mano, explicó que se trata de dos contratos que se entregaron de forma directa a las empresas Informatica y Redes Convergente S.A. de C.V./Jesús Manuel de la Vega Domínguez y a Distribuidora y Servicios de México S.A. de C.V.
El primero con número U0394, referente a las instalaciones especiales y de seguridad en base al suministro de materiales para el sistema de cableado estructurado, montajes de equipos de computo del Edificio Azul, fue por un monto de 9 millones 909 mil 856 pesos y entregado a Informatica y Redes Convergente S.A. de C.V./Jesús Manuel de la Vega Domínguez, y terminó siendo observado por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del Congreso del Estado en la revisión de la cuenta pública 2009 del Poder Ejecutivo.
La observación del OSF es porque “fue adjudicada de manera directa, violándose totalmente el marco legal, ya que el monto es de más de nueve millones y debió haberse realizado una licitación pública nacional, ya que el edificio había estado sin usarse siete años a partir del 2003, tiempo de su compraventa, el cual es suficiente para haberlo adecuado para otros usos”, dijo el perredista.
Manifestó que esta situación se puede constatar en el acta de adjudicación directa, fechada 8 de junio de 2009, y expedida por la directora general de Obras Públicas de SAOP, Alma Aurora Jiménez.
Sin embargo, añadió, “no se sanciona a ningún funcionario por esta irregularidad”.
Martínez Pérez abundó que otra irregularidad es el atraso en los tiempos de ejecución.
La obra estaba programada para iniciar el 7 de mayo de 2009, pero comenzó hasta el 1 de agosto de ese año.
“Presentó 86 días calendario de atraso de su fecha de inicio contratado con respecto a su fecha de inicio real, lo que refleja falta de seguimiento”, sostuvo.
La misma debió culminarse originalmente el 3 de octubre, pero se cambió el plazo hasta el 29 de ese mes.
Con todo esto, al encargado de la obra, el ingeniero Homan de la Cruz Jerónimo, sólo le hicieron una amonestación sin mayor trascendencia.
El segundo proyecto es el número U0394, por 2 millones 474 mil 372 pesos, se relaciona con los trabajos de carpintería, puertas y muebles, colocación de cancelería, desmantelamiento y demoliciones, construcción de muros y losas, pintura en muros y pladones, reubicación de luminarias, cableado eléctrico, techo de laminas, entre otros conceptos incluidos en la habilitación y adecuaciones generales del Edificio Azul, y fue entregado a Distribuidora y Servicios de México S.A. de C.V., propiedad de Sergio Manuel Orueta Higareda.
Los trabajos de este contrato debieron concluirse el 28 de septiembre de 2009, y acabaron un mes después.
La obra “presentó 30 días de atraso de su fecha de inicio sin que existiera aplicación de multa ni sanción al servidor público”. Además, “debió hacerse con el anterior proyecto y no fraccionarla, ya que se violentó el marco normativo”.
El hoy llamado Palacio Azul fue comprado por el empresario David Gustavo Gutiérrez Ruiz en ocho millones de pesos, y se lo vendió en 2003 al gobierno de Manuel Andrade Díaz en 30 millones de pesos, más 4 millones 152 mil 150 pesos por concepto de Impuesto Al Valor Agregado. Esta situación también fue observada por el OSF.
Andrade perdonó a Gutiérrez Ruiz después de que éste le había dicho “caballerango” de Roberto Madrazo en el 2000, y le dio a ganar 22 millones de pesos de un sólo golpe, puntualizó el perredista.
